Mientras los casos de VIH en Jalisco siguen en aumento y persisten los rezagos estructurales en la atención, el Congreso local organizó una mesa de trabajo titulada “Diálogos Diversos: Capítulo por una Vihda Digna”, un ejercicio que, aunque anunciado como parte del proceso para crear una Ley Estatal para la Prevención y Atención Integral del VIH y el SIDA, dejó más preguntas que certezas sobre el compromiso real del Estado.
La diputada Montserrat Pérez Cisneros encabezó la jornada con un discurso enfocado en “reivindicar derechos” y “dar continuidad a los grandes pendientes legislativos en materia de diversidad”. Sin embargo, durante el evento predominó el tono institucional y las promesas de siempre: capacitación, diagnóstico temprano, coordinación interinstitucional. Es decir, el mismo recetario que desde hace años se repite sin traducirse en políticas públicas efectivas.
El dato revelado por las autoridades de salud estatal —mil 121 nuevos casos registrados en 2024, en personas entre 15 y 49 años— evidencia que las estrategias actuales son, en el mejor de los casos, insuficientes. A pesar de ello, funcionarios como Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, y Margarita Mondragón, directora del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, se limitaron a enumerar acciones ya conocidas: talleres, actualizaciones y esquemas “en construcción”.
En contraste, los representantes de la sociedad civil expusieron una realidad mucho más cruda: diagnósticos tardíos, burocracia paralizante, falta de tratamientos y un sistema de salud que sigue excluyendo a poblaciones clave como las personas trans. Denunciaron también la inexistencia de programas de detección oportuna, la fragmentación institucional y la escasa voluntad para implementar políticas con enfoque de derechos humanos.
Los colectivos insistieron en que no basta con escuchar sus voces en una mesa de diálogo, si sus propuestas no se traducen en reformas legales vinculantes y presupuestos etiquetados. La crítica fue clara: mientras se llenan salones con autoridades y legisladores para hablar del VIH, en la práctica, el Estado continúa ausente en barrios, clínicas y zonas rurales donde el estigma y la falta de acceso a medicamentos aún determinan el curso de la enfermedad.
Entre las asistentes estuvieron las diputadas Valeria Ávila y Mariana Casillas, así como representantes municipales de Diversidad Sexual de Guadalajara, Zapopan, Jocotepec y Tala. También acudieron activistas como Víctor Dante Galicia, del Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos contra el SIDA, y Felipe Anzures, especialista en salud pública. Aun con su experiencia y diagnóstico puntual, lo cierto es que su presencia se sintió más como cuota de legitimación que como parte de un proceso realmente incluyente.
La diputada Pérez Cisneros cerró el encuentro con la promesa de “seguir trabajando”, pero no aclaró plazos, mecanismos ni alcances legislativos concretos. Así, la tan anunciada “vihda digna” parece seguir siendo, por ahora, un concepto aspiracional atrapado entre declaraciones bien intencionadas y una estructura institucional que sigue postergando su responsabilidad.
Si el Congreso del Estado quiere de verdad saldar la deuda histórica con las personas que viven con VIH, no bastan foros ni fotos de grupo. Se requiere legislación efectiva, presupuesto garantizado y voluntad política para romper con décadas de omisión, negligencia y simulación.
