May 11, 2026 | Trabajo legislativo
La crisis por el suministro de agua turbia en la Zona Metropolitana de Guadalajara escaló este lunes al terreno político y sanitario. La diputada local de Morena, Marta Arizmendi Fombona, urgió a declarar una alerta sanitaria ante las constantes quejas de miles de familias que denuncian recibir agua con mal olor, coloración oscura y en condiciones insalubres por parte del SIAPA.
Desde Guadalajara, la legisladora acusó que el problema dejó de ser una falla operativa para convertirse en un riesgo directo a la salud pública, al advertir posibles infecciones gastrointestinales, enfermedades cutáneas y afectaciones graves para sectores vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
“Esto ya es una alerta sanitaria”, sostuvo Arizmendi, quien criticó que las autoridades “actúan como si no pasara nada”, pese al creciente malestar ciudadano por la calidad del agua que llega a colonias de la metrópoli.
La diputada adelantó que presentará un exhorto para obligar al organismo operador a implementar medidas emergentes de apoyo social, entre ellas la entrega gratuita de pastillas de cloro para desinfectar tinacos y cisternas, filtros básicos para hogares afectados y el envío oportuno de pipas con agua potable.
Además, exigió transparencia total sobre las colonias impactadas y la publicación permanente de análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua distribuida, en medio de una crisis que ha golpeado la credibilidad del SIAPA y del gobierno estatal encabezado por Movimiento Ciudadano.
Arizmendi también arremetió contra la administración estatal al señalar que existen propuestas técnicas y académicas para resolver el deterioro del sistema hidráulico, pero acusó falta de voluntad política para atender el problema de fondo.
“Prefieren administrar la crisis que resolverla y cuidar su narrativa antes que atender al pueblo”, lanzó la legisladora morenista.
La diputada recordó además que su iniciativa denominada “Sin Agua Limpia No Hay Pago”, actualmente en análisis en la Comisión de Hacienda del Congreso local, plantea descuentos, compensaciones e incluso condonaciones a usuarios cuando el servicio no cumpla con estándares mínimos de calidad.
En un tono abiertamente político, emplazó a las y los diputados de Movimiento Ciudadano a definir si respaldarán nuevamente al SIAPA o a las familias afectadas por la mala calidad del agua.
Mientras tanto, la problemática del agua turbia continúa acumulando reportes ciudadanos en distintos municipios metropolitanos, evidenciando una crisis de infraestructura y confianza institucional que el SIAPA no ha logrado contener.
En otro tema, la legisladora informó sobre una mesa de trabajo con especialistas, organismos internacionales y organizaciones civiles para fortalecer su iniciativa contra el turismo sexual infantil en Jalisco. Señaló que el objetivo es construir una legislación más sólida para prevenir y erradicar este delito en la entidad.
Ene 29, 2026 | Trabajo legislativo
Por tercera ocasión, el pleno del Congreso de Jalisco resolvió no acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena restituir en la Ley del Registro Civil del Estado el derecho de las infancias trans al reconocimiento de su identidad de género.
La negativa del Legislativo local se produjo tras votaciones previas realizadas en octubre de 2024 y marzo de 2025. En la sesión más reciente, el dictamen fue rechazado con 22 votos en contra de legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Partido Verde; 11 votos a favor de Morena, Hagamos y Futuro, y una abstención de la diputada Yussara Canales, del Partido Verde.
Durante la discusión, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, advirtió que la decisión del Congreso contraviene una resolución judicial firme y vulnera derechos humanos fundamentales de niñas, niños y adolescentes trans.
“El máximo tribunal fue claro al señalar que negar el reconocimiento a la identidad de género autopercibida en el acta de nacimiento constituye una violación a los derechos humanos. No contar con un acta acorde a la identidad dificulta el acceso efectivo a derechos básicos. Este Congreso tiene la obligación constitucional de acatar una acción de inconstitucionalidad”, sostuvo.
En contraste, la diputada de Movimiento Ciudadano, Celenia Contreras, defendió la postura de su bancada al afirmar que el Congreso puede tomar sus propias decisiones aun frente a resoluciones de la SCJN. Argumentó, además, que las personas menores de edad no cuentan con el desarrollo cognitivo suficiente para decidir un cambio de identidad de género.
