Dic 2, 2025 | Noticias
El Congreso de Jalisco volvió a colocar en agenda un tema que, aunque urgente, ha sido postergado una y otra vez: la protección real de la niñez. Esta vez, la voz provino de la diputada de Morena, Marta Arizmendi Fombona, quien presentó una iniciativa para incorporar la crianza positiva en la legislación estatal. La propuesta —acorde con la reforma federal publicada el 26 de marzo de 2024— pretende garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencia y en entornos afectivos y respetuosos.
Sin embargo, más allá del discurso bien intencionado, el anuncio dejó ver el profundo rezago institucional que enfrenta Jalisco en materia de protección infantil. La propia legisladora lamentó que solo 55 de los 125 municipios hayan instalado su SIPINNA municipal, pese al exhorto aprobado por el Congreso. Es decir: ni la mitad del estado cumple con lo mínimo indispensable para coordinar políticas de infancia.
Arizmendi habló de romper prácticas autoritarias normalizadas por décadas: gritos, golpes y castigos que dejaron marcas en generaciones enteras. Su énfasis fue claro: la crianza positiva no debe quedarse en la retórica. Pero mientras el estado reproduce cifras alarmantes de violencia familiar y abandono institucional, la discusión corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de voluntarismo legislativo más.
La diputada citó la definición de UNICEF: acompañamiento, guía, cuidado físico y emocional, y prohibición absoluta del castigo físico y tratos humillantes. Todo eso ya forma parte del vocabulario esperado. Lo que no termina de aparecer es la capacidad real del Estado —y de los municipios— para construir políticas públicas sostenidas, presupuestadas y medibles.
¿De qué sirve legislar si los municipios no cumplen lo básico?
Si Jalisco no armoniza su ley, será señalado por incumplimiento constitucional. Pero incluso si la reforma prospera, queda otra pregunta mayor: ¿cómo garantizar su aplicación en un escenario donde 70 ayuntamientos siguen sin activar sus sistemas de protección?
Los SIPINNA municipales no son un requisito administrativo más; son la estructura mínima para coordinar acciones de prevención, atención y seguimiento. Sin ellos, la “crianza positiva” corre el riesgo de vivir en el Código… pero no en las colonias, ni en los hogares, ni en las escuelas.
Arizmendi subrayó los beneficios comprobados de la crianza positiva: hogares menos violentos, mayor autoestima, niñas y niños más seguros, entornos más armónicos. Son argumentos sólidos. Pero la reforma enfrenta el mismo obstáculo que tantas iniciativas en Jalisco: la distancia entre la norma y la implementación.
Porque mientras la legisladora sostiene que “la crianza positiva transforma sociedades enteras”, la realidad es que el Estado apenas puede asegurar que sus municipios cumplan con el primer paso: instalar un órgano básico de coordinación.
El reto pendiente
La protección de la infancia no solo es responsabilidad del Estado, como recordó la diputada. También de las familias y de las comunidades. Pero los gobiernos municipales —el nivel más cercano a la niñez— siguen evadiendo su obligación elemental.
Si la iniciativa pretende ser más que una declaración simbólica, deberá venir acompañada de mecanismos de vigilancia, financiamiento, sanciones y seguimiento público. De lo contrario, quedará en lo que tantas veces hemos visto en el Congreso: una reforma que suena bien, pero que no cambia nada.
Por ahora, el mensaje es claro: la niñez jalisciense sigue esperando que los compromisos se vuelvan acciones. Y el reloj, como siempre, corre en su contra.
Nov 25, 2025 | En voz de...
La glosa del Primer Informe volvió a exhibir un Congreso estatal disperso, desordenado y poco comprometido con la rendición de cuentas. Ayer, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Fabiola Loya, llegó puntual a su comparecencia; los diputados, no. Apenas 12 legisladores aparecieron, insuficientes para integrar quórum. El resultado: sesión cancelada, preguntas sin responder y una funcionaria obligada a entregar su informe por escrito en Oficialía de Partes.
Para Loya, la inasistencia no fue un simple descuido. La secretaria expresó su indignación al señalar que la ausencia de los diputados revela no solo falta de interés en su agenda —que incluye la estrategia Pulso de Vida, avances en las Unidades Especializadas Policiales, la apertura de un sexto Centro de Justicia para las Mujeres y más de 80 dispositivos rastreadores para agresores—, sino una evidente desatención hacia las mujeres de Jalisco.
La molestia de la funcionaria no fue aislada. Desde el pleno, legisladoras como Claudia Murguía lamentaron que, pese a otorgar un margen de espera, las curules de Movimiento Ciudadano y Morena siguieran vacías. El diputado presidente Julio Hurtado tampoco llegó, presuntamente por los bloqueos viales. En el resto de las bancadas comenzaron las justificaciones y el clásico “echarse la bolita”.
El episodio resulta especialmente grave porque forma parte de un patrón: desde que inició la glosa el 18 de noviembre, la inasistencia de diputados ha sido constante. El nuevo formato prometía comparecencias más ágiles y con preguntas de mayor profundidad; en lugar de ello, se ha vuelto un escaparate de desinterés.
La ironía es amarga: mientras en el calendario marcaba 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Congreso de Jalisco dejó sin espacio a la secretaria encargada de presentar las acciones para atender justo esa agenda. Un mensaje claro —y no precisamente alentador— sobre las prioridades de la Legislatura.
Jul 17, 2025 | En voz de...
