Ene 28, 2026 | Trabajo legislativo
Este mediodía, las comisiones legislativas de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, así como de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron el dictamen de la iniciativa de la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven con Espectro Autista del Estado de Jalisco, un nuevo marco normativo orientado a garantizar el ejercicio pleno de derechos y fortalecer la atención integral para este sector de la población.
El dictamen, que será presentado al Pleno del Congreso, contempla herramientas clave como la creación de un Registro Estatal de Personas con Espectro Autista y la consolidación de una Red Estatal de Centros, con el objetivo de asegurar atención pública, integral y de primer nivel en las distintas regiones del estado.
La propuesta es resultado de un proceso de análisis y dictaminación que incorporó aportaciones de mesas de trabajo y ejercicios de escucha en los que participaron cerca de un centenar de personas, entre familias, personas cuidadoras, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de construir una ley alineada a las necesidades reales de quienes viven con esta condición en Jalisco.
Durante la sesión, la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones e impulsora de la iniciativa, explicó que la nueva ley responde a una demanda histórica de las familias y de la sociedad civil organizada. Subrayó que su construcción se sustentó en un ejercicio de parlamento abierto que permitió incorporar la experiencia directa de quienes enfrentan esta realidad de manera cotidiana.
La legisladora advirtió sobre la magnitud del reto que enfrenta la entidad, al señalar que existe un registro inicial de al menos 83 mil familias que viven con esta condición, y destacó que una de las principales barreras es el acceso al diagnóstico, cuyos costos representan una carga económica que limita la atención oportuna.
Magaña enfatizó que el dictamen implica un cambio de enfoque sustantivo al dejar atrás la visión del autismo como una enfermedad y reconocerlo como una condición del neurodesarrollo, lo que obliga al Estado a diseñar políticas públicas transversales que garanticen la inclusión y el respeto a los derechos de las personas en el espectro. Detalló que la ley se integra por siete títulos y 54 artículos, con capítulos específicos en salud, educación, inclusión laboral, cultura, acceso a la justicia y apoyos sociales, que permiten una atención integral a lo largo de todas las etapas de la vida.
Por su parte, la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, destacó que el dictamen aprobado incorpora mecanismos que dan viabilidad a la implementación de la ley, al establecer instrumentos como la Red Estatal de Centros Regionales y recursos para atención especializada, sentando las bases para una aplicación progresiva y sostenida.
La legisladora señaló que este marco jurídico tiene un enfoque de derechos, de no discriminación y de autonomía para las personas con neurodivergencias, y que garantiza un acompañamiento especializado en ámbitos como salud, educación, transporte y acceso a la justicia. Uno de los pilares del dictamen, añadió, es la expansión de la infraestructura fuera de la zona metropolitana.
Cárdenas aseguró que la ley contará con recursos para su ejecución, al precisar que ya existe un presupuesto base para la conclusión del centro en Lagos de Moreno, así como proyecciones para nuevos centros regionales. Subrayó también la relevancia del Registro Estatal como herramienta para una planeación presupuestaria eficiente, basada en datos reales y no en estimaciones.
Finalmente, destacó que la ley pone especial énfasis en eliminar las barreras que impiden el desarrollo pleno desde la infancia hasta la vida adulta, incluyendo la figura de monitores en escuelas y programas de inclusión laboral.
A la sesión asistieron 11 diputadas y diputados de las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, Futuro, PAN y PRI, además de activistas, asociaciones civiles, familias y personas que viven con espectro autista.
Con la aprobación del dictamen en comisiones, la iniciativa continuará su proceso legislativo para ser turnada al Pleno del Congreso del Estado, donde se dará lectura y se someterá a discusión para su eventual votación.
Jul 18, 2025 | Trabajo legislativo
Durante la más reciente sesión plenaria del Congreso del Estado de Jalisco, presidida por la diputada Marta Arizmendi Fombona, las y los legisladores aprobaron 21 acuerdos legislativos enfocados en temas clave como justicia administrativa, medio ambiente, inclusión, protección animal, atención a víctimas y modernización institucional.
