Jul 11, 2025 | Trabajo legislativo
En un acto más de protocolo que de ejercicio real de fiscalización, el Congreso del Estado de Jalisco tomó protesta a David Rubén Ocampo Uribe como nuevo titular de la Unidad de Vigilancia, instancia encargada —en teoría— de supervisar el uso correcto de los recursos públicos dentro del Poder Legislativo. El cargo tendrá una duración de cuatro años sin posibilidad de reelección, pero su designación pasó sin mayor debate ni escrutinio público, lo que deja abierta la sospecha sobre el perfil, el proceso de selección y la verdadera autonomía de quien ahora vigilará al Congreso… desde dentro del mismo aparato.
La Unidad de Vigilancia, lejos de ser un contrapeso efectivo, ha operado históricamente como una oficina de trámite que pocas veces ha sido incómoda para los grupos mayoritarios en el Congreso. El nombramiento de Ocampo Uribe —realizado sin participación ciudadana, sin criterios de evaluación públicos ni mecanismos de seguimiento posteriores— perpetúa esta tendencia: simulación de fiscalización bajo una capa de legalidad procesal.
Así, el Congreso de Jalisco sigue privilegiando la estética institucional por encima de las transformaciones de fondo. Nombramientos sin contrapesos y planes sin dientes confirman lo que cada vez más ciudadanos perciben: una legislatura que actúa sin incomodar al poder, que legisla sin asumir los costos políticos del cambio, y que elige mantenerse cómoda en su papel de espectadora antes que convertirse en protagonista del verdadero ejercicio democrático.
Jul 11, 2025 | Trabajo legislativo
Con el discurso de erradicar la discriminación y salvaguardar a las víctimas de violencia, el Congreso de Jalisco aprobó este jueves reformas a la Constitución local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, las modificaciones aprobadas por la LXIV Legislatura no hacen más que reafirmar —sin corregir de raíz— las fallas estructurales que perpetúan la exclusión de las mujeres y la revictimización institucional.
Uno de los cambios destacados fue incluir el principio de paridad en los nombramientos del Poder Ejecutivo. Esto, en teoría, obliga al titular del gobierno estatal a considerar una integración equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos públicos. Pero en los hechos, se trata de una medida sin dientes: no establece mecanismos de verificación, sanción ni temporalidad. Es decir, el gobernador podrá seguir eligiendo a conveniencia, siempre que guarde una apariencia formal de paridad. Otra simulación institucional para cubrir cuotas sin transformar estructuras.
Por otro lado, las reformas a la ley de violencia de género incorporan una disposición que obliga a garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento cuando un agresor es retirado del domicilio por orden de protección. El problema es que esta medida, lejos de centrarse en el bienestar de la víctima, se enfoca en cuidar los derechos patrimoniales del agresor, asegurando que sus “obligaciones contractuales” sigan vigentes. La norma no asegura que las víctimas queden libres de cargas económicas, ni ofrece alternativas para acceder a una vivienda segura. ¿Qué pasa si la víctima es quien firmó el contrato y depende económicamente del agresor? ¿Quién garantiza entonces su seguridad habitacional?
Las reformas, aunque presentadas con bombo y platillo, eluden los debates incómodos: no se discute la inoperancia de las órdenes de protección, la falta de albergues, ni la impunidad que reina en los casos de violencia familiar. Tampoco se atiende la precariedad en la que muchas mujeres viven tras denunciar, ni se cuestiona el rol omiso —y muchas veces cómplice— de instituciones como la Fiscalía o el DIF.
Jalisco es uno de los estados con más altos índices de violencia de género, desapariciones y feminicidios. Frente a este escenario, las modificaciones legislativas aprobadas no son más que retoques cosméticos a un marco jurídico que sigue sin garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En lugar de reformas profundas y con perspectiva integral, se opta por enunciar principios sin traducirlos en políticas públicas tangibles, presupuestadas y supervisables.
Una vez más, el Congreso le apuesta a la retórica progresista, mientras deja intacto el fondo del problema. Cambiar la ley es fácil. Lo difícil —y lo que sigue sin hacerse— es cambiar el sistema.
