En un acto más de protocolo que de ejercicio real de fiscalización, el Congreso del Estado de Jalisco tomó protesta a David Rubén Ocampo Uribe como nuevo titular de la Unidad de Vigilancia, instancia encargada —en teoría— de supervisar el uso correcto de los recursos públicos dentro del Poder Legislativo. El cargo tendrá una duración de cuatro años sin posibilidad de reelección, pero su designación pasó sin mayor debate ni escrutinio público, lo que deja abierta la sospecha sobre el perfil, el proceso de selección y la verdadera autonomía de quien ahora vigilará al Congreso… desde dentro del mismo aparato.
La Unidad de Vigilancia, lejos de ser un contrapeso efectivo, ha operado históricamente como una oficina de trámite que pocas veces ha sido incómoda para los grupos mayoritarios en el Congreso. El nombramiento de Ocampo Uribe —realizado sin participación ciudadana, sin criterios de evaluación públicos ni mecanismos de seguimiento posteriores— perpetúa esta tendencia: simulación de fiscalización bajo una capa de legalidad procesal.
Así, el Congreso de Jalisco sigue privilegiando la estética institucional por encima de las transformaciones de fondo. Nombramientos sin contrapesos y planes sin dientes confirman lo que cada vez más ciudadanos perciben: una legislatura que actúa sin incomodar al poder, que legisla sin asumir los costos políticos del cambio, y que elige mantenerse cómoda en su papel de espectadora antes que convertirse en protagonista del verdadero ejercicio democrático.