Uno de los puntos más relevantes fue el exhorto dirigido al gobernador del Estado y al titular de la Secretaría de Hacienda Pública, para que entreguen de manera inmediata las placas vehiculares a todas las personas que hayan pagado su refrendo, sin condicionarlas al cumplimiento de la verificación vehicular, en el marco del denominado “paquetazo 3×1”. A su vez, se pidió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública que instruya a la Policía Vial a no aplicar sanciones a quienes estén en este supuesto.
En el mismo tenor de derechos ciudadanos, el Congreso designó a Mercedes Adriana Méndez Cabrera, María del Socorro Piña Montiel y Silvia Patricia López González como representantes de la sociedad civil en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, garantizando pluralidad y enfoque de derechos humanos.
En materia de cultura e inclusión, se aprobó institucionalizar un evento anual conmemorativo por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Palacio Legislativo, para visibilizar y celebrar la riqueza cultural, lingüística y social de los pueblos originarios de Jalisco.
El Pleno también dio luz verde al programa “Cero Papel”, con el objetivo de reducir el uso de documentos impresos y migrar hacia esquemas digitales dentro del Poder Legislativo. Además, se autorizó la actualización de la página oficial del Congreso, que incluirá un chatbot para facilitar el acceso ciudadano a trámites y servicios.
En otro frente, se exhortó al Ayuntamiento de Puerto Vallarta a establecer de forma permanente una Vía RecreActiva dominical para promover actividades deportivas, recreativas y culturales. Asimismo, se solicitó dar mantenimiento urgente a la alberca olímpica “La Bobadilla”, en Zapopan, para evitar criaderos del mosquito transmisor del dengue.
El Congreso hizo un llamado a los 125 municipios del estado a regular la ocupación de banquetas por parte del comercio, a fin de garantizar el libre tránsito peatonal, y a reforzar operativos que aseguren el uso adecuado de vialidades y bienes públicos. También se les exhortó a actualizar sus respectivos Atlas Municipales de Riesgo como medida preventiva.
Se solicitó además a los tres niveles de gobierno coordinar acciones para prevenir el desbordamiento del arroyo El Seco —que atraviesa Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco—, así como intervenir en el saneamiento y vigilancia del arroyo “Río Blanco” en Zapopan.
En el ámbito económico y social, se aprobó un exhorto para que el Presupuesto estatal de 2026 contemple un programa de apoyos al equipamiento agropecuario, en beneficio del campo jalisciense. También se pidió al Ejecutivo estatal instalar el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se exhortó al Congreso de la Unión a garantizar en la reforma al artículo 123 constitucional una pensión justa, que no sea inferior al salario mínimo.
Como parte de la estrategia de modernización legislativa, se avaló la firma de un convenio con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco. Finalmente, se autorizó el traslado transitorio del Recinto Legislativo al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara para celebrar una Sesión Solemne con motivo del Centenario de la Refundación de la UdeG, el próximo 29 de septiembre de 2025.
Jul 11, 2025 | Trabajo legislativo
Con el discurso de erradicar la discriminación y salvaguardar a las víctimas de violencia, el Congreso de Jalisco aprobó este jueves reformas a la Constitución local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, las modificaciones aprobadas por la LXIV Legislatura no hacen más que reafirmar —sin corregir de raíz— las fallas estructurales que perpetúan la exclusión de las mujeres y la revictimización institucional.
Uno de los cambios destacados fue incluir el principio de paridad en los nombramientos del Poder Ejecutivo. Esto, en teoría, obliga al titular del gobierno estatal a considerar una integración equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos públicos. Pero en los hechos, se trata de una medida sin dientes: no establece mecanismos de verificación, sanción ni temporalidad. Es decir, el gobernador podrá seguir eligiendo a conveniencia, siempre que guarde una apariencia formal de paridad. Otra simulación institucional para cubrir cuotas sin transformar estructuras.
Por otro lado, las reformas a la ley de violencia de género incorporan una disposición que obliga a garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento cuando un agresor es retirado del domicilio por orden de protección. El problema es que esta medida, lejos de centrarse en el bienestar de la víctima, se enfoca en cuidar los derechos patrimoniales del agresor, asegurando que sus “obligaciones contractuales” sigan vigentes. La norma no asegura que las víctimas queden libres de cargas económicas, ni ofrece alternativas para acceder a una vivienda segura. ¿Qué pasa si la víctima es quien firmó el contrato y depende económicamente del agresor? ¿Quién garantiza entonces su seguridad habitacional?