Jun 12, 2025 | Noticias
Por Redacción
En rueda de prensa ofrecida este martes, la diputada local Brenda Carrera García denunció nuevamente ser víctima de violencia política por parte del coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa Figueroa, quien promovió su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. La legisladora señaló que este acto forma parte de una campaña sistemática impulsada desde la dirigencia estatal del partido y orquestada —según sus palabras— por el senador Carlos Lomelí Bolaños.
Carrera acusó directamente a Lomelí, a De la Rosa y a Érika Pérez García, presidenta estatal de Morena, de mantener una estrategia de violencia y control que vulnera la autonomía legislativa. “Carlos Lomelí debe sacar las manos del Congreso y del partido. No son sus empresas ni nosotros sus empleados. Deje de dar órdenes a Miguel de la Rosa y no abuse de un hombre que ya nos demostró su falta de carácter y capacidad”, declaró la diputada visiblemente molesta.
Carrera recordó que no es la primera vez que se intenta beneficiar a Barrera por orden del senador. En una ocasión anterior —dijo— presionó a legisladores para que la designaran presidenta de la Comisión de Vigilancia, la cual finalmente fue encabezada por el diputado Alberto Alfaro.
Aseguró que el argumento usado en su contra fue su voto en contra de la Ley de Infancias Trans, sin embargo, señaló que la actual presidenta del Congreso, Marta Arizmendi, también se abstuvo de votar y no fue sancionada. “Ese pretexto solo exhibe la doble moral con la que se toman las decisiones en la bancada de Morena”, sentenció.
Durante la sesión extraordinaria realizada este martes en el Pleno del Congreso, Carrera García subió a tribuna para denunciar los hechos. “Hoy vengo a alzar la voz para denunciar un atropello político, un acto de autoritarismo disfrazado de estrategia partidista, que atenta contra los principios democráticos que Morena dice defender”, declaró ante el Pleno.
Agregó que su remoción no se debió a incompetencia o falta de resultados, sino por negarse a obedecer instrucciones “ajenas a la voluntad popular”. De manera directa, le habló al senador Lomelí: “Seguiré de pie y luchando contra su descarada intromisión en este grupo parlamentario”.
Carrera puntualizó que la destitución no cumplió con los requisitos legales, pues la Ley Orgánica exige mayoría absoluta (20 votos) para retirar a una diputada de la presidencia de una comisión, y solo se obtuvieron 18. No obstante, la diputada Marta Arizmendi, en su calidad de presidenta del Congreso, validó la decisión, lo que a juicio de Carrera constituye una violación al marco normativo interno.
La legisladora exigió a la dirigencia nacional de Morena, encabezada por María Luisa Alcalde, que investigue el caso y frene lo que calificó como un patrón de violencia y represión interna. “La bancada de Morena en Jalisco ha sido vulnerada por la ambición de poder del senador Lomelí y por la sumisión del coordinador Miguel de la Rosa, quien ha renunciado a representar a sus compañeros para convertirse en ejecutor de una agenda personal”, aseveró.
Durante su intervención, también cuestionó el liderazgo político de Lomelí. “Parece que él coordina a los morenistas; con excepción de tres diputados, a los demás les truenan los dedos y se sientan. ¡Qué vergüenza! Que quien tiene tatuada en la frente la palabra derrota sea el que dé órdenes aquí. Ese que no pudo ni ganar Guadalajara”, fustigó.
También se refirió a Miguel de la Rosa como un “títere” del senador. “Se hace de la vista gorda con la violencia política que se ejerce en mi contra, me segrega, me niega información y cree que castigándome me va a doblegar. Váyanse acostumbrando: eso no va a pasar”, advirtió.
Finalmente, concluyó con un mensaje enérgico desde la tribuna: “No aceptaré jamás una lógica de castigos por disentir y premios por obedecer. No luchamos tantos años para replicar prácticas del viejo régimen. Y tú, Miguel de la Rosa, demuestras debilidad y sumisión. Se ve que te está quedando grande la yegua”.
Con este episodio, Morena en Jalisco vuelve a exhibir fracturas internas que evidencian tensiones entre legisladores locales y liderazgos nacionales y estatales del partido, en un contexto político donde las definiciones rumbo a 2027 empiezan a tomar forma.
