Abr 27, 2026 | Noticias
En medio de cuestionamientos públicos por un presunto enriquecimiento ilícito, la diputada local Candelaria Ochoa Ávalos salió a fijar postura con un ejercicio que, si bien se presenta como rendición de cuentas, también exhibe grietas en los propios mecanismos de transparencia del estado.
Con documentos en mano, la legisladora aseguró que su patrimonio es resultado de 42 años de trabajo como asalariada y servidora pública, negando categóricamente cualquier irregularidad. Detalló que ha cumplido de manera constante con sus obligaciones fiscales y de transparencia ante el SAT y la Contraloría del Congreso de Jalisco.
En un intento por desactivar la polémica, Ochoa desglosó el origen de sus bienes: una primera propiedad adquirida en 1997 mediante crédito FOVISSSTE; una segunda en 2011 vía INFONAVIT; y una tercera vivienda que —precisó— no le pertenece, sino a su padre de 102 años, bajo su cuidado. Asimismo, informó que posee dos vehículos, uno destinado al traslado médico de su padre y otro para uso personal.
Sin embargo, el fondo del problema no radica únicamente en la narrativa de la diputada, sino en las inconsistencias que ella misma denunció en la plataforma estatal de transparencia. Según expuso, pese a haber solicitado la publicidad de su declaración patrimonial, los registros oficiales la mostraban con bienes en “cero”, lo que abre dudas sobre la confiabilidad del sistema y alimenta la desinformación.
“Soy una de las pocas legisladoras que ha pedido voluntariamente que su información esté disponible para consulta pública”, afirmó, al tiempo que subrayó que no cuenta con empresas ni declaración de intereses, pues —dijo— siempre ha vivido de su salario.
La controversia escaló al terreno mediático. Ochoa anunció que solicitó formalmente derecho de réplica a TV Azteca y Grupo Fórmula, a quienes acusa de difundir información distorsionada. El señalamiento no es menor: coloca en la mesa el delicado equilibrio entre la fiscalización periodística y la responsabilidad en el manejo de datos incompletos o erróneos.
Más allá de la defensa puntual, el caso deja al descubierto un problema estructural: la transparencia no solo depende de la voluntad del funcionario, sino de la integridad de las plataformas institucionales y de la calidad del escrutinio público. Cuando alguno de estos elementos falla, el resultado es un terreno fértil para la sospecha.
La diputada adelantó que el próximo 1 de mayo presentará su declaración patrimonial correspondiente a 2025, insistiendo en que lo hará bajo los mismos criterios de apertura que —asegura— ha mantenido desde 2012. Quedará por ver si ese ejercicio logra disipar las dudas o si, por el contrario, confirma que en materia de transparencia, la forma sigue siendo tan relevante como el fondo.
Ene 22, 2026 | Noticias
En rueda de prensa, la diputada del Congreso del Estado, Candelaria Ochoa Ávalos, presentó un enérgico posicionamiento contra las recientes intervenciones realizadas en el Centro Histórico de Guadalajara, al denunciar sobrecostos injustificados, falta de planeación técnica y opacidad administrativa tanto por parte del Gobierno del Estado como del Ayuntamiento tapatío.
La legisladora señaló que entre 2018 y 2026 se han anunciado inversiones que oscilan entre 400 y 450 millones de pesos para el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, advirtió que los recursos aparecen agrupados bajo conceptos genéricos, lo que impide conocer con precisión cuánto se ha gastado realmente por cada obra y por cada metro cuadrado intervenido.
El señalamiento más contundente se centró en la remodelación de la Plaza Liberación, cuyo costo reportado asciende a 200 millones de pesos. Ochoa Ávalos calificó el monto como desproporcionado al compararlo con obras de alta complejidad ejecutadas en el país.
Entre los ejemplos citados se encuentran el Hospital Regional de Lagos de Moreno, con un costo estimado de entre 360 y 460 millones de pesos, equipado con quirófanos y tecnología especializada; un edificio administrativo de seis niveles en Guanajuato, construido por 227 millones de pesos; y el Puente Matute Remus, obra de ingeniería avanzada con una inversión de entre 300 y 400 millones de pesos.