Las reformas, aunque presentadas con bombo y platillo, eluden los debates incómodos: no se discute la inoperancia de las órdenes de protección, la falta de albergues, ni la impunidad que reina en los casos de violencia familiar. Tampoco se atiende la precariedad en la que muchas mujeres viven tras denunciar, ni se cuestiona el rol omiso —y muchas veces cómplice— de instituciones como la Fiscalía o el DIF.
Jalisco es uno de los estados con más altos índices de violencia de género, desapariciones y feminicidios. Frente a este escenario, las modificaciones legislativas aprobadas no son más que retoques cosméticos a un marco jurídico que sigue sin garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En lugar de reformas profundas y con perspectiva integral, se opta por enunciar principios sin traducirlos en políticas públicas tangibles, presupuestadas y supervisables.
Una vez más, el Congreso le apuesta a la retórica progresista, mientras deja intacto el fondo del problema. Cambiar la ley es fácil. Lo difícil —y lo que sigue sin hacerse— es cambiar el sistema.
Jun 19, 2025 | Trabajo legislativo
En un ejercicio que mezcló solemnidad institucional con promesas sin aterrizar, el Congreso del Estado de Jalisco recibió al Cuerpo Consular de Occidente para una mesa de trabajo que abordó temas tan diversos como la crisis migratoria, el turismo internacional, la preservación ambiental y la seguridad para inversiones extranjeras. La convocatoria fue promovida por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, quien pretende posicionarse como enlace entre la agenda local y los asuntos globales. Sin embargo, más allá del protocolo diplomático, el encuentro dejó preguntas incómodas: ¿realmente estas reuniones generan resultados tangibles o son simplemente pasarelas de buena voluntad sin consecuencias reales?
Durante las exposiciones, los representantes consulares expresaron preocupaciones legítimas: la necesidad de fortalecer el estado de derecho, impulsar una política de seguridad efectiva y generar mecanismos reales de cooperación internacional. El llamado más concreto fue la propuesta de crear una comisión permanente para atender asuntos internacionales desde el Congreso de Jalisco. Una idea que, aunque ambiciosa, se enfrenta a los límites estructurales del Legislativo estatal, cuyas competencias constitucionales rara vez trascienden los márgenes locales.
Gabriela Cárdenas habló de “conectar la agenda legislativa con los asuntos globales” y construir “una red de cooperación internacional”. Palabras que, aunque bien intencionadas, suenan vacías cuando se contrastan con el historial del Congreso en materia de política exterior o diplomacia subnacional: nulo.
Más aún, las preocupaciones planteadas por los cónsules —como el mercado laboral externo y la seguridad— contrastan con la realidad que vive la entidad: crisis de desaparecidos, violencia persistente, precarización laboral y un sistema de justicia desbordado. Si se pretende que Jalisco sea un “puente” entre naciones, antes habría que garantizar que no sea un campo minado para sus propios habitantes.
La diputada Marta Arizmendi, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva, sumó declaraciones sobre la necesidad de impulsar la industria cultural y el desarrollo sostenible. Pero el discurso nuevamente quedó en el aire: no se presentaron iniciativas concretas, calendarios, recursos etiquetados ni métricas de seguimiento.
Los legisladores asistentes —Sergio Miguel Martín Castellanos, María Candelaria Ochoa, Brenda Carrera, Marco Tulio Moya, Adriana Medina, Luis Vidrio y Leonardo Almaguer— hicieron acto de presencia, pero sin intervenciones destacables ni compromisos legislativos claros. La presencia de figuras como Luis Octavio Vidrio, señalado recientemente por participar en fiestas con narcocorridos, resalta la contradicción entre la narrativa diplomática del evento y la realidad política de sus protagonistas.
El encuentro reunió a cónsules honorarios y representantes de países como Bélgica, Filipinas, Finlandia, Guatemala, Indonesia, Kazajistán, Rumanía y Rusia. Voces diversas, sí, pero que no se tradujeron en una agenda común ni en compromisos verificables. El acto protocolario cerró con buenos deseos, fotografía oficial y cobertura mediática, pero sin resoluciones legislativas, planes de cooperación institucional o acuerdos firmados.
