Con el discurso de erradicar la discriminación y salvaguardar a las víctimas de violencia, el Congreso de Jalisco aprobó este jueves reformas a la Constitución local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, las modificaciones aprobadas por la LXIV Legislatura no hacen más que reafirmar —sin corregir de raíz— las fallas estructurales que perpetúan la exclusión de las mujeres y la revictimización institucional.
Uno de los cambios destacados fue incluir el principio de paridad en los nombramientos del Poder Ejecutivo. Esto, en teoría, obliga al titular del gobierno estatal a considerar una integración equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos públicos. Pero en los hechos, se trata de una medida sin dientes: no establece mecanismos de verificación, sanción ni temporalidad. Es decir, el gobernador podrá seguir eligiendo a conveniencia, siempre que guarde una apariencia formal de paridad. Otra simulación institucional para cubrir cuotas sin transformar estructuras.
Por otro lado, las reformas a la ley de violencia de género incorporan una disposición que obliga a garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento cuando un agresor es retirado del domicilio por orden de protección. El problema es que esta medida, lejos de centrarse en el bienestar de la víctima, se enfoca en cuidar los derechos patrimoniales del agresor, asegurando que sus “obligaciones contractuales” sigan vigentes. La norma no asegura que las víctimas queden libres de cargas económicas, ni ofrece alternativas para acceder a una vivienda segura. ¿Qué pasa si la víctima es quien firmó el contrato y depende económicamente del agresor? ¿Quién garantiza entonces su seguridad habitacional?
Las reformas, aunque presentadas con bombo y platillo, eluden los debates incómodos: no se discute la inoperancia de las órdenes de protección, la falta de albergues, ni la impunidad que reina en los casos de violencia familiar. Tampoco se atiende la precariedad en la que muchas mujeres viven tras denunciar, ni se cuestiona el rol omiso —y muchas veces cómplice— de instituciones como la Fiscalía o el DIF.
Jalisco es uno de los estados con más altos índices de violencia de género, desapariciones y feminicidios. Frente a este escenario, las modificaciones legislativas aprobadas no son más que retoques cosméticos a un marco jurídico que sigue sin garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En lugar de reformas profundas y con perspectiva integral, se opta por enunciar principios sin traducirlos en políticas públicas tangibles, presupuestadas y supervisables.
Una vez más, el Congreso le apuesta a la retórica progresista, mientras deja intacto el fondo del problema. Cambiar la ley es fácil. Lo difícil —y lo que sigue sin hacerse— es cambiar el sistema.
