El Congreso de Jalisco, a propuesta de la diputada Verónica Jiménez Vázquez y en coordinación con el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presentó una iniciativa para castigar como fraude a quienes operen “escuelas” sin reconocimiento oficial. La medida llega tras detectar más de una decena de instituciones que vendían un servicio educativo inexistente y expedían documentos sin validez para revalidar estudios; niñas, niños y adolescentes se toparon con certificados inútiles al intentar avanzar de nivel.
En lo declarativo, el proyecto apunta en la dirección correcta: reforma al Código Penal del Estado, penas de prisión, multas y obligación expresa de informar por escrito a madres y padres si el plantel cuenta —o no— con RVOE. También se subraya que en Jalisco existen más de 2,800 escuelas privadas incorporadas, y se exhorta a verificar antes de inscribir.
La pregunta incómoda es otra: ¿dónde falló el Estado mientras estos negocios operaron a la vista de todos? Tipificar no sustituye la vigilancia previa ni la reparación del daño. Si hubo una “decena” de academias detectadas, entonces hubo omisión regulatoria; convertir la estafa en delito no corrige por sí mismo los vacíos de inspección, ni devuelve a las y los afectados los ciclos escolares perdidos.
Lo que sí resuelve… y lo que no
Sí: abre una ruta punitiva clara contra operadores que engañan a familias, y obliga a la transparencia documental de los centros privados.
No: no garantiza por sí misma revalidaciones exprés, becas de contingencia o acompañamiento jurídico para las víctimas. Tampoco blinda contra publicidad engañosa si no se coordinan educación, PROFECO y fiscalías.
Supervisión proactiva: inspecciones periódicas con criterios públicos (no solo por denuncia). ¿Habrá metas trimestrales y reportes abiertos?
Puerta de salida para víctimas: un mecanismo extraordinario de revalidación y bolsas de apoyo para quienes cursaron en planteles apócrifos; la sanción penal sin reparación es justicia a medias.
Corresponsabilidad: alcance para perseguir redes (propietarios, directivos, promotores que captan alumnado con promesas falsas) y no sólo al “representante” de turno.
El dato útil para familias
Verificar el RVOE debe ser paso uno. Si falta, el plantel no puede prometer validez oficial, títulos ni certificados revalidables.
Todo plantel privado serio entrega por escrito su estatus de incorporación y la clave del RVOE; si niega el documento, desconfíe.
Qué debería añadir el Congreso
Tipos penales claros para sancionar también la publicidad engañosa vinculada al servicio educativo.
Medidas cautelares: clausura inmediata y aseguramiento de expedientes para no revictimizar al alumnado.
Registro público en línea con buscador por nombre comercial y domicilio (evita que reaparezcan con otra razón social).
Obligación de avisos visibles en planteles en trámite de incorporación: sin letra chiquita.
Balance: la iniciativa es un paso firme en el discurso y una herramienta necesaria en lo penal. Pero si el Estado quiere “proteger el derecho a la educación y evitar abusos”, debe mirarse al espejo: fortalecer inspección, publicar auditorías y garantizar reparación a víctimas. De lo contrario, será otro anuncio que llega después del daño.
El Congreso del Estado de Jalisco presentó la iniciativa “Mi Primera Renta”, una propuesta impulsada por el diputado Omar Enríquez Cervantes Rivera que busca subsidiar hasta el 50 por ciento del costo mensual de vivienda para jóvenes durante sus primeros seis meses de independencia. El anuncio, hecho en rueda de prensa con el respaldo del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) y las direcciones municipales de Juventud de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, llega en un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las nuevas generaciones.
La propuesta plantea beneficiar a 8,000 jóvenes con un apoyo mensual de 2,500 pesos durante medio año, lo que representa un esfuerzo simbólico frente al aumento sostenido de los precios de renta en la zona metropolitana. El monto —equivalente al 25 por ciento del salario promedio juvenil— busca ser un incentivo para la autonomía económica, aunque no alcanza a cubrir las rentas promedio que en Guadalajara y Zapopan ya superan los 7,000 pesos mensuales en zonas modestas.