“Buscar dotar de un derecho a menores de edad que aún no cuentan con un desarrollo cognitivo suficiente es adelantar casi de forma obligada su proceso de madurez”, expresó.
El origen de esta controversia se remonta a abril de 2022, cuando el Congreso de Jalisco eliminó la reforma que permitía la modificación del acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida, al establecer como requisito ser mayor de edad. Posteriormente, el 15 de junio de 2023, la SCJN declaró inconstitucional dicha disposición y ordenó al Poder Legislativo estatal reintegrar ese derecho en la ley.
A casi dos años de la sentencia, el Congreso de Jalisco mantiene su negativa a cumplir el mandato del máximo tribunal del país.
Ene 28, 2026 | Trabajo legislativo
Este mediodía, las comisiones legislativas de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, así como de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron el dictamen de la iniciativa de la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven con Espectro Autista del Estado de Jalisco, un nuevo marco normativo orientado a garantizar el ejercicio pleno de derechos y fortalecer la atención integral para este sector de la población.
El dictamen, que será presentado al Pleno del Congreso, contempla herramientas clave como la creación de un Registro Estatal de Personas con Espectro Autista y la consolidación de una Red Estatal de Centros, con el objetivo de asegurar atención pública, integral y de primer nivel en las distintas regiones del estado.
La propuesta es resultado de un proceso de análisis y dictaminación que incorporó aportaciones de mesas de trabajo y ejercicios de escucha en los que participaron cerca de un centenar de personas, entre familias, personas cuidadoras, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de construir una ley alineada a las necesidades reales de quienes viven con esta condición en Jalisco.
Durante la sesión, la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones e impulsora de la iniciativa, explicó que la nueva ley responde a una demanda histórica de las familias y de la sociedad civil organizada. Subrayó que su construcción se sustentó en un ejercicio de parlamento abierto que permitió incorporar la experiencia directa de quienes enfrentan esta realidad de manera cotidiana.
La legisladora advirtió sobre la magnitud del reto que enfrenta la entidad, al señalar que existe un registro inicial de al menos 83 mil familias que viven con esta condición, y destacó que una de las principales barreras es el acceso al diagnóstico, cuyos costos representan una carga económica que limita la atención oportuna.
Magaña enfatizó que el dictamen implica un cambio de enfoque sustantivo al dejar atrás la visión del autismo como una enfermedad y reconocerlo como una condición del neurodesarrollo, lo que obliga al Estado a diseñar políticas públicas transversales que garanticen la inclusión y el respeto a los derechos de las personas en el espectro. Detalló que la ley se integra por siete títulos y 54 artículos, con capítulos específicos en salud, educación, inclusión laboral, cultura, acceso a la justicia y apoyos sociales, que permiten una atención integral a lo largo de todas las etapas de la vida.
Por su parte, la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, destacó que el dictamen aprobado incorpora mecanismos que dan viabilidad a la implementación de la ley, al establecer instrumentos como la Red Estatal de Centros Regionales y recursos para atención especializada, sentando las bases para una aplicación progresiva y sostenida.
La legisladora señaló que este marco jurídico tiene un enfoque de derechos, de no discriminación y de autonomía para las personas con neurodivergencias, y que garantiza un acompañamiento especializado en ámbitos como salud, educación, transporte y acceso a la justicia. Uno de los pilares del dictamen, añadió, es la expansión de la infraestructura fuera de la zona metropolitana.
Cárdenas aseguró que la ley contará con recursos para su ejecución, al precisar que ya existe un presupuesto base para la conclusión del centro en Lagos de Moreno, así como proyecciones para nuevos centros regionales. Subrayó también la relevancia del Registro Estatal como herramienta para una planeación presupuestaria eficiente, basada en datos reales y no en estimaciones.
Finalmente, destacó que la ley pone especial énfasis en eliminar las barreras que impiden el desarrollo pleno desde la infancia hasta la vida adulta, incluyendo la figura de monitores en escuelas y programas de inclusión laboral.
A la sesión asistieron 11 diputadas y diputados de las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, Futuro, PAN y PRI, además de activistas, asociaciones civiles, familias y personas que viven con espectro autista.
Con la aprobación del dictamen en comisiones, la iniciativa continuará su proceso legislativo para ser turnada al Pleno del Congreso del Estado, donde se dará lectura y se someterá a discusión para su eventual votación.