“Es un engaño estético y financiero. Una plaza pública, sin edificación nueva ni sistemas especializados, costó lo mismo que un hospital o un puente de ingeniería avanzada, y lo peor: se ve casi igual que antes”, sentenció la diputada.
Ochoa Ávalos también puso énfasis en el estacionamiento subterráneo Tres Poderes, obra que, de acuerdo con la documentación presentada, ha recibido recursos de manera constante desde 2022, acumulando una inversión que podría superar los 100 millones de pesos.
Pese a este gasto, el inmueble presenta filtraciones, humedad y deterioro prematuro, lo que, advirtió, podría evidenciar una posible doble contabilidad, al facturarse una misma obra como intervención urbana y como rehabilitación estructural, sin un desglose público claro ni fichas financieras detalladas.
Ante lo que calificó como irregularidades graves, la diputada anunció que desde la tribuna del Congreso de Jalisco exigirá formalmente:
La publicación del desglose completo del gasto, por obra y por año.
Transparencia total de contratos, estimaciones y convenios estatales y municipales.
La presentación del avalúo técnico que justifique el gasto de 200 millones de pesos en Plaza Liberación.
Una auditoría integral e inmediata al estacionamiento Tres Poderes.
Un informe sobre las garantías de obra, ante el deterioro ya visible.
“El dinero no es de los gobiernos, es de la gente. Venimos a exigir que el gasto público se ejerza con responsabilidad y evidencia técnica, no bajo decisiones sin sustento que solo alimentan la opacidad”, concluyó.
Dic 2, 2025 | Noticias
El Congreso de Jalisco volvió a colocar en agenda un tema que, aunque urgente, ha sido postergado una y otra vez: la protección real de la niñez. Esta vez, la voz provino de la diputada de Morena, Marta Arizmendi Fombona, quien presentó una iniciativa para incorporar la crianza positiva en la legislación estatal. La propuesta —acorde con la reforma federal publicada el 26 de marzo de 2024— pretende garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencia y en entornos afectivos y respetuosos.
Sin embargo, más allá del discurso bien intencionado, el anuncio dejó ver el profundo rezago institucional que enfrenta Jalisco en materia de protección infantil. La propia legisladora lamentó que solo 55 de los 125 municipios hayan instalado su SIPINNA municipal, pese al exhorto aprobado por el Congreso. Es decir: ni la mitad del estado cumple con lo mínimo indispensable para coordinar políticas de infancia.
Arizmendi habló de romper prácticas autoritarias normalizadas por décadas: gritos, golpes y castigos que dejaron marcas en generaciones enteras. Su énfasis fue claro: la crianza positiva no debe quedarse en la retórica. Pero mientras el estado reproduce cifras alarmantes de violencia familiar y abandono institucional, la discusión corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de voluntarismo legislativo más.
La diputada citó la definición de UNICEF: acompañamiento, guía, cuidado físico y emocional, y prohibición absoluta del castigo físico y tratos humillantes. Todo eso ya forma parte del vocabulario esperado. Lo que no termina de aparecer es la capacidad real del Estado —y de los municipios— para construir políticas públicas sostenidas, presupuestadas y medibles.
¿De qué sirve legislar si los municipios no cumplen lo básico?
Si Jalisco no armoniza su ley, será señalado por incumplimiento constitucional. Pero incluso si la reforma prospera, queda otra pregunta mayor: ¿cómo garantizar su aplicación en un escenario donde 70 ayuntamientos siguen sin activar sus sistemas de protección?
Los SIPINNA municipales no son un requisito administrativo más; son la estructura mínima para coordinar acciones de prevención, atención y seguimiento. Sin ellos, la “crianza positiva” corre el riesgo de vivir en el Código… pero no en las colonias, ni en los hogares, ni en las escuelas.
Arizmendi subrayó los beneficios comprobados de la crianza positiva: hogares menos violentos, mayor autoestima, niñas y niños más seguros, entornos más armónicos. Son argumentos sólidos. Pero la reforma enfrenta el mismo obstáculo que tantas iniciativas en Jalisco: la distancia entre la norma y la implementación.
Porque mientras la legisladora sostiene que “la crianza positiva transforma sociedades enteras”, la realidad es que el Estado apenas puede asegurar que sus municipios cumplan con el primer paso: instalar un órgano básico de coordinación.
