Jul 11, 2025 | Trabajo legislativo
Con el discurso de erradicar la discriminación y salvaguardar a las víctimas de violencia, el Congreso de Jalisco aprobó este jueves reformas a la Constitución local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, las modificaciones aprobadas por la LXIV Legislatura no hacen más que reafirmar —sin corregir de raíz— las fallas estructurales que perpetúan la exclusión de las mujeres y la revictimización institucional.
Uno de los cambios destacados fue incluir el principio de paridad en los nombramientos del Poder Ejecutivo. Esto, en teoría, obliga al titular del gobierno estatal a considerar una integración equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos públicos. Pero en los hechos, se trata de una medida sin dientes: no establece mecanismos de verificación, sanción ni temporalidad. Es decir, el gobernador podrá seguir eligiendo a conveniencia, siempre que guarde una apariencia formal de paridad. Otra simulación institucional para cubrir cuotas sin transformar estructuras.
Por otro lado, las reformas a la ley de violencia de género incorporan una disposición que obliga a garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento cuando un agresor es retirado del domicilio por orden de protección. El problema es que esta medida, lejos de centrarse en el bienestar de la víctima, se enfoca en cuidar los derechos patrimoniales del agresor, asegurando que sus “obligaciones contractuales” sigan vigentes. La norma no asegura que las víctimas queden libres de cargas económicas, ni ofrece alternativas para acceder a una vivienda segura. ¿Qué pasa si la víctima es quien firmó el contrato y depende económicamente del agresor? ¿Quién garantiza entonces su seguridad habitacional?
Las reformas, aunque presentadas con bombo y platillo, eluden los debates incómodos: no se discute la inoperancia de las órdenes de protección, la falta de albergues, ni la impunidad que reina en los casos de violencia familiar. Tampoco se atiende la precariedad en la que muchas mujeres viven tras denunciar, ni se cuestiona el rol omiso —y muchas veces cómplice— de instituciones como la Fiscalía o el DIF.
Jalisco es uno de los estados con más altos índices de violencia de género, desapariciones y feminicidios. Frente a este escenario, las modificaciones legislativas aprobadas no son más que retoques cosméticos a un marco jurídico que sigue sin garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En lugar de reformas profundas y con perspectiva integral, se opta por enunciar principios sin traducirlos en políticas públicas tangibles, presupuestadas y supervisables.
Una vez más, el Congreso le apuesta a la retórica progresista, mientras deja intacto el fondo del problema. Cambiar la ley es fácil. Lo difícil —y lo que sigue sin hacerse— es cambiar el sistema.
Jul 10, 2025 | Noticias
Bajo la consigna de priorizar la voz de las víctimas, el Congreso del Estado de Jalisco presentó los resultados de las Mesas de Trabajo de la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas. Aunque el acto estuvo revestido de discursos sensibles y llamados a la unidad institucional, persiste una distancia abismal entre los compromisos políticos y la realidad que enfrentan miles de familias.
La diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión, informó que se identificaron cincuenta acciones interinstitucionales orientadas a combatir la crisis. Entre las propuestas pendientes destacan la ampliación del sistema de videovigilancia C5 en regiones del interior del estado, la simplificación de trámites para acceder al Fondo de Ayuda y un aumento presupuestal para personal especializado.
Sin embargo, la mención de “acciones pendientes” resulta paradójica en un estado que acumula más de 15 mil personas desaparecidas, donde las madres y colectivos han reemplazado al Estado como principales buscadoras. ¿Qué significa una “ruta clara” si la justicia sigue sin alcanzar a los responsables ni a las víctimas?
Roberto Alarcón Estrada, Coordinador Estratégico de Seguridad, y Edna Montoya Sánchez, Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, enfatizaron que “hablar de desaparecidos no es solo referirse a estadísticas, sino a familias con una herida abierta”. El reconocimiento es válido, pero insuficiente. Mientras se pronuncian frases conmovedoras en la sede legislativa, los colectivos siguen cavando con sus propias manos en predios baldíos, exigiendo respuestas a un aparato estatal que se muestra lento, desarticulado y, en ocasiones, omiso.
El diputado José Luis Tostado Bastidas, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que se busca “transformar el dolor en justicia” mediante acciones legislativas. Sin embargo, la justicia real no se mide en pronunciamientos, sino en carpetas judiciales efectivas, en sentencias, en identificación de cuerpos y, sobre todo, en la localización de personas con vida.
La presencia de activistas como Martha Leticia García Cruz, del colectivo “Entre el Cielo y la Tierra”, y Héctor Rodolfo Flores González, de “Luz de Esperanza”, otorgó a la sesión un rostro humano que contrastó con la frialdad técnica del discurso institucional. Sus organizaciones, como muchas otras, no solo han documentado omisiones, sino que han sido víctimas de criminalización y vigilancia por parte de autoridades que, en teoría, deberían protegerlas.
También asistieron diputados de diversos partidos como Claudia Murguía, Montserrat Pérez, Valeria Ávila, Tonatiuh Bravo, entre otros. Una pluralidad política que, hasta ahora, ha sido incapaz de articular una agenda de Estado frente a uno de los problemas más graves de la entidad.
Lo presentado no es irrelevante. Pero mientras las “mesas de trabajo” avancen más en retórica que en resultados, mientras los recursos se diluyan en estructuras burocráticas en lugar de llegar a las víctimas, y mientras la estrategia sea más mediática que operativa, la crisis de desapariciones en Jalisco seguirá siendo una herida abierta, no solo para quienes buscan, sino para una sociedad que aún no ha sabido responder con dignidad al horror que la atraviesa.
Las víctimas no exigen mesas: exigen verdad, justicia y memoria. Y el tiempo, para ellas, no es una variable política: es una urgencia vital.