Nov 18, 2025 | Trabajo legislativo
Movimiento Ciudadano vuelve a colocar un rostro indígena en el centro de la escena política jalisciense. Años después de haber explotado la imagen del niño wixárika Yuawi López en la campaña del “Movimiento Naranja”, ahora presume la llegada del primer diputado de cuota indígena al Congreso de Jalisco. Pero, otra vez, la inclusión viene con letra chiquita.
El 13 de noviembre de 2025, Emilio Laurencio Hernández Bautista rindió protesta como diputado local, integrándose a la fracción de MC y convirtiéndose en el primer legislador que ocupa una curul mediante las cuotas de representación para pueblos originarios. Es wixárika, originario de la región Norte de Jalisco (Mezquitic y Bolaños), con trayectoria en cargos tradicionales y asesoría legal en temas agrarios y de protección de lugares sagrados para su comunidad.
Sin embargo, su encargo está diseñado para ser breve: llega en calidad de suplente tras la licencia temporal de la diputada Alejandra Margarita Giadans Valenzuela, quien ya tiene fecha de regreso programada para el 27 de noviembre. Es decir, la histórica representación indígena se limita a unas semanas de estancia en el Congreso.
Antes de asumir la curul, Hernández Bautista se desempeñaba como coordinador especializado “H” en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), es decir, personal de confianza del gobierno estatal. Su perfil combina trabajo comunitario y pertenencia al aparato institucional, en un contexto donde MC administra con precisión los tiempos y alcances de la presencia indígena en espacios de decisión.
En su primera intervención en tribuna, el legislador subrayó el sentido de su nombramiento: durante su estancia, dijo, buscará incidir en temas de salud, infraestructura y servicios para los pueblos originarios, pero también para el conjunto de Jalisco. El problema es que el margen de tiempo para hacerlo es mínimo.
Así, mientras el partido naranja se cuelga la medalla de “primer diputado indígena”, la forma en que se concreta esa representación se parece demasiado a la lógica que hizo famoso a Yuawi: la comunidad wixárika vuelve a estar en el reflector, pero el poder real sigue siendo temporal, acotado y administrado desde la cúpula.
Nov 17, 2025 | Trabajo legislativo
El Congreso de Jalisco abrió formalmente los procesos para renovar dos de los órganos ciudadanos clave en la defensa de los derechos humanos y la prevención de la discriminación en el estado. Durante una sesión telemática presidida por el diputado José Aurelio Fonseca Olivares, titular de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, se aprobaron por unanimidad las convocatorias dirigidas a integrar nuevos consejos ciudadanos para ambos organismos.
La primera convocatoria está orientada a elegir dos consejeras y dos consejeros propietarios, así como tres suplentes por cada género, quienes formarán parte del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por un periodo de cinco años. Las personas interesadas deberán entregar un sobre cerrado con la documentación original y una USB con los mismos archivos, que serán digitalizados y enviados a los grupos parlamentarios.
La recepción de documentos se llevará a cabo en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado los días 12, 13 y 14 de enero de 2026, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
La segunda convocatoria corresponde a la integración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, para el cual se elegirán dos consejeras y dos consejeros propietarios, además de dos suplentes por cada género, quienes ejercerán funciones durante cuatro años. En este caso, se convoca especialmente a organismos sociales y grupos de la sociedad civil organizada a presentar propuestas que cumplan con los requisitos de elegibilidad. La documentación será recibida en la misma Oficialía de Partes los días 8 y 9 de enero de 2026, también de 9:00 a 14:00 horas.
De acuerdo con la Comisión, estos procesos fortalecen la participación ciudadana y buscan asegurar la llegada de perfiles capacitados, independientes y comprometidos a órganos esenciales para la protección de los derechos humanos y la promoción de la igualdad en Jalisco.
Oct 23, 2025 | Trabajo legislativo
El diputado Omar Cervantes Rivera presentó “Jale Seguro”, una iniciativa para combatir la informalidad y “dignificar” artes y oficios mediante un marco legal, un registro estatal de talento y empleadores, capacitación certificada, “movilidad laboral justa” y apoyos temporales pagados por el Estado. La propuesta plantea 200 millones de pesos para capacitar a 8 mil personas, con un apoyo de $4,000 mensuales durante cuatro meses y certificación del IDEFT al concluir.
