La Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso de Jalisco, presidida por la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, aprobó reformas a la Ley de Salud Mental y Adicciones que, en el discurso, buscan fortalecer la atención en esta materia bajo un enfoque integral y de derechos humanos. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles advierten que los cambios legislativos corren el riesgo de quedarse en el papel si no van acompañados de presupuesto, infraestructura y políticas públicas efectivas.
Las modificaciones plantean sumar al Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El objetivo es reforzar la coordinación institucional y garantizar que las personas con trastornos mentales o adicciones reciban atención prioritaria, sin criminalización y con rutas de rehabilitación e inclusión social.
En teoría, estas medidas buscan proteger derechos, garantizar igualdad y evitar la discriminación. No obstante, en la práctica Jalisco enfrenta un déficit de centros especializados, insuficiencia de personal capacitado y una alta demanda de servicios que sobrepasa la capacidad estatal.
Durante la sesión también se aprobó reformar el artículo 186 de la Ley de Salud, para precisar los derechos de los profesionales, técnicos y auxiliares del sector. Se habla de “cuidar a quienes nos cuidan”, con perspectiva de género y juventudes. Pero el gremio sanitario ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de condiciones laborales dignas: bajos salarios, jornadas extenuantes y escasa protección frente a riesgos psicosociales.
Aunque en el Congreso se aplauden las reformas como un paso hacia un sistema “más humano, justo y eficiente”, lo cierto es que sin recursos suficientes, programas preventivos efectivos y seguimiento real, los avances podrían quedar como promesas legislativas.
Participaron en la sesión las diputadas Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, María Candelaria Ochoa Ávalos y Lourdes Celenia Contreras González, así como el diputado Isaías Cortés Berúmen.
Con la mira puesta en el uso responsable del agua y la vigilancia ciudadana sobre los recursos públicos, la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso de Jalisco aprobó reformas clave a la Ley del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Las modificaciones, impulsadas por la diputada Mariana Casillas Guerrero, buscan contener los abusos en el consumo hídrico, fortalecer la rendición de cuentas y dar un paso hacia una gestión más equitativa y transparente del recurso.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de un área especializada de fiscalización enfocada en grandes consumidores, la cual operará con autonomía técnica. Además, el Consejo Técnico Ciudadano de Transparencia —integrado por representantes de cada municipio— tendrá ahora la facultad de solicitar auditorías financieras y de desempeño, lo que permitirá una supervisión más estricta de cómo se capta, distribuye y cobra el servicio de agua en la zona metropolitana.
Durante la sesión celebrada en el salón Guillermo Ramos Ruiz del Congreso local, Casillas Guerrero enfatizó que esta iniciativa no representa una nueva carga administrativa, sino que fortalece la estructura existente del SIAPA con mecanismos de vigilancia más eficaces y participación social. “No se trata de crear más burocracia, sino de construir herramientas para una gestión hídrica transparente y responsable, que responda tanto a la crisis ambiental como a las exigencias ciudadanas”, subrayó.
En la misma sesión, la Comisión aprobó también la celebración de mesas técnicas para discutir la iniciativa que busca regular las plataformas de hospedaje digital en Jalisco. La propuesta —que toma como referencia modelos legislativos de ciudades como Barcelona y Ciudad de México— responde a la creciente expansión de plataformas como Airbnb, cuyo impacto sobre la vivienda, el ordenamiento urbano y el acceso al alquiler ha generado tensiones en diversas zonas metropolitanas.
Casillas adelantó que en septiembre se instalarán foros abiertos a especialistas, académicos, funcionarios y ciudadanía, con el propósito de recoger insumos que fortalezcan el dictamen final. “Queremos garantizar el derecho a habitar la ciudad y evitar que el fenómeno del hospedaje digital desplace a quienes han vivido históricamente en sus colonias, especialmente ante eventos como el Mundial 2026, que ya está presionando el mercado inmobiliario”, señaló.
Ambas iniciativas reflejan un intento por responder a problemáticas complejas con una legislación más participativa y con enfoque territorial. Ahora queda en manos del Pleno del Congreso traducir estas reformas en acciones concretas que impacten positivamente en el acceso al agua y en el derecho a la ciudad.
Mientras los casos de VIH en Jalisco siguen en aumento y persisten los rezagos estructurales en la atención, el Congreso local organizó una mesa de trabajo titulada “Diálogos Diversos: Capítulo por una Vihda Digna”, un ejercicio que, aunque anunciado como parte del proceso para crear una Ley Estatal para la Prevención y Atención Integral del VIH y el SIDA, dejó más preguntas que certezas sobre el compromiso real del Estado.
La diputada Montserrat Pérez Cisneros encabezó la jornada con un discurso enfocado en “reivindicar derechos” y “dar continuidad a los grandes pendientes legislativos en materia de diversidad”. Sin embargo, durante el evento predominó el tono institucional y las promesas de siempre: capacitación, diagnóstico temprano, coordinación interinstitucional. Es decir, el mismo recetario que desde hace años se repite sin traducirse en políticas públicas efectivas.
El dato revelado por las autoridades de salud estatal —mil 121 nuevos casos registrados en 2024, en personas entre 15 y 49 años— evidencia que las estrategias actuales son, en el mejor de los casos, insuficientes. A pesar de ello, funcionarios como Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, y Margarita Mondragón, directora del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, se limitaron a enumerar acciones ya conocidas: talleres, actualizaciones y esquemas “en construcción”.
