Bajo la consigna de priorizar la voz de las víctimas, el Congreso del Estado de Jalisco presentó los resultados de las Mesas de Trabajo de la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas. Aunque el acto estuvo revestido de discursos sensibles y llamados a la unidad institucional, persiste una distancia abismal entre los compromisos políticos y la realidad que enfrentan miles de familias.
La diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión, informó que se identificaron cincuenta acciones interinstitucionales orientadas a combatir la crisis. Entre las propuestas pendientes destacan la ampliación del sistema de videovigilancia C5 en regiones del interior del estado, la simplificación de trámites para acceder al Fondo de Ayuda y un aumento presupuestal para personal especializado.
Sin embargo, la mención de “acciones pendientes” resulta paradójica en un estado que acumula más de 15 mil personas desaparecidas, donde las madres y colectivos han reemplazado al Estado como principales buscadoras. ¿Qué significa una “ruta clara” si la justicia sigue sin alcanzar a los responsables ni a las víctimas?
Roberto Alarcón Estrada, Coordinador Estratégico de Seguridad, y Edna Montoya Sánchez, Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, enfatizaron que “hablar de desaparecidos no es solo referirse a estadísticas, sino a familias con una herida abierta”. El reconocimiento es válido, pero insuficiente. Mientras se pronuncian frases conmovedoras en la sede legislativa, los colectivos siguen cavando con sus propias manos en predios baldíos, exigiendo respuestas a un aparato estatal que se muestra lento, desarticulado y, en ocasiones, omiso.
El diputado José Luis Tostado Bastidas, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que se busca “transformar el dolor en justicia” mediante acciones legislativas. Sin embargo, la justicia real no se mide en pronunciamientos, sino en carpetas judiciales efectivas, en sentencias, en identificación de cuerpos y, sobre todo, en la localización de personas con vida.
La presencia de activistas como Martha Leticia García Cruz, del colectivo “Entre el Cielo y la Tierra”, y Héctor Rodolfo Flores González, de “Luz de Esperanza”, otorgó a la sesión un rostro humano que contrastó con la frialdad técnica del discurso institucional. Sus organizaciones, como muchas otras, no solo han documentado omisiones, sino que han sido víctimas de criminalización y vigilancia por parte de autoridades que, en teoría, deberían protegerlas.
También asistieron diputados de diversos partidos como Claudia Murguía, Montserrat Pérez, Valeria Ávila, Tonatiuh Bravo, entre otros. Una pluralidad política que, hasta ahora, ha sido incapaz de articular una agenda de Estado frente a uno de los problemas más graves de la entidad.
Lo presentado no es irrelevante. Pero mientras las “mesas de trabajo” avancen más en retórica que en resultados, mientras los recursos se diluyan en estructuras burocráticas en lugar de llegar a las víctimas, y mientras la estrategia sea más mediática que operativa, la crisis de desapariciones en Jalisco seguirá siendo una herida abierta, no solo para quienes buscan, sino para una sociedad que aún no ha sabido responder con dignidad al horror que la atraviesa.
Las víctimas no exigen mesas: exigen verdad, justicia y memoria. Y el tiempo, para ellas, no es una variable política: es una urgencia vital.
Con 7 votos a favor y 4 en contra, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que autoriza un incremento del 9.65% en las tarifas del agua para 2025, una decisión que, aunque se presenta como “matizada” frente a la propuesta original del SIAPA (12.7%), sigue generando cuestionamientos sobre su pertinencia, legitimidad y, sobre todo, eficacia.
Presidida por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, la comisión avaló el resolutivo tarifario tras meses de trabajo técnico y político, comparecencias con funcionarios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y mesas de diálogo multipartidistas. No obstante, el consenso no fue unánime: Morena, PRI, Futuro y el diputado independiente Alejandro Puerto votaron en contra al considerar que no existen condiciones técnicas, sociales ni éticas para justificar el aumento.
¿Pagar más por menos?
La paradoja es evidente: se autoriza un alza en las tarifas a pesar de que el propio dictamen reconoce las deficiencias históricas del SIAPA. De hecho, se plantean descuentos a usuarios de al menos 30 colonias donde, oficialmente, el servicio es deficiente. Es decir, el Congreso admite que hay agua turbia, cortes prolongados, infraestructura obsoleta y mala gestión… pero aun así avala cobrar más.
Los defensores del incremento —como el diputado Tonatiuh Bravo de Hagamos— justificaron su voto a favor asegurando que el nuevo dictamen obliga al SIAPA a entregar un “Plan de Acción Integral” con metas, indicadores y seguimiento trimestral, además de someterse a una auditoría externa. Sin embargo, estos compromisos suenan más a promesas tardías que a soluciones concretas. ¿Por qué no se exigió primero el cumplimiento de estos mecanismos de control antes de aprobar un alza tarifaria?
Argumentos encontrados, viejos problemas
El bloque opositor, encabezado por Itzul Barrera (Morena), Refugio Camarena (PRI), Tonantzin Cárdenas (Futuro) y Alejandro Puerto, fue claro: el incremento es injustificado mientras no se resuelvan las fallas estructurales del sistema. Coincidieron en que el SIAPA no ha demostrado una mínima capacidad de mejora operativa y que, lejos de ser una decisión técnica, el dictamen responde a una lógica recaudatoria disfrazada de planeación.
