La propuesta de la diputada Montserrat Pérez Cisneros para tipificar el trans feminicidio y los crímenes de odio como delitos autónomos con penas de hasta 50 años de prisión llega en un momento en que la violencia contra personas de la diversidad sexual sigue siendo una estadística incómoda y una realidad cotidiana.
En conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que la falta de figuras penales específicas no solo invisibiliza esta violencia, sino que entorpece la procuración de justicia, perpetuando la impunidad y la revictimización. La iniciativa incluye prisión preventiva oficiosa y reconoce como agravantes los delitos motivados por odio, la instigación al suicidio y la violencia sexual, entre otros.
La narrativa oficial la presenta como un avance jurídico y una “reparación histórica”, pero en la práctica, las leyes que se aprueban con discursos emotivos suelen naufragar en el océano de la ineficacia institucional. El acto simbólico de guardar un minuto de silencio por Katia Daniela Medina, activista asesinada, subraya la urgencia del problema, aunque no garantiza que, fuera de la sala de prensa, las autoridades actúen con la misma contundencia que en los micrófonos.
El evento, respaldado por legisladores, funcionarios y activistas, mostró unidad en el papel. El reto será que esta aparente voluntad política no se quede en promesas huecas ni en la larga lista de reformas que nunca se traducen en protección real para las víctimas.
