Bajo el título de “Búsqueda Integral y Coordinada de Personas Desaparecidas”, el Congreso del Estado albergó una mesa de trabajo que, más allá de soluciones reales, terminó por evidenciar la inercia institucional y la falta de resultados concretos frente a una de las crisis más graves que enfrenta Jalisco: la desaparición de más de 15 mil personas.
Moderada por la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, la sesión se presentó como un espacio para analizar las acciones previstas en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2030. Sin embargo, lo que quedó al descubierto fue un diagnóstico repetido, promesas vagas y estrategias que siguen en fase de diseño mientras la tragedia avanza.
Roberto Alarcón Estrada, coordinador general de Seguridad, admitió ante el pleno que las instituciones encargadas de la búsqueda no cuentan con lo más básico: personal capacitado, herramientas, ni una estructura funcional de coordinación. A cambio, propuso “programas comunitarios”, “senderos seguros” y “sistemas inteligentes de alerta temprana”, sin detallar cronogramas, presupuestos, o responsables operativos. Es decir, más intenciones que acciones.
Legisladores presentes reclamaron lo que las familias llevan años denunciando: protocolos obsoletos, colectivos buscadores sin respaldo legal ni protección, falta de indicadores claros para medir los avances, y un aparato estatal que responde tarde —cuando responde— a las denuncias de desaparición. Peor aún, se sigue sin atender la raíz: el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, fenómeno que sigue extendiéndose mientras las autoridades apenas lo mencionan.
La respuesta oficial fue, nuevamente, la evasiva. A pesar de la presencia del gabinete de seguridad en pleno —desde el Fiscal del Estado hasta el director del C5—, no hubo compromisos concretos. Ninguno habló de reforzar las capacidades forenses, ni de transparentar los datos que hoy se administran con opacidad. Tampoco se abordó la responsabilidad del propio Estado en casos de desaparición forzada.
Diputados de diversas bancadas insistieron en un enfoque de justicia restaurativa, apoyo psicológico a las familias, contratación de personal especializado y participación vinculante de los colectivos. Pero la experiencia indica que muchas de esas demandas ya han sido planteadas antes, sin resultados visibles.
Los asistentes a la mesa —entre ellos, figuras clave como Salvador González de los Santos (Fiscal del Estado), Edna Montoya (Inteligencia y Búsqueda), Lidia Canales (Vicefiscalía de Atención a Mujeres) y Cynthia Cantero (Planeación y Participación Ciudadana)— escucharon las críticas, pero evitaron responder con autocrítica o medidas de corto plazo.
Mientras en el Congreso se discuten conceptos, en los cerros, los campos y los lotes baldíos las familias siguen buscando a sus desaparecidos con sus propias manos, picos y palas. Y aunque el gobierno repita que hay un “plan estatal”, lo cierto es que, en Jalisco, la búsqueda sigue siendo ciudadana. Y la crisis, institucional.