El reto pendiente
La protección de la infancia no solo es responsabilidad del Estado, como recordó la diputada. También de las familias y de las comunidades. Pero los gobiernos municipales —el nivel más cercano a la niñez— siguen evadiendo su obligación elemental.
Si la iniciativa pretende ser más que una declaración simbólica, deberá venir acompañada de mecanismos de vigilancia, financiamiento, sanciones y seguimiento público. De lo contrario, quedará en lo que tantas veces hemos visto en el Congreso: una reforma que suena bien, pero que no cambia nada.
Por ahora, el mensaje es claro: la niñez jalisciense sigue esperando que los compromisos se vuelvan acciones. Y el reloj, como siempre, corre en su contra.
Nov 17, 2025 | Noticias
Durante la manifestación realizada el sábado pasado en las inmediaciones del Poder Legislativo, se registraron actos que derivaron en daños materiales en la fachada del Congreso del Estado y en diversas oficinas cercanas a la entrada principal.
De acuerdo con información oficial, las afectaciones incluyen averías en la estructura de la puerta principal, daños en la puerta y muro del museo legislativo, así como la quema de un escritorio y un sofá. También se reportaron vidrios rotos en ventanas del Palacio Legislativo ubicadas sobre la avenida Miguel Hidalgo y Costilla y daños en mobiliario de las salas J1 y J2. El lactario del Congreso resultó igualmente afectado.
Entre las oficinas dañadas se encuentra la de la diputada Alondra, donde el fuego ingresó por la ventana; además, se reportaron perjuicios en la oficina de asesores del Grupo Parlamentario de Morena.
Personal del área de Vigilancia y Custodia del Congreso, elementos de Protección Civil y Bomberos del Gobierno de Jalisco, así como agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, atendieron de inmediato la situación para controlar los incidentes y asegurar la zona.
El Congreso del Estado afirmó que mantiene un respeto pleno al derecho a la libre expresión y a la protesta social, a las que consideró pilares esenciales de la vida democrática. No obstante, informó que el área permanecerá bajo resguardo mientras se llevan a cabo las valoraciones técnicas necesarias para iniciar las reparaciones correspondientes.
Oct 20, 2025 | Noticias
Bajo la consigna de “seguir haciendo de este Congreso una casa abierta y de Jalisco un Estado más justo y humano”, la diputada Brenda Guadalupe Carrera García presentó su primer informe de actividades legislativas. El acto, cargado de mensajes políticos y gestos de unidad institucional, intentó equilibrar la narrativa de cercanía ciudadana con el tono partidista que marcó buena parte del encuentro.
El evento, realizado en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, abrió con un recordatorio sobre la prevención y el autocuidado. Sin embargo, más allá de la alusión simbólica, el mensaje de fondo giró en torno a la defensa de una agenda legislativa que, si bien toca temas sensibles y de actualidad, aún no muestra avances concretos en materia de aprobación o impacto social.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, José Guadalupe Buenrostro, fue el encargado de dar la bienvenida. Reconoció la labor de su compañera de bancada y destacó su compromiso por “legislar con sensibilidad, responsabilidad y sentido de justicia”. El elogio contrastó con las voces al interior del Congreso que señalan la falta de articulación del grupo verde en las discusiones más relevantes de la LXIII Legislatura, donde su papel ha sido más testimonial que determinante.
En su discurso, Carrera defendió su desempeño bajo tres ejes: valentía, transparencia y resultados. Enumeró iniciativas como el impulso a los derechos de la comunidad LGBTQ+, el aumento de sanciones por pornografía infantil generada con inteligencia artificial, la prohibición del uso de celulares en clases, y el castigo a quienes simulen paternidades falsas. También mencionó propuestas en justicia laboral, violencia familiar y política, y la apología del delito en eventos públicos.
Pese a la amplitud del listado, la legisladora no precisó cuántas de sus iniciativas han sido aprobadas ni qué efectos reales han tenido en la vida pública del Estado, un vacío que deja al discurso en el terreno de la promesa más que del resultado.