La pregunta, entonces, permanece: ¿para qué sirven estas reuniones si no desembocan en hechos? ¿No es hora de que el Congreso de Jalisco deje de hacer diplomacia de escaparate y empiece a construir diplomacia efectiva desde lo local? Porque mientras se habla de “redes internacionales”, el estado sigue pendiente de atender sus propias urgencias: inseguridad, migración forzada, y una justicia que no llega.
Lo internacional empieza por lo local. Y en Jalisco, la política exterior parece, por ahora, un espejismo más en el desierto legislativo.
Jun 19, 2025 | Iniciativas
El Congreso de Jalisco se vistió de inclusión este 18 de junio al presentar la nueva Ley de Autismo, una iniciativa promovida por las diputadas Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez que, según afirman, transformará el modo en que el estado reconoce y atiende a las personas dentro del espectro autista. La ley fue anunciada como un “parteaguas” en materia de justicia social y derechos humanos. Pero más allá del entusiasmo institucional, la iniciativa aún enfrenta el reto más complejo: traducirse en resultados tangibles y no quedar como otro ejercicio de simbolismo legislativo sin ejecución efectiva.
Desde la tribuna, las legisladoras hicieron lo que corresponde: hablar de dignidad, corresponsabilidad, no discriminación e inclusión. Se mencionó la creación de un Registro Estatal de Personas con Autismo, una Red de Centros Especializados, así como un Fondo Especial para el Autismo, todos ellos planteados como pilares de una política estatal robusta. El anuncio es relevante, sí, pero el papel lo aguanta todo; falta saber cuánto de esta estructura tendrá presupuesto, operatividad y seguimiento real en un estado donde abundan las leyes bien redactadas y escasas en implementación.
La diputada Marta Arizmendi, presidenta de la Mesa Directiva, habló con cifras que pretenden despertar conciencia: uno de cada 300 niños vive con autismo. Celebró el carácter participativo de la propuesta, construida con sociedad civil, familias y expertos. Sin embargo, no mencionó con claridad cómo se fiscalizará el cumplimiento de la ley, quién supervisará a los centros especializados ni cómo se evitará que esta nueva estructura termine siendo una más de las que existen solo en el papel.
En voz de Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, se destacó que esta ley se presenta justo en el Día del Orgullo Autista, como un gesto político que busca visibilidad. Ella misma reconoció que es un “primer paso”, aunque el desafío real no es anunciar la ley, sino evitar que se convierta en letra muerta, como ha ocurrido con otras normas de salud y asistencia social en Jalisco.
Gabriela Cárdenas, por su parte, sostuvo que la ley incluye una visión intersectorial y enfoque de cuidados, además del acceso a la justicia para personas autistas. Pero hasta ahora no hay claridad sobre cómo se vinculará esa “justicia” con los operadores del sistema judicial, quienes en muchos casos ni siquiera tienen protocolos adecuados para atender a personas con discapacidad.
Durante la presentación, la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, detalló los avances de la administración estatal, mencionando centros de atención como el CADI de Guadalajara, el Teletón Jalisco y la próxima sede en Tepatitlán. Si bien son esfuerzos valiosos, no dejan de ser proyectos localizados y asistenciales. La pregunta pendiente es: ¿habrá una política pública transversal con alcance estatal o se mantendrá el modelo fragmentado de atención en pocos municipios?
El evento congregó a autoridades estatales y municipales, representantes consulares, organismos de asistencia y personas de la comunidad autista. Hubo aplausos, discursos y buenas intenciones. Pero aún no se conoce el monto del fondo anunciado, ni las reglas de operación, ni el calendario para que la red de centros comience a funcionar.
En suma, la Ley de Autismo en Jalisco es un avance necesario y oportuno, pero aún está por verse si será un verdadero instrumento de transformación o solo un acto más de corrección política. La inclusión no se decreta, se construye con presupuesto, con voluntad ejecutiva y con vigilancia ciudadana. Las personas con autismo y sus familias no necesitan únicamente reconocimiento legal: exigen justicia, acceso real y resultados verificables.
Ojalá esta vez la ley no se quede en el estrado.