El diputado José Luis Tostado Bastidas calificó la iniciativa como “un paso firme hacia una política pública real”, y reconoció el liderazgo de Cervantes Rivera. Sin embargo, detrás del discurso optimista queda pendiente una pregunta clave: ¿de dónde saldrán los recursos para financiar el programa? Ninguno de los legisladores presentes detalló si el subsidio estaría contemplado en el presupuesto estatal de 2026 ni si se planea reformar el marco normativo de vivienda para garantizar su continuidad.
Durante su intervención, Omar Cervantes Rivera subrayó que el programa busca responder a la “creciente dificultad de acceder a una vivienda digna”. También anunció la creación de un padrón estatal de rentas, que serviría para regular y transparentar el mercado inmobiliario, aunque el mecanismo aún no tiene diseño normativo ni reglas de operación claras.
En el papel, la iniciativa podría sentar las bases de una nueva política habitacional enfocada en juventudes. En la práctica, el riesgo es que se convierta en un programa de relumbrón: sin fondo presupuestal, sin diagnóstico de demanda real y sin articulación con políticas de suelo, transporte o empleo que den coherencia al proyecto de independencia juvenil.
Las diputadas Monserrat Pérez Cisneros y Ana Fernanda Hernández SanMiguel coincidieron en que el programa responde a una necesidad urgente. Pérez apuntó que la falta de vivienda accesible está ligada al déficit de oferta y al encarecimiento del suelo urbano en el Área Metropolitana, mientras que Hernández subrayó el valor de “reducir desigualdades territoriales y sociales” a través del acceso a un techo digno.
No obstante, en el debate legislativo se espera que la viabilidad económica del proyecto sea el punto más cuestionado. En un contexto de restricciones presupuestales y alta demanda social, el Estado deberá definir si asumirá este subsidio como política permanente o si quedará en un experimento limitado a un ciclo fiscal.
El director general del IJALVI, Guillermo Medrano Barba, calificó la iniciativa como “inédita en el país” y reiteró el compromiso del Instituto para colaborar en las reglas de operación y en los censos de beneficiarios. Sin embargo, su discurso fue más institucional que operativo: no se mencionó ningún plan concreto de inversión o construcción habitacional, ni se explicó cómo el Instituto fortalecerá el patrimonio público para sostener el programa.
En suma, “Mi Primera Renta” tiene el potencial de abrir el debate sobre el derecho a la vivienda en Jalisco, pero por ahora se mantiene en el terreno de la intención política más que en el de la ejecución gubernamental. El entusiasmo mostrado por los representantes municipales y legislativos no oculta que el proyecto carece de un diagnóstico demográfico sólido y de un marco financiero estable.
Mientras no se traduzca en políticas estructurales de vivienda, este programa corre el riesgo de ser recordado más como un anuncio de coyuntura que como una verdadera solución al problema habitacional de las juventudes jaliscienses.
Con la intención de salvaguardar los derechos de las familias y otorgar mayor certeza jurídica a la ciudadanía, la diputada Brenda Guadalupe Carrera García presentó dos iniciativas de reforma en materia civil y penal que buscan atender problemáticas que, aunque en ocasiones permanecen ocultas, generan graves consecuencias en la vida social y familiar.
La primera iniciativa propone modificar el artículo 1394 bis del Código Civil del Estado de Jalisco, con el fin de establecer la nulidad de pleno derecho en los casos de reconocimiento de hijos obtenidos mediante engaño, es decir, cuando se atribuye falsa paternidad a una persona que no es el progenitor biológico.
De aprobarse, la reforma garantizaría el derecho a la identidad de niñas y niños, fortalecería la certeza jurídica en el Registro Civil y evitaría que hombres sean obligados injustamente a asumir responsabilidades legales que no les corresponden. Asimismo, contempla la posibilidad de exigir indemnización por daño moral a favor de la persona afectada.