Carrera cerró su intervención con una frase que buscó proyectar convicción política: “El poder solo tiene sentido si se utiliza para transformar para bien la vida de las personas”. Reiteró además su intención de “impulsar los programas federales de la Presidenta de la República”, lo que colocó al informe en una línea de respaldo abierto al proyecto político nacional del oficialismo, aunque sin desprenderse del sello verdeecologista.
El acto protocolario contó con la presencia de diputados de distintas bancadas —Alberto Alfaro García, Sergio Martín Castellanos, Marco Tulio Moya Díaz y Alejandra Giadans Valenzuela—, además de Francisco Ramírez Salcido, en representación del gobernador Pablo Lemus; y la magistrada Wendy Alely García García, del Supremo Tribunal de Justicia. También asistieron alcaldes, regidores y representantes de colegios de abogados, en un gesto de pluralidad institucional que, sin embargo, se percibió más como cumplimiento de protocolo que como muestra de apoyo político genuino.
En suma, el primer informe de Brenda Carrera dejó un sabor mixto: por un lado, el intento de mantener presencia y discurso en un Congreso dominado por otras fuerzas; por el otro, la falta de resultados tangibles que den sustancia a su lema de “transformar para bien la vida de las personas”. En la política jalisciense, los informes suelen ser más vitrinas que auditorías, y este no fue la excepción.
Oct 7, 2025 | Noticias
Los líderes de siete de los ocho grupos parlamentarios del Congreso de Jalisco —con Movimiento Ciudadano aún ausente— sostendrán este martes la primera lectura para analizar la Reforma Judicial, un paso clave para que el estado deje de ser uno de los tres en el país que aún no han definido su modelo, informó el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla.
El legislador detalló que la iniciativa plantea un nuevo sistema para la elección y organización de magistradas y magistrados, así como la estructura del Tribunal y del Tribunal de Justicia Administrativa. El propósito, afirmó, es asegurar que los mejores perfiles accedan a los cargos mediante comités de evaluación integrados por representantes de los tres poderes del Estado.
“Solo en caso de empate por puntuación o por criterios de paridad de género se recurrirá al método de sorteo o *tómbola*; el resto del proceso será estrictamente por evaluación”, explicó Bravo Padilla.
El diputado lamentó la ausencia de Movimiento Ciudadano en el proceso. Dijo que su bancada ha solicitado en repetidas ocasiones la participación del partido naranja, pero su propuesta se ha pospuesto tres veces. “No podíamos seguir esperando porque Jalisco está en condición de pena nacional por ser uno de los tres estados que no ha avanzado en este tema”, declaró.
Aun así, precisó que las puertas continúan abiertas para que MC se sume a la discusión. “Ha faltado voluntad para coordinar el trabajo legislativo, pero seguimos apostando por el diálogo. Esta reforma busca renovar el Poder Judicial y responder a las personas que han sufrido por la falta de justicia”, concluyó.
Por su parte, la bancada de Morena confirmó que proyectan aprobar la reforma judicial sin el acompañamiento de Movimiento Ciudadano. En conferencia de prensa conjunta, legisladores del PRI, PAN, Morena, Hagamos, Futuro y PT destacaron que el dictamen fue avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso y será sometido a votación en el pleno tras dos lecturas, como marca la Constitución.
El dictamen propone que los aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial sean evaluados mediante exámenes de conocimiento. Aquellos con las mejores calificaciones podrán competir en la elección judicial de 2027.
El coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, aclaró que el proceso de insaculación se mantendrá únicamente como método de desempate. “La insaculación se queda como un mecanismo para resolver casos en que dos aspirantes tengan empate o en los que haya temas de paridad de género”, precisó.
Entre los cambios más relevantes, el dictamen establece que los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa serán elegidos por votación, aunque este modelo no aplicará al Instituto de Justicia Alternativa (IJA). También contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura del Estado, replicando la estructura federal.
Además, se plantea dividir el Poder Judicial en 20 distritos judiciales, tomando como referencia los distritos electorales.
Las fracciones parlamentarias coincidieron en que la propuesta representa un avance hacia un Poder Judicial más transparente y meritocrático. Sin embargo, la falta de consenso con Movimiento Ciudadano podría anticipar un debate intenso en el pleno durante las próximas semanas.
