La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso de Jalisco aprobó modificaciones que, en teoría, buscan “modernizar” los requisitos para ser titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). El órgano legislativo, presidido por Mariana Casillas Guerrero, también avaló la incorporación de representantes sindicales a la Junta de Gobierno del organismo.
El cambio, presentado como una actualización normativa, abre más preguntas que certezas. Los requisitos para encabezar el SIAPA han sido modificados en más de una ocasión, siempre con la justificación de “adecuar el perfil a los tiempos actuales”. Sin embargo, detrás de cada ajuste se percibe un tufo de acomodo político: flexibilizar condiciones para que determinada figura pueda llegar o endurecerlas para cerrar el paso a perfiles incómodos.
La inclusión de representantes sindicales en la Junta de Gobierno, aunque en principio parece democratizadora, corre el riesgo de convertirse en una formalidad sin impacto real, si no se acompañan de facultades claras y capacidad de decisión frente al control que ejercen los municipios y el Ejecutivo estatal sobre el organismo.
La sesión también aprobó que inquilinos en situación económica precaria puedan acceder a la Procuraduría Social para contar con defensoría. Una medida positiva, pero mínima si se contrasta con la magnitud del problema habitacional y la ausencia de una política de vivienda digna en el estado. Se trata más de un paliativo que de una solución estructural.
En la reunión, realizada de manera virtual, participaron las diputadas María Candelaria Ochoa Ávalos y Valeria Ávila Gutiérrez, así como el legislador Martín Franco Cuevas. La sesión cerró con la entrega del Primer Informe de Actividades de la Comisión, un ejercicio burocrático que rara vez despierta interés ciudadano.
La verdadera pregunta es si estos cambios al marco normativo del SIAPA responden a una necesidad técnica o a un cálculo político. Mientras el organismo sigue hundido en deudas, con redes de agua colapsadas y con una ciudadanía que paga caro por un servicio deficiente, los legisladores parecen más ocupados en ajustar reglamentos que en exigir cuentas al organismo.
Lo aprobado en comisiones es apenas un recordatorio: en Jalisco, el agua sigue siendo botín político, y el SIAPA, lejos de convertirse en un ente eficiente y autónomo, continúa sujeto a las negociaciones de poder que se cocinan en el Congreso.
La propuesta de la diputada Montserrat Pérez Cisneros para tipificar el trans feminicidio y los crímenes de odio como delitos autónomos con penas de hasta 50 años de prisión llega en un momento en que la violencia contra personas de la diversidad sexual sigue siendo una estadística incómoda y una realidad cotidiana.
En conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que la falta de figuras penales específicas no solo invisibiliza esta violencia, sino que entorpece la procuración de justicia, perpetuando la impunidad y la revictimización. La iniciativa incluye prisión preventiva oficiosa y reconoce como agravantes los delitos motivados por odio, la instigación al suicidio y la violencia sexual, entre otros.
La narrativa oficial la presenta como un avance jurídico y una “reparación histórica”, pero en la práctica, las leyes que se aprueban con discursos emotivos suelen naufragar en el océano de la ineficacia institucional. El acto simbólico de guardar un minuto de silencio por Katia Daniela Medina, activista asesinada, subraya la urgencia del problema, aunque no garantiza que, fuera de la sala de prensa, las autoridades actúen con la misma contundencia que en los micrófonos.
El evento, respaldado por legisladores, funcionarios y activistas, mostró unidad en el papel. El reto será que esta aparente voluntad política no se quede en promesas huecas ni en la larga lista de reformas que nunca se traducen en protección real para las víctimas.
Con la mira puesta en el uso responsable del agua y la vigilancia ciudadana sobre los recursos públicos, la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso de Jalisco aprobó reformas clave a la Ley del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Las modificaciones, impulsadas por la diputada Mariana Casillas Guerrero, buscan contener los abusos en el consumo hídrico, fortalecer la rendición de cuentas y dar un paso hacia una gestión más equitativa y transparente del recurso.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de un área especializada de fiscalización enfocada en grandes consumidores, la cual operará con autonomía técnica. Además, el Consejo Técnico Ciudadano de Transparencia —integrado por representantes de cada municipio— tendrá ahora la facultad de solicitar auditorías financieras y de desempeño, lo que permitirá una supervisión más estricta de cómo se capta, distribuye y cobra el servicio de agua en la zona metropolitana.
Durante la sesión celebrada en el salón Guillermo Ramos Ruiz del Congreso local, Casillas Guerrero enfatizó que esta iniciativa no representa una nueva carga administrativa, sino que fortalece la estructura existente del SIAPA con mecanismos de vigilancia más eficaces y participación social. “No se trata de crear más burocracia, sino de construir herramientas para una gestión hídrica transparente y responsable, que responda tanto a la crisis ambiental como a las exigencias ciudadanas”, subrayó.
En la misma sesión, la Comisión aprobó también la celebración de mesas técnicas para discutir la iniciativa que busca regular las plataformas de hospedaje digital en Jalisco. La propuesta —que toma como referencia modelos legislativos de ciudades como Barcelona y Ciudad de México— responde a la creciente expansión de plataformas como Airbnb, cuyo impacto sobre la vivienda, el ordenamiento urbano y el acceso al alquiler ha generado tensiones en diversas zonas metropolitanas.
Casillas adelantó que en septiembre se instalarán foros abiertos a especialistas, académicos, funcionarios y ciudadanía, con el propósito de recoger insumos que fortalezcan el dictamen final. “Queremos garantizar el derecho a habitar la ciudad y evitar que el fenómeno del hospedaje digital desplace a quienes han vivido históricamente en sus colonias, especialmente ante eventos como el Mundial 2026, que ya está presionando el mercado inmobiliario”, señaló.