Y es que, aunque se presume como una actualización “responsable” —según los discursos de Movimiento Ciudadano y sus aliados—, la decisión parece estar motivada más por urgencias presupuestales que por un compromiso genuino con los derechos de los usuarios.
Votaron a favor del incremento las diputadas Gabriela Cárdenas, Adriana Medina, Mónica Magaña, José Luis Tostado de Movimiento Ciudadano, la panista Claudia Murguía, Tonatiuh Bravo Hagamos y el Guadalupe Buenrostro del Partido Verde.
Cuotas y desconfianza
Con el aumento aprobado, la cuota de administración para uso habitacional subirá a $83.67 pesos, en lugar de los $85.85 propuestos originalmente. Es un ajuste menor, pero simbólicamente contradictorio: se busca contener el descontento ciudadano con centavos mientras se sigue postergando la transformación de fondo del SIAPA.
La desconfianza hacia el organismo operador del agua no es nueva. Años de opacidad, desvío de recursos, obras inconclusas y omisiones sistemáticas han minado cualquier intento de legitimar sus decisiones técnicas. Por eso, prometer un plan, una auditoría o un informe trimestral ya no basta: lo que la ciudadanía exige son resultados tangibles, agua limpia y presión suficiente, no comunicados optimistas ni sesiones legislativas maquilladas.
¿Y el pleno?
El dictamen aún debe pasar por el Pleno del Congreso estatal en sesión programada para este jueves. Si bien la correlación de fuerzas anticipa su aprobación, el costo político no será menor. Con este aval, el Congreso de Jalisco no solo asume la defensa de una medida impopular, sino que se convierte, de facto, en cómplice de un modelo de gestión del agua que ha fallado una y otra vez.
Incrementar tarifas sin haber saneado al SIAPA es un mensaje peligroso: en Jalisco, se puede premiar la ineficiencia con más recursos. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se vuelve, año tras año, una carga económica para quienes menos tienen y más padecen las consecuencias del abandono institucional.
Bajo el título de “Búsqueda Integral y Coordinada de Personas Desaparecidas”, el Congreso del Estado albergó una mesa de trabajo que, más allá de soluciones reales, terminó por evidenciar la inercia institucional y la falta de resultados concretos frente a una de las crisis más graves que enfrenta Jalisco: la desaparición de más de 15 mil personas.
Moderada por la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, la sesión se presentó como un espacio para analizar las acciones previstas en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2030. Sin embargo, lo que quedó al descubierto fue un diagnóstico repetido, promesas vagas y estrategias que siguen en fase de diseño mientras la tragedia avanza.
Roberto Alarcón Estrada, coordinador general de Seguridad, admitió ante el pleno que las instituciones encargadas de la búsqueda no cuentan con lo más básico: personal capacitado, herramientas, ni una estructura funcional de coordinación. A cambio, propuso “programas comunitarios”, “senderos seguros” y “sistemas inteligentes de alerta temprana”, sin detallar cronogramas, presupuestos, o responsables operativos. Es decir, más intenciones que acciones.
Legisladores presentes reclamaron lo que las familias llevan años denunciando: protocolos obsoletos, colectivos buscadores sin respaldo legal ni protección, falta de indicadores claros para medir los avances, y un aparato estatal que responde tarde —cuando responde— a las denuncias de desaparición. Peor aún, se sigue sin atender la raíz: el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, fenómeno que sigue extendiéndose mientras las autoridades apenas lo mencionan.
La respuesta oficial fue, nuevamente, la evasiva. A pesar de la presencia del gabinete de seguridad en pleno —desde el Fiscal del Estado hasta el director del C5—, no hubo compromisos concretos. Ninguno habló de reforzar las capacidades forenses, ni de transparentar los datos que hoy se administran con opacidad. Tampoco se abordó la responsabilidad del propio Estado en casos de desaparición forzada.
Diputados de diversas bancadas insistieron en un enfoque de justicia restaurativa, apoyo psicológico a las familias, contratación de personal especializado y participación vinculante de los colectivos. Pero la experiencia indica que muchas de esas demandas ya han sido planteadas antes, sin resultados visibles.
Los asistentes a la mesa —entre ellos, figuras clave como Salvador González de los Santos (Fiscal del Estado), Edna Montoya (Inteligencia y Búsqueda), Lidia Canales (Vicefiscalía de Atención a Mujeres) y Cynthia Cantero (Planeación y Participación Ciudadana)— escucharon las críticas, pero evitaron responder con autocrítica o medidas de corto plazo.
Mientras en el Congreso se discuten conceptos, en los cerros, los campos y los lotes baldíos las familias siguen buscando a sus desaparecidos con sus propias manos, picos y palas. Y aunque el gobierno repita que hay un “plan estatal”, lo cierto es que, en Jalisco, la búsqueda sigue siendo ciudadana. Y la crisis, institucional.
