La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso de Jalisco aprobó modificaciones que, en teoría, buscan “modernizar” los requisitos para ser titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). El órgano legislativo, presidido por Mariana Casillas Guerrero, también avaló la incorporación de representantes sindicales a la Junta de Gobierno del organismo.
El cambio, presentado como una actualización normativa, abre más preguntas que certezas. Los requisitos para encabezar el SIAPA han sido modificados en más de una ocasión, siempre con la justificación de “adecuar el perfil a los tiempos actuales”. Sin embargo, detrás de cada ajuste se percibe un tufo de acomodo político: flexibilizar condiciones para que determinada figura pueda llegar o endurecerlas para cerrar el paso a perfiles incómodos.
La inclusión de representantes sindicales en la Junta de Gobierno, aunque en principio parece democratizadora, corre el riesgo de convertirse en una formalidad sin impacto real, si no se acompañan de facultades claras y capacidad de decisión frente al control que ejercen los municipios y el Ejecutivo estatal sobre el organismo.
La sesión también aprobó que inquilinos en situación económica precaria puedan acceder a la Procuraduría Social para contar con defensoría. Una medida positiva, pero mínima si se contrasta con la magnitud del problema habitacional y la ausencia de una política de vivienda digna en el estado. Se trata más de un paliativo que de una solución estructural.
En la reunión, realizada de manera virtual, participaron las diputadas María Candelaria Ochoa Ávalos y Valeria Ávila Gutiérrez, así como el legislador Martín Franco Cuevas. La sesión cerró con la entrega del Primer Informe de Actividades de la Comisión, un ejercicio burocrático que rara vez despierta interés ciudadano.
La verdadera pregunta es si estos cambios al marco normativo del SIAPA responden a una necesidad técnica o a un cálculo político. Mientras el organismo sigue hundido en deudas, con redes de agua colapsadas y con una ciudadanía que paga caro por un servicio deficiente, los legisladores parecen más ocupados en ajustar reglamentos que en exigir cuentas al organismo.
Lo aprobado en comisiones es apenas un recordatorio: en Jalisco, el agua sigue siendo botín político, y el SIAPA, lejos de convertirse en un ente eficiente y autónomo, continúa sujeto a las negociaciones de poder que se cocinan en el Congreso.