En contraste, los representantes de la sociedad civil expusieron una realidad mucho más cruda: diagnósticos tardíos, burocracia paralizante, falta de tratamientos y un sistema de salud que sigue excluyendo a poblaciones clave como las personas trans. Denunciaron también la inexistencia de programas de detección oportuna, la fragmentación institucional y la escasa voluntad para implementar políticas con enfoque de derechos humanos.
Los colectivos insistieron en que no basta con escuchar sus voces en una mesa de diálogo, si sus propuestas no se traducen en reformas legales vinculantes y presupuestos etiquetados. La crítica fue clara: mientras se llenan salones con autoridades y legisladores para hablar del VIH, en la práctica, el Estado continúa ausente en barrios, clínicas y zonas rurales donde el estigma y la falta de acceso a medicamentos aún determinan el curso de la enfermedad.
Entre las asistentes estuvieron las diputadas Valeria Ávila y Mariana Casillas, así como representantes municipales de Diversidad Sexual de Guadalajara, Zapopan, Jocotepec y Tala. También acudieron activistas como Víctor Dante Galicia, del Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos contra el SIDA, y Felipe Anzures, especialista en salud pública. Aun con su experiencia y diagnóstico puntual, lo cierto es que su presencia se sintió más como cuota de legitimación que como parte de un proceso realmente incluyente.
La diputada Pérez Cisneros cerró el encuentro con la promesa de “seguir trabajando”, pero no aclaró plazos, mecanismos ni alcances legislativos concretos. Así, la tan anunciada “vihda digna” parece seguir siendo, por ahora, un concepto aspiracional atrapado entre declaraciones bien intencionadas y una estructura institucional que sigue postergando su responsabilidad.
Si el Congreso del Estado quiere de verdad saldar la deuda histórica con las personas que viven con VIH, no bastan foros ni fotos de grupo. Se requiere legislación efectiva, presupuesto garantizado y voluntad política para romper con décadas de omisión, negligencia y simulación.
Entre diagnósticos aún pendientes, indicadores “por definir” y nuevas promesas de protección ambiental, la más reciente mesa de trabajo del “Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030: Río Santiago” dejó más preguntas que certezas. Legisladores y funcionarios repitieron fórmulas conocidas sin presentar resultados concretos, mientras comunidades afectadas por la contaminación del río siguen esperando soluciones reales.
Moderada por la diputada Mariana Casillas Guerrero, la sesión reunió a autoridades estatales, representantes del Congreso y titulares de dependencias relacionadas, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Pese a los nombres, la discusión se mantuvo en un plano declarativo y técnico, sin asumir responsabilidades por el rezago histórico ni comprometer fechas, presupuestos o sanciones por incumplimiento.
Paola Bauche Petersen, titular de Semadet, insistió en la necesidad de realizar un diagnóstico actualizado de la cuenca del Río Santiago, reconociendo, en los hechos, que las cifras disponibles no alcanzan para tomar decisiones efectivas. Habló de modernizar plantas de tratamiento, mejorar la calidad del monitoreo del agua y establecer programas de detección temprana de enfermedades renales en escuelas, pero omitió detallar cuántas plantas funcionan actualmente conforme a la norma, o qué instituciones han fracasado en su operación.
Entre sus anuncios, destaca la intención de impulsar un decreto para proteger seis áreas naturales más, incluido el “Cerro del 4”. Sin embargo, no se explicó si esta protección implicará acciones concretas o si, como ha ocurrido con otras áreas naturales protegidas en Jalisco, quedará como una etiqueta legal sin vigilancia ni presupuesto.
Los diputados presentes —Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, Edgar Enrique Velázquez González, Valeria Ávila Gutiérrez, Tonatiuh Bravo Padilla, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez y Candelaria Ochoa Ávalos— exigieron una vez más actualizar ordenamientos ecológicos municipales, evitar la deforestación, y consolidar estrategias de mitigación de la contaminación. Pero ninguno explicó por qué, en sus respectivas gestiones legislativas, no se han establecido mecanismos de fiscalización que obliguen a las autoridades a cumplir metas ambientales.
También demandaron que se transparenten los volúmenes de agua saneada y los niveles de cumplimiento normativo en las plantas de tratamiento. Exigencias válidas, pero que repiten las mismas omisiones de años anteriores: ¿quién sanciona el incumplimiento?, ¿qué dependencias son responsables?, ¿cuántos millones de pesos se han gastado sin resultados visibles?
Entre los funcionarios presentes estuvieron Mario López Pérez, de la CEA; Cynthia Cantero, de Planeación; César Domínguez, de Inteligencia en Salud, y Carlos Ramírez, de Cultura de Paz. Todos acompañaron la sesión sin ofrecer datos concretos que expliquen por qué, tras más de una década de políticas públicas orientadas al rescate del Río Santiago, éste sigue siendo uno de los cuerpos de agua más contaminados del país, y una de las principales fuentes de enfermedad y muerte en comunidades ribereñas.
Mientras tanto, las zonas de restauración ecológica siguen siendo insuficientes, la deforestación avanza, y las enfermedades renales continúan cobrándose vidas en silencio. Lo que la mesa dejó en evidencia es que Jalisco no necesita más planes: necesita cumplir los que ya tiene, rendir cuentas y, sobre todo, dejar de gobernar a base de discursos.