En el ámbito penal, Carrera García propuso reformar el artículo 168 del Código Penal de Jalisco para tipificar y sancionar expresamente la fabricación de pruebas materiales falsas con el propósito de inculpar a otra persona en un delito. La legisladora señaló que esta conducta, actualmente no regulada de manera específica, vulnera la confianza en la justicia, provoca procesos injustos y pone en riesgo la libertad de personas inocentes.
“Estas reformas buscan fortalecer el marco jurídico estatal en beneficio de las y los jaliscienses, garantizando que la ley sea un instrumento de verdad y justicia, y no un espacio para el engaño o la simulación”, subrayó la legisladora.
Con la finalidad de frenar los despidos masivos en las dependencias gubernamentales, la diputada Brenda Guadalupe Carrera García presentó una iniciativa de reforma a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. En rueda de prensa, la legisladora informó que la propuesta busca modificar el artículo 143 de dicha ley, a fin de que los requerimientos de pago derivados de laudos laborales se dirijan directamente al ente público y no a una persona física.
“La estabilidad en el empleo es un derecho fundamental. México fue pionero a nivel mundial en el reconocimiento de los derechos laborales, y hoy es momento de hacer valer esa legalidad y justicia”, afirmó Carrera García.
Acompañaron a la diputada en la presentación José Luis Tello Ramírez, presidente de los Colegios de la Abogacía del Estado; Martha Castellanos Alvarado, secretaria anticorrupción; y Lidia Morales García, secretaria de Derecho Constitucional del mismo organismo. Las abogadas y el dirigente señalaron que es indispensable que las autoridades den cumplimiento a lo establecido en la normatividad laboral, para evitar el rezago y la dilación en el cumplimiento de los laudos.
Con esta reforma, la legisladora pretende que los entes públicos asuman su responsabilidad institucional como patrones, lo que, sostuvo, brindará mayor certeza jurídica a las y los trabajadores del sector público.
Este lunes 14 de julio, la diputada Itzul Barrera Rodríguez presentó una iniciativa legislativa para eliminar el actual sistema de verificación vehicular y sustituirlo por un nuevo modelo denominado Afinación Ciudadana Obligatoria, propuesta que pretende dar respuesta a las múltiples quejas ciudadanas sobre los altos costos, la falta de efectividad y la concesión del servicio a una empresa extranjera.
Durante el acto, realizado en el Patio Central del Congreso de Jalisco, Barrera estuvo acompañada por diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena y de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, así como por integrantes de colectivos ambientales, ciudadanos y compañeros del activista asesinado Alejandro Gobel, impulsor de la causa.
“La verificación vehicular ha sido un negocio más que una política ambiental. Hoy proponemos un modelo justo, eficaz y basado en la corresponsabilidad ciudadana”, afirmó la legisladora.
De la recaudación a la participación
La propuesta plantea reemplazar el esquema actual —operado por la empresa estadounidense Worldwide Environmental Products (WEP) mediante un contrato de más de 7 mil millones de pesos— por un sistema basado en afinaciones técnicas obligatorias, realizadas en talleres mecánicos certificados por el Estado.
El nuevo modelo contempla:
Eliminar cobros excesivos y discrecionales.
Incentivar la economía local mediante empleo en talleres autorizados.
Establecer auditorías, bitácoras y control estatal.
Reconocer la afinación como herramienta técnica real para reducir emisiones contaminantes.
Ofrecer incentivos por cumplimiento anticipado.
Revisar la legalidad y viabilidad del contrato con WEP.
La iniciativa recoge el trabajo ciudadano realizado durante años por Gobel y su asociación “Afinación sí, Verificación no”, y representa una alternativa que —según Barrera— emana directamente del pueblo.