El discurso avanza sobre un diagnóstico real —vacantes sin cubrir por falta de habilidades y alta rotación—, pero deja preguntas clave sin despejar.
La promesa
Registro estatal de trabajadores y empleadores aliados.
Programas de capacitación con certificación del IDEFT.
Reformas legales para facilitar el tránsito a la formalidad.
Apoyo económico temporal ($16 mil por beneficiario en 4 meses) para evitar pérdida de ingresos mientras se capacitan.
Las grietas del planteamiento
Cuentas alegres y reglas difusas
Con 8 mil beneficiarios, el apoyo directo suma $128 mdp; quedan $72 mdp para capacitación, operación, evaluación y seguimiento. ¿Alcanza para un programa serio de formación por oficios, con instructores, materiales, certificación y vinculación real? No hay costeo por curso, duración por perfil, ni estándares de salida.
¿Puente a la formalidad o subsidio a la rotación?
Si el problema es la alta rotación, subsidiar cuatro meses sin compromisos de contratación, sueldos mínimos de enganche o estabilidad posterior puede terminar trasladando al erario el costo de inducción que hoy deberían asumir las empresas.
Sin metas verificables
Se alude a que Jalisco genera 40 mil empleos anuales y que el 20% (8 mil) queda vacante. Perfecto para la narrativa, pero la iniciativa no fija metas de colocación, plazos ni tasa objetivo de permanencia (p. ej., al menos 70% de las personas con IMSS activo a los 12 meses). Sin indicadores, no hay política pública: hay intención.
Riesgo de duplicidades
El IDEFT ya certifica competencias; el SNE y cámaras empresariales operan bolsas de trabajo y vinculación; la SEP/CONOCER tiene estándares. ¿“Jale Seguro” coordina, integra o duplica? Falta el mapa de programas para evitar islas presupuestales.
Derechos laborales ausentes
Se promete “formalidad”, pero no se exige registro ante SAT/IMSS/INFONAVIT, contratos escritos, salario digno ni seguridad social desde el día uno para empresas que reciban mano de obra capacitada con fondos públicos. Sin condicionalidades, el beneficio puede no traducirse en derechos.
Datos personales y padrón de empleadores
El registro estatal de talento implica datos sensibles (historial laboral, certificaciones, contacto). ¿Dónde está el análisis de impacto en privacidad y las medidas de seguridad? Respecto del padrón de empleadores “aliados”, ¿quién verifica que no haya outsourcing ilegal o simulación?
Lo que sí suma
Certificación de competencias por IDEFT: valioso si se alinea a perfiles con demanda comprobable (soldadura, electricidad industrial, mantenimiento, logística, construcción especializada, cuidados, tecnologías intermedias).
Movilidad laboral justa: si se traduce en bolsas de trabajo transparentes y vinculación sectorial con estándares salariales y de seguridad.
Lo que falta para tomarlo en serio
Cláusula de resultados: recursos condicionados a colocación formal (alta en IMSS y contrato), con bonos de desempeño para el capacitado y para la empresa que lo retenga al menos 12 meses.
Tablero público trimestral: cupo por oficio, costo por egresado, tasa de colocación, mediana salarial, permanencia a 6 y 12 meses, y rotación por sector y municipio.
Reglas de operación: criterios de selección, priorización territorial (zonas con alta informalidad), evitación de clientelismo, y mecanismo de quejas.
Condicionalidades a empleadores: adopción de contrato escrito, salario piso por oficio, equipo de protección, capacitación continua, y cero subcontratación simulada.
Armonización jurídica: ajustes en Ley de Fomento al Empleo, Ley de Educación, Ley de Protección de Datos, y coordinación con PROFEDET/PROFECO para sancionar prácticas abusivas en reclutamiento.
Voces y vitrinas
Empresarios y cámaras —CICEJ, FROC, colegios, universidades— aplaudieron la intención y la certificación laboral. Bienvenido el consenso. Pero el aplauso no puede sustituir a las reglas claras: si el Estado pone $200 millones, la contraparte privada debe poner plazas formales medibles.
Veredicto editorial: “Jale Seguro” acierta en el qué (capacitar y certificar para cubrir vacantes reales) pero cojea en el cómo (metas, condicionalidades, métricas y transparencia). Sin un candado de colocación formal, esto corre el riesgo de ser capacititis con subsidio: cursos, diplomas, boletines… y la informalidad intacta.
