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Diputada Itzul Barrera propone eliminar la verificación vehicular y crear el modelo de Afinación Ciudadana Obligatoria

Diputada Itzul Barrera propone eliminar la verificación vehicular y crear el modelo de Afinación Ciudadana Obligatoria

Este lunes 14 de julio, la diputada Itzul Barrera Rodríguez presentó una iniciativa legislativa para eliminar el actual sistema de verificación vehicular y sustituirlo por un nuevo modelo denominado Afinación Ciudadana Obligatoria, propuesta que pretende dar respuesta a las múltiples quejas ciudadanas sobre los altos costos, la falta de efectividad y la concesión del servicio a una empresa extranjera.

Durante el acto, realizado en el Patio Central del Congreso de Jalisco, Barrera estuvo acompañada por diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena y de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, así como por integrantes de colectivos ambientales, ciudadanos y compañeros del activista asesinado Alejandro Gobel, impulsor de la causa.

“La verificación vehicular ha sido un negocio más que una política ambiental. Hoy proponemos un modelo justo, eficaz y basado en la corresponsabilidad ciudadana”, afirmó la legisladora.


De la recaudación a la participación

La propuesta plantea reemplazar el esquema actual —operado por la empresa estadounidense Worldwide Environmental Products (WEP) mediante un contrato de más de 7 mil millones de pesos— por un sistema basado en afinaciones técnicas obligatorias, realizadas en talleres mecánicos certificados por el Estado.

El nuevo modelo contempla:

Eliminar cobros excesivos y discrecionales.

Incentivar la economía local mediante empleo en talleres autorizados.

Establecer auditorías, bitácoras y control estatal.

Reconocer la afinación como herramienta técnica real para reducir emisiones contaminantes.

Ofrecer incentivos por cumplimiento anticipado.

Revisar la legalidad y viabilidad del contrato con WEP.


La iniciativa recoge el trabajo ciudadano realizado durante años por Gobel y su asociación “Afinación sí, Verificación no”, y representa una alternativa que —según Barrera— emana directamente del pueblo.

Un homenaje convertido en iniciativa

En su intervención, la legisladora dedicó la propuesta a Alejandro Gobel, activista ambiental asesinado por su labor de denuncia y organización social contra el actual modelo de verificación:

“Hoy esta causa llega al Congreso, y con ella, también la memoria de Alejandro. Su lucha no fue en vano”, expresó visiblemente conmovida.


Respaldo legislativo y exigencia ciudadana

Durante la presentación, varios legisladores manifestaron su respaldo. Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador de Morena en el Congreso, afirmó que es momento de responder al reclamo popular con una propuesta viable y ética. “No se trata solo de política, se trata de justicia social y ambiental”, dijo.

Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Hagamos, subrayó que el medio ambiente no debe ser una concesión ni un negocio: “El actual sistema criminaliza la pobreza. Esta propuesta plantea soluciones técnicas sin excluir a quienes menos tienen”, puntualizó.

Tonantzin Cárdenas, presidenta del grupo parlamentario de Futuro, se sumó al respaldo destacando el trabajo de los colectivos ciudadanos. “No hay política ambiental válida si no pone al pueblo en el centro”, declaró.

Reivindicación colectiva

Representantes de organizaciones ciudadanas y ambientalistas señalaron que la iniciativa presentada por Gobel en la legislatura anterior, respaldada por más de 6 mil firmas, fue ignorada. Ahora, con este nuevo impulso, esperan que el Congreso escuche.

“No pedimos favores. Exigimos políticas públicas que no se usen para recaudar, sino para sanar el aire que respiramos”, denunciaron.


Una nueva etapa para la política ambiental

La propuesta de Afinación Ciudadana Obligatoria será turnada a comisiones para su análisis, pero ya logró abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el derecho a un medio ambiente sano y el papel del Estado en su garantía.

“Sí se puede cuidar el medio ambiente sin castigar a los de abajo. Aquí estamos: con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, concluyó Barrera.

Paridad simulada y protección con letra chiquita: reformas constitucionales que no tocan el fondo

Paridad simulada y protección con letra chiquita: reformas constitucionales que no tocan el fondo

Con el discurso de erradicar la discriminación y salvaguardar a las víctimas de violencia, el Congreso de Jalisco aprobó este jueves reformas a la Constitución local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, las modificaciones aprobadas por la LXIV Legislatura no hacen más que reafirmar —sin corregir de raíz— las fallas estructurales que perpetúan la exclusión de las mujeres y la revictimización institucional.

Uno de los cambios destacados fue incluir el principio de paridad en los nombramientos del Poder Ejecutivo. Esto, en teoría, obliga al titular del gobierno estatal a considerar una integración equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos públicos. Pero en los hechos, se trata de una medida sin dientes: no establece mecanismos de verificación, sanción ni temporalidad. Es decir, el gobernador podrá seguir eligiendo a conveniencia, siempre que guarde una apariencia formal de paridad. Otra simulación institucional para cubrir cuotas sin transformar estructuras.