Un homenaje convertido en iniciativa
En su intervención, la legisladora dedicó la propuesta a Alejandro Gobel, activista ambiental asesinado por su labor de denuncia y organización social contra el actual modelo de verificación:
“Hoy esta causa llega al Congreso, y con ella, también la memoria de Alejandro. Su lucha no fue en vano”, expresó visiblemente conmovida.
Respaldo legislativo y exigencia ciudadana
Durante la presentación, varios legisladores manifestaron su respaldo. Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador de Morena en el Congreso, afirmó que es momento de responder al reclamo popular con una propuesta viable y ética. “No se trata solo de política, se trata de justicia social y ambiental”, dijo.
Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Hagamos, subrayó que el medio ambiente no debe ser una concesión ni un negocio: “El actual sistema criminaliza la pobreza. Esta propuesta plantea soluciones técnicas sin excluir a quienes menos tienen”, puntualizó.
Tonantzin Cárdenas, presidenta del grupo parlamentario de Futuro, se sumó al respaldo destacando el trabajo de los colectivos ciudadanos. “No hay política ambiental válida si no pone al pueblo en el centro”, declaró.
Reivindicación colectiva
Representantes de organizaciones ciudadanas y ambientalistas señalaron que la iniciativa presentada por Gobel en la legislatura anterior, respaldada por más de 6 mil firmas, fue ignorada. Ahora, con este nuevo impulso, esperan que el Congreso escuche.
“No pedimos favores. Exigimos políticas públicas que no se usen para recaudar, sino para sanar el aire que respiramos”, denunciaron.
Una nueva etapa para la política ambiental
La propuesta de Afinación Ciudadana Obligatoria será turnada a comisiones para su análisis, pero ya logró abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el derecho a un medio ambiente sano y el papel del Estado en su garantía.
“Sí se puede cuidar el medio ambiente sin castigar a los de abajo. Aquí estamos: con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, concluyó Barrera.
Con un llamado a la inclusión, el respeto y la justicia, la diputada local Itzul Barrera presentó este martes, en el Patio Central del Congreso del Estado, una ambiciosa iniciativa de Ley Integral para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Jalisco.
“Esta ley no inventa derechos, los reconoce. Y al hacerlo, Jalisco se vuelve más justo, más plural, más humano”, declaró Barrera durante su posicionamiento, arropada por representantes de colectivos, activistas y defensoras de derechos humanos.
La propuesta busca establecer un marco jurídico transversal que obligue a todas las instituciones del Estado —desde los sectores de salud, educación, justicia y seguridad pública— a actuar con perspectiva de derechos humanos, diversidad sexual y no discriminación.
Uno de los puntos clave de la iniciativa es la creación de una Vicefiscalía especializada en delitos contra la diversidad sexual, con el objetivo de combatir la impunidad en crímenes de odio, brindar atención con enfoque diferencial y ofrecer acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
“Presentamos esta ley con un firme compromiso: que ser quien eres no sea un acto de valentía, sino un derecho garantizado por el Estado. Porque el amor, la identidad y la expresión no se castigan: se respetan, se protegen, se celebran”, afirmó la legisladora.
Barrera también reconoció el papel de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y personas de la diversidad sexual que han sostenido la lucha durante décadas para lograr un marco legal digno e incluyente.
“Esta iniciativa no es mía: es de todas, todos y todes quienes han alzado la voz. Es para ustedes y va con ustedes”, enfatizó.
Con esta propuesta, Jalisco se perfila no solo para alcanzar los estándares de Ciudad de México, sino para colocarse como un referente nacional en la legislación de derechos LGBTIQ+, marcando una ruta de avance en la protección legal y el respeto a la diversidad.
La presentación ocurre en un contexto de creciente exigencia social para que los congresos locales asuman un papel más activo frente a los crímenes de odio, la discriminación estructural y la exclusión histórica que enfrenta esta población.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis, donde se espera un amplio debate legislativo y la participación de la sociedad civil.