Ambas iniciativas reflejan un intento por responder a problemáticas complejas con una legislación más participativa y con enfoque territorial. Ahora queda en manos del Pleno del Congreso traducir estas reformas en acciones concretas que impacten positivamente en el acceso al agua y en el derecho a la ciudad.
La Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso local, presidida por la diputada Alondra Getsemany Fausto de León, ha aprobado con fanfarrias las bases para organizar el foro “¿Qué hacemos con la basura?”, en un intento más por abordar la crisis ambiental que asfixia a la entidad. El evento promete mesas de trabajo —entre el 1 de septiembre y el 10 de noviembre— para diagnosticar, debatir y, en teoría, proponer una nueva Ley Estatal de Gestión Integral de Residuos. Y aunque la intención suena noble, la realidad apesta… literalmente.
La exposición de motivos del acuerdo aprobado por la comisión incluye un dato brutal: el Área Metropolitana de Guadalajara apenas recicla el 10% de sus residuos, cuando podría alcanzar hasta el 38%. ¿El resultado? Un infame récord de casi 7.7 millones de kilos de basura generados diariamente. Es decir, toneladas de desidia que se apilan mientras el reciclaje sigue siendo más aspiracional que operativo.
¿Y la participación ciudadana? Brilla por su ausencia, como siempre. La mayoría de las personas no separan residuos, en parte porque no existe un sistema real, funcional y obligatorio para hacerlo. El problema no es falta de diagnóstico: es exceso de inacción.
Estuvieron presentes legisladores como Mariana Casillas Guerrero y César Octavio Madrigal Díaz, junto con miembros del Consejo Ciudadano Metropolitano. Todos ellos han sido testigos —y a veces cómplices— de la inercia legislativa en torno al tema.
Así que sí, viene otro foro. Con sillas, micrófonos y presentaciones de PowerPoint. Tal vez incluso una declaración solemne al final. Pero si no pasa del “qué hacemos” al “cómo lo hacemos” —con presupuesto, sanciones, infraestructura y voluntad política real— este será otro intento biodegradable. Se descompondrá solo.
Entre diagnósticos aún pendientes, indicadores “por definir” y nuevas promesas de protección ambiental, la más reciente mesa de trabajo del “Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030: Río Santiago” dejó más preguntas que certezas. Legisladores y funcionarios repitieron fórmulas conocidas sin presentar resultados concretos, mientras comunidades afectadas por la contaminación del río siguen esperando soluciones reales.
Moderada por la diputada Mariana Casillas Guerrero, la sesión reunió a autoridades estatales, representantes del Congreso y titulares de dependencias relacionadas, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Pese a los nombres, la discusión se mantuvo en un plano declarativo y técnico, sin asumir responsabilidades por el rezago histórico ni comprometer fechas, presupuestos o sanciones por incumplimiento.
Paola Bauche Petersen, titular de Semadet, insistió en la necesidad de realizar un diagnóstico actualizado de la cuenca del Río Santiago, reconociendo, en los hechos, que las cifras disponibles no alcanzan para tomar decisiones efectivas. Habló de modernizar plantas de tratamiento, mejorar la calidad del monitoreo del agua y establecer programas de detección temprana de enfermedades renales en escuelas, pero omitió detallar cuántas plantas funcionan actualmente conforme a la norma, o qué instituciones han fracasado en su operación.
Entre sus anuncios, destaca la intención de impulsar un decreto para proteger seis áreas naturales más, incluido el “Cerro del 4”. Sin embargo, no se explicó si esta protección implicará acciones concretas o si, como ha ocurrido con otras áreas naturales protegidas en Jalisco, quedará como una etiqueta legal sin vigilancia ni presupuesto.
Los diputados presentes —Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, Edgar Enrique Velázquez González, Valeria Ávila Gutiérrez, Tonatiuh Bravo Padilla, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez y Candelaria Ochoa Ávalos— exigieron una vez más actualizar ordenamientos ecológicos municipales, evitar la deforestación, y consolidar estrategias de mitigación de la contaminación. Pero ninguno explicó por qué, en sus respectivas gestiones legislativas, no se han establecido mecanismos de fiscalización que obliguen a las autoridades a cumplir metas ambientales.
También demandaron que se transparenten los volúmenes de agua saneada y los niveles de cumplimiento normativo en las plantas de tratamiento. Exigencias válidas, pero que repiten las mismas omisiones de años anteriores: ¿quién sanciona el incumplimiento?, ¿qué dependencias son responsables?, ¿cuántos millones de pesos se han gastado sin resultados visibles?
Entre los funcionarios presentes estuvieron Mario López Pérez, de la CEA; Cynthia Cantero, de Planeación; César Domínguez, de Inteligencia en Salud, y Carlos Ramírez, de Cultura de Paz. Todos acompañaron la sesión sin ofrecer datos concretos que expliquen por qué, tras más de una década de políticas públicas orientadas al rescate del Río Santiago, éste sigue siendo uno de los cuerpos de agua más contaminados del país, y una de las principales fuentes de enfermedad y muerte en comunidades ribereñas.
Mientras tanto, las zonas de restauración ecológica siguen siendo insuficientes, la deforestación avanza, y las enfermedades renales continúan cobrándose vidas en silencio. Lo que la mesa dejó en evidencia es que Jalisco no necesita más planes: necesita cumplir los que ya tiene, rendir cuentas y, sobre todo, dejar de gobernar a base de discursos.