Por otro lado, las reformas a la ley de violencia de género incorporan una disposición que obliga a garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento cuando un agresor es retirado del domicilio por orden de protección. El problema es que esta medida, lejos de centrarse en el bienestar de la víctima, se enfoca en cuidar los derechos patrimoniales del agresor, asegurando que sus “obligaciones contractuales” sigan vigentes. La norma no asegura que las víctimas queden libres de cargas económicas, ni ofrece alternativas para acceder a una vivienda segura. ¿Qué pasa si la víctima es quien firmó el contrato y depende económicamente del agresor? ¿Quién garantiza entonces su seguridad habitacional?

Las reformas, aunque presentadas con bombo y platillo, eluden los debates incómodos: no se discute la inoperancia de las órdenes de protección, la falta de albergues, ni la impunidad que reina en los casos de violencia familiar. Tampoco se atiende la precariedad en la que muchas mujeres viven tras denunciar, ni se cuestiona el rol omiso —y muchas veces cómplice— de instituciones como la Fiscalía o el DIF.

Jalisco es uno de los estados con más altos índices de violencia de género, desapariciones y feminicidios. Frente a este escenario, las modificaciones legislativas aprobadas no son más que retoques cosméticos a un marco jurídico que sigue sin garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En lugar de reformas profundas y con perspectiva integral, se opta por enunciar principios sin traducirlos en políticas públicas tangibles, presupuestadas y supervisables.

Una vez más, el Congreso le apuesta a la retórica progresista, mientras deja intacto el fondo del problema. Cambiar la ley es fácil. Lo difícil —y lo que sigue sin hacerse— es cambiar el sistema.

Fracasa mesa de trabajo sobre seguridad por ausencia de legisladores; sólo asistieron emecistas

Fracasa mesa de trabajo sobre seguridad por ausencia de legisladores; sólo asistieron emecistas

Una vez más, el Congreso del Estado se vio marcado por el vacío de representación y la desidia legislativa. La mañana de este jueves, una mesa de trabajo clave sobre seguridad y desapariciones fue ignorada por diputadas y diputados de todas las bancadas, excepto Movimiento Ciudadano (MC). Pese a la gravedad del tema y la convocatoria expresa, no acudieron representantes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, Futuro, PT ni del Partido Verde.

El objetivo del encuentro era analizar el contenido del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 en materia de seguridad pública, un documento que pretende definir el rumbo de Jalisco frente a la violencia, los feminicidios y las desapariciones. La cita estaba marcada para las 9:00 horas bajo el título “Jalisco tranquilo y en paz”, pero el vacío legislativo convirtió la mesa en un monólogo oficialista.

Los únicos presentes fueron los diputados emecistas José Luis Tostado y Adriana Medina, quienes recibieron a tres funcionarios del Gabinete de Seguridad: Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad; Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad; y el fiscal general Salvador González. También fueron convocadas Tonantzin Cárdenas (futurista) y Yussara Canales (Partido Verde), pero tampoco acudieron.

Durante su exposición, Alarcón Estrada reveló que hay identificadas 231 problemáticas en seguridad pública y que los delitos de mayor impacto, como homicidios dolosos, feminicidios y desapariciones, siguen marcando la agenda estatal. Hasta marzo de 2025, dijo, hay un registro de 15 mil 534 personas desaparecidas en Jalisco.

El funcionario también reconoció que más de la mitad de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara se sienten inseguros, y que la corrupción, la impunidad y la falta de profesionalización en cuerpos policiales son factores que alimentan la desconfianza ciudadana. “En términos generales, hay desconfianza en las instituciones policiales”, sentenció.

Sin embargo, lo más revelador no fue lo dicho, sino lo que quedó sin decir por los ausentes. La diputada emecista Adriana Medina lamentó la ausencia de legisladores que suelen criticar con vehemencia al Gobierno del Estado, pero no se presentaron cuando había oportunidad de cuestionar cara a cara a los responsables de la seguridad.

“Lamentable la ausencia de diputados para aquellos que se la pasan gritando en los espacios del foro que exigen cuentas, es la segunda ocasión que está presente en el Congreso todo el Gabinete de Seguridad y no se presentó nadie. Todos aquellos que utilizan la tribuna falsamente sólo para cuestionar, aquí lo demostraron: vienen por la mañana, nadie presente”, declaró.

La diputada Yussara Canales justificó su ausencia con el argumento de que tenía otro compromiso previamente agendado. Por su parte, la futurista Tonantzin Cárdenas alegó una urgencia familiar.

La inasistencia no sólo exhibe falta de compromiso, sino una preocupante desconexión con la realidad de miles de familias jaliscienses que buscan a sus seres queridos desaparecidos. En lugar de confrontar y exigir resultados, los legisladores optaron por el silencio.

La sesión siguiente, programada para las 12:00 del mismo día con integrantes del Poder Judicial, también fue cancelada debido a que Morena, el PRI, el PAN, Miguel de la Rosa e Itzul Barrera no acudieron.

En resumen, la jornada fue una postal más de la política vacía, donde el discurso se impone sobre la acción, y donde quienes deberían representar los intereses de la ciudadanía optan por el ausentismo como norma. En Jalisco, la ausencia también mata.