La propuesta de la diputada Montserrat Pérez Cisneros para tipificar el trans feminicidio y los crímenes de odio como delitos autónomos con penas de hasta 50 años de prisión llega en un momento en que la violencia contra personas de la diversidad sexual sigue siendo una estadística incómoda y una realidad cotidiana.
En conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que la falta de figuras penales específicas no solo invisibiliza esta violencia, sino que entorpece la procuración de justicia, perpetuando la impunidad y la revictimización. La iniciativa incluye prisión preventiva oficiosa y reconoce como agravantes los delitos motivados por odio, la instigación al suicidio y la violencia sexual, entre otros.
La narrativa oficial la presenta como un avance jurídico y una “reparación histórica”, pero en la práctica, las leyes que se aprueban con discursos emotivos suelen naufragar en el océano de la ineficacia institucional. El acto simbólico de guardar un minuto de silencio por Katia Daniela Medina, activista asesinada, subraya la urgencia del problema, aunque no garantiza que, fuera de la sala de prensa, las autoridades actúen con la misma contundencia que en los micrófonos.
El evento, respaldado por legisladores, funcionarios y activistas, mostró unidad en el papel. El reto será que esta aparente voluntad política no se quede en promesas huecas ni en la larga lista de reformas que nunca se traducen en protección real para las víctimas.
Mientras los casos de VIH en Jalisco siguen en aumento y persisten los rezagos estructurales en la atención, el Congreso local organizó una mesa de trabajo titulada “Diálogos Diversos: Capítulo por una Vihda Digna”, un ejercicio que, aunque anunciado como parte del proceso para crear una Ley Estatal para la Prevención y Atención Integral del VIH y el SIDA, dejó más preguntas que certezas sobre el compromiso real del Estado.
La diputada Montserrat Pérez Cisneros encabezó la jornada con un discurso enfocado en “reivindicar derechos” y “dar continuidad a los grandes pendientes legislativos en materia de diversidad”. Sin embargo, durante el evento predominó el tono institucional y las promesas de siempre: capacitación, diagnóstico temprano, coordinación interinstitucional. Es decir, el mismo recetario que desde hace años se repite sin traducirse en políticas públicas efectivas.
El dato revelado por las autoridades de salud estatal —mil 121 nuevos casos registrados en 2024, en personas entre 15 y 49 años— evidencia que las estrategias actuales son, en el mejor de los casos, insuficientes. A pesar de ello, funcionarios como Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, y Margarita Mondragón, directora del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, se limitaron a enumerar acciones ya conocidas: talleres, actualizaciones y esquemas “en construcción”.
En contraste, los representantes de la sociedad civil expusieron una realidad mucho más cruda: diagnósticos tardíos, burocracia paralizante, falta de tratamientos y un sistema de salud que sigue excluyendo a poblaciones clave como las personas trans. Denunciaron también la inexistencia de programas de detección oportuna, la fragmentación institucional y la escasa voluntad para implementar políticas con enfoque de derechos humanos.
Los colectivos insistieron en que no basta con escuchar sus voces en una mesa de diálogo, si sus propuestas no se traducen en reformas legales vinculantes y presupuestos etiquetados. La crítica fue clara: mientras se llenan salones con autoridades y legisladores para hablar del VIH, en la práctica, el Estado continúa ausente en barrios, clínicas y zonas rurales donde el estigma y la falta de acceso a medicamentos aún determinan el curso de la enfermedad.
Entre las asistentes estuvieron las diputadas Valeria Ávila y Mariana Casillas, así como representantes municipales de Diversidad Sexual de Guadalajara, Zapopan, Jocotepec y Tala. También acudieron activistas como Víctor Dante Galicia, del Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos contra el SIDA, y Felipe Anzures, especialista en salud pública. Aun con su experiencia y diagnóstico puntual, lo cierto es que su presencia se sintió más como cuota de legitimación que como parte de un proceso realmente incluyente.
La diputada Pérez Cisneros cerró el encuentro con la promesa de “seguir trabajando”, pero no aclaró plazos, mecanismos ni alcances legislativos concretos. Así, la tan anunciada “vihda digna” parece seguir siendo, por ahora, un concepto aspiracional atrapado entre declaraciones bien intencionadas y una estructura institucional que sigue postergando su responsabilidad.
Si el Congreso del Estado quiere de verdad saldar la deuda histórica con las personas que viven con VIH, no bastan foros ni fotos de grupo. Se requiere legislación efectiva, presupuesto garantizado y voluntad política para romper con décadas de omisión, negligencia y simulación.
Con la etiqueta de “operatividad del Poder Legislativo”, el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Congreso del Estado, presidido por la diputada Montserrat Pérez Cisneros, aprobó una serie de fallos de adjudicación y dio luz verde a nuevas convocatorias públicas para la contratación de servicios. Lo que podría parecer un ejercicio rutinario de gestión administrativa, en realidad, sigue exhibiendo una preocupante tendencia: la discrecionalidad y falta de transparencia en la forma en que el Legislativo maneja el dinero público.
El procedimiento, realizado en sesión con la presencia de las diputadas Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, y los diputados Sergio Miguel Martín Castellanos e Isaías Cortés Berúmen, fue presentado como un acto meramente técnico. Sin embargo, el hermetismo con el que se condujo el Comité y la ausencia de detalles públicos sobre las empresas beneficiadas o los montos adjudicados vuelve a prender las alarmas sobre prácticas que, aunque legales, rozan los límites de lo éticamente aceptable.
El problema no está únicamente en lo que se aprobó, sino en cómo se aprobó: sin mecanismos claros de rendición de cuentas inmediatos ni discusión abierta sobre los criterios que determinaron los fallos. En una entidad donde las licitaciones suelen ser campo fértil para la simulación de competencia o el acomodo de proveedores afines, este tipo de decisiones administrativas deberían ser tratadas con el mayor rigor y vigilancia pública.
Más aún, el Congreso de Jalisco —que ha exigido austeridad a otros poderes y organismos autónomos— no ha explicado por qué se requiere la contratación de nuevos servicios ni si se evaluó el desempeño de los proveedores actuales. Tampoco hay claridad sobre si estos procesos derivan de auditorías internas o de una verdadera necesidad operativa, o si se trata simplemente de renovar contratos bajo otros nombres.
En tiempos donde la legitimidad de los órganos legislativos se tambalea por la creciente desconfianza ciudadana, decisiones como ésta deberían pasar por un filtro más robusto de revisión pública y ética parlamentaria. Pero aquí, una vez más, la forma se impone al fondo: todo parece estar “en regla”, pero el silencio institucional sobre los detalles deja abierta la sospecha de que, en el Congreso, lo público sigue siendo tratado como asunto privado.
La pregunta sigue vigente: ¿a quién le sirve realmente la opacidad en las contrataciones legislativas? Porque al pueblo, claramente, no.
