El Congreso de Jalisco se vistió de inclusión este 18 de junio al presentar la nueva Ley de Autismo, una iniciativa promovida por las diputadas Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez que, según afirman, transformará el modo en que el estado reconoce y atiende a las personas dentro del espectro autista. La ley fue anunciada como un “parteaguas” en materia de justicia social y derechos humanos. Pero más allá del entusiasmo institucional, la iniciativa aún enfrenta el reto más complejo: traducirse en resultados tangibles y no quedar como otro ejercicio de simbolismo legislativo sin ejecución efectiva.
Desde la tribuna, las legisladoras hicieron lo que corresponde: hablar de dignidad, corresponsabilidad, no discriminación e inclusión. Se mencionó la creación de un Registro Estatal de Personas con Autismo, una Red de Centros Especializados, así como un Fondo Especial para el Autismo, todos ellos planteados como pilares de una política estatal robusta. El anuncio es relevante, sí, pero el papel lo aguanta todo; falta saber cuánto de esta estructura tendrá presupuesto, operatividad y seguimiento real en un estado donde abundan las leyes bien redactadas y escasas en implementación.
La diputada Marta Arizmendi, presidenta de la Mesa Directiva, habló con cifras que pretenden despertar conciencia: uno de cada 300 niños vive con autismo. Celebró el carácter participativo de la propuesta, construida con sociedad civil, familias y expertos. Sin embargo, no mencionó con claridad cómo se fiscalizará el cumplimiento de la ley, quién supervisará a los centros especializados ni cómo se evitará que esta nueva estructura termine siendo una más de las que existen solo en el papel.
En voz de Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, se destacó que esta ley se presenta justo en el Día del Orgullo Autista, como un gesto político que busca visibilidad. Ella misma reconoció que es un “primer paso”, aunque el desafío real no es anunciar la ley, sino evitar que se convierta en letra muerta, como ha ocurrido con otras normas de salud y asistencia social en Jalisco.
Gabriela Cárdenas, por su parte, sostuvo que la ley incluye una visión intersectorial y enfoque de cuidados, además del acceso a la justicia para personas autistas. Pero hasta ahora no hay claridad sobre cómo se vinculará esa “justicia” con los operadores del sistema judicial, quienes en muchos casos ni siquiera tienen protocolos adecuados para atender a personas con discapacidad.
Durante la presentación, la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, detalló los avances de la administración estatal, mencionando centros de atención como el CADI de Guadalajara, el Teletón Jalisco y la próxima sede en Tepatitlán. Si bien son esfuerzos valiosos, no dejan de ser proyectos localizados y asistenciales. La pregunta pendiente es: ¿habrá una política pública transversal con alcance estatal o se mantendrá el modelo fragmentado de atención en pocos municipios?
El evento congregó a autoridades estatales y municipales, representantes consulares, organismos de asistencia y personas de la comunidad autista. Hubo aplausos, discursos y buenas intenciones. Pero aún no se conoce el monto del fondo anunciado, ni las reglas de operación, ni el calendario para que la red de centros comience a funcionar.
En suma, la Ley de Autismo en Jalisco es un avance necesario y oportuno, pero aún está por verse si será un verdadero instrumento de transformación o solo un acto más de corrección política. La inclusión no se decreta, se construye con presupuesto, con voluntad ejecutiva y con vigilancia ciudadana. Las personas con autismo y sus familias no necesitan únicamente reconocimiento legal: exigen justicia, acceso real y resultados verificables.
Ojalá esta vez la ley no se quede en el estrado.