Por Daniel Emilio Pacheco
Al diputado Alberto Alfaro García le llegó el momento de indignarse. No por un desvío millonario, ni por una licitación amañada, ni por alguna auditoría que duerme el sueño de los justos… No. Lo que lo hizo estallar fue algo mucho más grave: que hay funcionarios que ganan más que él.
“Tristemente, un diputado percibe 109 mil pesos al mes”, se lamentó con tono compungido. Y lo peor —según él— es que alguien que “sirve a los ciudadanos” no debería ganar más que un legislador. ¿Quién se creen esos burócratas de la Auditoría Superior del Estado? ¿Fiscalizar y cobrar más que los diputados? ¡Qué falta de respeto al orden natural de la nómina!
Pero Alfaro no se quedó en la queja: presentó con bombo y platillo una propuesta para reformar de raíz el proceso de elección del Auditor Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Eso sí, con una fórmula infalible: más papel, más comités y más discursos.
Su plan incluye cinco ejes tan nobles como evidentes: cero nepotismo, cero agresores, cero deudores alimentarios, máximo tecnicismo y total transparencia. O sea, lo que se supone que ya debería existir. Pero como en Jalisco la ley es más un deseo que una práctica, hay que volver a escribirla cada legislatura.
Entre las novedades de la propuesta, Alfaro exige que los aspirantes a auditores pasen un examen de conocimientos, lo que sugiere que antes se elegían con juegos de “piedra, papel o compadre”. También insiste en que se les impida reelegirse, porque ya se sabe: nada peor que un burócrata con ambición y estabilidad laboral.
Pero el punto medular —el que de verdad le mueve la entraña— es el sueldo. Porque resulta que el Auditor Superior gana 151 mil pesos al mes, y otros altos cargos en la ASEJ andan rondando los 140 mil. “Eso no puede ser”, dice Alfaro. Porque si ya es un sacrificio cobrar 109 mil como diputado, ¿cómo van a venir estos técnicos a ganar más, y encima, sin ser electos por el pueblo? ¿Dónde quedó la dignidad legislativa?
La reforma, por supuesto, también contempla que los auditores especiales ya no sean elegidos por el Auditor Superior, sino por el mismo procedimiento “ciudadano y transparente”, con examen y CPS incluido. Para que todos lleguen por méritos, o por lo menos por el mismo casting.
Ahora bien, que nadie se confunda: la propuesta no busca controlar la ASEJ… solo emparejar el marcador. Porque si los diputados tienen el honor de fiscalizar al Ejecutivo, lo justo es que también puedan fiscalizar al que los fiscaliza, y de paso, cortarles el salario a quienes tienen la osadía de ganar más sin pasar por las urnas.
Así, con frases que mezclan justicia social con nostalgia por los viejos tiempos en que los diputados mandaban sin tantos peros, Alfaro promete cambiar la fiscalización pública en Jalisco. ¿La diferencia esta vez? Que por fin alguien se atrevió a hablar de lo que realmente importa: el tamaño del cheque.
Ahora solo falta ver si esta cruzada por la decencia legislativa se convierte en ley… o si todo queda, como siempre, en la bonita tradición del Congreso: exhortos, ruedas de prensa y la eterna batalla por no perder el privilegio del micrófono.
Jun 26, 2025 | Trabajo legislativo
En un nuevo intento por legislar desde la ocurrencia y no desde la solución estructural, el diputado de Morena, Martín Franco Cuevas, propuso un acuerdo legislativo para cerrar los pasos a desnivel en el Área Metropolitana de Guadalajara durante lluvias intensas, con el fin de evitar accidentes por inundaciones. La propuesta —dirigida como exhorto a la Secretaría de Transporte y a los ayuntamientos metropolitanos— plantea impedir el paso a todo vehículo cuando existan encharcamientos, y mantener los accesos bloqueados hasta que se disipe el riesgo.
El legislador justificó su iniciativa señalando que estos túneles han sido escenario de tragedias en años recientes, donde la combinación de lluvias intensas, deficiencias estructurales y acumulación de basura han derivado en niveles de agua de hasta 10 metros. También responsabilizó a la imprudencia de algunos automovilistas por intentar cruzarlos.
Aunque suena razonable en apariencia, la propuesta es una muestra más del cortoplacismo legislativo que caracteriza al Congreso local: en lugar de exigir infraestructura pluvial eficiente, mantenimiento preventivo, drenajes funcionales y campañas serias de cultura vial, Franco Cuevas opta por lo más fácil: ponerle un candado a los túneles y dejar el problema intacto.
El diputado incluso sugirió que la Secretaría de Transporte utilice los reportes del Instituto de Meteorología de la UdeG para decidir en tiempo real los cierres de túneles. La logística y operatividad de semejante medida, sin embargo, no fue detallada: ¿quién cierra?, ¿cuándo?, ¿con qué personal?, ¿y qué pasa con el caos vial que estos cierres pueden provocar?
La medida recuerda a otras propuestas legislativas que solo buscan una nota en los medios sin resolver el fondo del problema. En lugar de presionar por un sistema metropolitano de gestión de aguas pluviales o por el cumplimiento de normas de infraestructura urbana, la estrategia de Franco Cuevas se reduce a una señalética de “cerrado por lluvia”.
Las lluvias son previsibles, pero los acuerdos legislativos como este siguen siendo improvisados. Mientras tanto, los túneles seguirán anegados, los autos varados y la ciudadanía expuesta. Porque si algo ha dejado claro esta iniciativa es que, en el Congreso de Jalisco, hay quienes siguen legislando con paraguas… pero sin plan.
