La crisis por el suministro de agua turbia en la Zona Metropolitana de Guadalajara escaló este lunes al terreno político y sanitario. La diputada local de Morena, Marta Arizmendi Fombona, urgió a declarar una alerta sanitaria ante las constantes quejas de miles de familias que denuncian recibir agua con mal olor, coloración oscura y en condiciones insalubres por parte del SIAPA.
Desde Guadalajara, la legisladora acusó que el problema dejó de ser una falla operativa para convertirse en un riesgo directo a la salud pública, al advertir posibles infecciones gastrointestinales, enfermedades cutáneas y afectaciones graves para sectores vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
“Esto ya es una alerta sanitaria”, sostuvo Arizmendi, quien criticó que las autoridades “actúan como si no pasara nada”, pese al creciente malestar ciudadano por la calidad del agua que llega a colonias de la metrópoli.
La diputada adelantó que presentará un exhorto para obligar al organismo operador a implementar medidas emergentes de apoyo social, entre ellas la entrega gratuita de pastillas de cloro para desinfectar tinacos y cisternas, filtros básicos para hogares afectados y el envío oportuno de pipas con agua potable.
Además, exigió transparencia total sobre las colonias impactadas y la publicación permanente de análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua distribuida, en medio de una crisis que ha golpeado la credibilidad del SIAPA y del gobierno estatal encabezado por Movimiento Ciudadano.
Arizmendi también arremetió contra la administración estatal al señalar que existen propuestas técnicas y académicas para resolver el deterioro del sistema hidráulico, pero acusó falta de voluntad política para atender el problema de fondo.
“Prefieren administrar la crisis que resolverla y cuidar su narrativa antes que atender al pueblo”, lanzó la legisladora morenista.
La diputada recordó además que su iniciativa denominada “Sin Agua Limpia No Hay Pago”, actualmente en análisis en la Comisión de Hacienda del Congreso local, plantea descuentos, compensaciones e incluso condonaciones a usuarios cuando el servicio no cumpla con estándares mínimos de calidad.
En un tono abiertamente político, emplazó a las y los diputados de Movimiento Ciudadano a definir si respaldarán nuevamente al SIAPA o a las familias afectadas por la mala calidad del agua.
Mientras tanto, la problemática del agua turbia continúa acumulando reportes ciudadanos en distintos municipios metropolitanos, evidenciando una crisis de infraestructura y confianza institucional que el SIAPA no ha logrado contener.
En otro tema, la legisladora informó sobre una mesa de trabajo con especialistas, organismos internacionales y organizaciones civiles para fortalecer su iniciativa contra el turismo sexual infantil en Jalisco. Señaló que el objetivo es construir una legislación más sólida para prevenir y erradicar este delito en la entidad.
La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso de Jalisco aprobó modificaciones que, en teoría, buscan “modernizar” los requisitos para ser titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). El órgano legislativo, presidido por Mariana Casillas Guerrero, también avaló la incorporación de representantes sindicales a la Junta de Gobierno del organismo.
El cambio, presentado como una actualización normativa, abre más preguntas que certezas. Los requisitos para encabezar el SIAPA han sido modificados en más de una ocasión, siempre con la justificación de “adecuar el perfil a los tiempos actuales”. Sin embargo, detrás de cada ajuste se percibe un tufo de acomodo político: flexibilizar condiciones para que determinada figura pueda llegar o endurecerlas para cerrar el paso a perfiles incómodos.
La inclusión de representantes sindicales en la Junta de Gobierno, aunque en principio parece democratizadora, corre el riesgo de convertirse en una formalidad sin impacto real, si no se acompañan de facultades claras y capacidad de decisión frente al control que ejercen los municipios y el Ejecutivo estatal sobre el organismo.
La sesión también aprobó que inquilinos en situación económica precaria puedan acceder a la Procuraduría Social para contar con defensoría. Una medida positiva, pero mínima si se contrasta con la magnitud del problema habitacional y la ausencia de una política de vivienda digna en el estado. Se trata más de un paliativo que de una solución estructural.
En la reunión, realizada de manera virtual, participaron las diputadas María Candelaria Ochoa Ávalos y Valeria Ávila Gutiérrez, así como el legislador Martín Franco Cuevas. La sesión cerró con la entrega del Primer Informe de Actividades de la Comisión, un ejercicio burocrático que rara vez despierta interés ciudadano.
La verdadera pregunta es si estos cambios al marco normativo del SIAPA responden a una necesidad técnica o a un cálculo político. Mientras el organismo sigue hundido en deudas, con redes de agua colapsadas y con una ciudadanía que paga caro por un servicio deficiente, los legisladores parecen más ocupados en ajustar reglamentos que en exigir cuentas al organismo.
Lo aprobado en comisiones es apenas un recordatorio: en Jalisco, el agua sigue siendo botín político, y el SIAPA, lejos de convertirse en un ente eficiente y autónomo, continúa sujeto a las negociaciones de poder que se cocinan en el Congreso.
La diputada de Morena, Itzul Barrera, presentó ante el Congreso de Jalisco una iniciativa de reforma a la Ley del Agua para el Estado y sus Municipios, con el objetivo de rescatar al SIAPA y garantizar el acceso equitativo al agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“En Guadalajara, el agua llega sucia o simplemente no llega. Y aun así, la cobran”, denunció la legisladora en tribuna, al señalar que el organismo operador del agua se encuentra colapsado: más de un tercio del recurso se pierde en fugas, existen tuberías con más de un siglo de antigüedad, el líquido no cumple con las normas oficiales y el 90 por ciento de las familias dependen de garrafones para su consumo.
Barrera criticó que, mientras persisten estas carencias, el SIAPA mantiene nóminas infladas y deudas millonarias, dejando en abandono a la ciudadanía. “En cada colonia, la gente me pide lo mismo: Itzul, ayúdanos con el agua. No es justo pagar un servicio que no llega o que llega sucio”, expresó.
Los puntos de la iniciativa
La propuesta legislativa contempla cambios profundos en el modelo de gestión del organismo:
Descuentos permanentes a adultos mayores y personas con discapacidad.
Tarifas justas y subsidios para familias de bajos ingresos.
Derecho a no pagar cuando el agua no llegue o llegue contaminada.
Borrón y cuenta nueva para usuarios con deudas impagables.
Rendición de cuentas y auditorías ciudadanas como mecanismo de control.
Para la diputada, el agua no debe tratarse como un privilegio ni como un negocio controlado por unos cuantos. “Defendemos el agua porque defendemos la dignidad. El agua no puede seguir siendo un negocio de unos cuantos. Mientras estemos en este Congreso, vamos a pelear cada día para que el agua vuelva a ser de la gente”, concluyó.
Con esta iniciativa, Barrera busca abrir un debate de fondo sobre la crisis del agua en Guadalajara, donde la escasez, la mala calidad del servicio y las tarifas desproporcionadas se han convertido en una de las principales quejas sociales.
Con el objetivo de garantizar que los recursos públicos se traduzcan en beneficios tangibles para la ciudadanía, la diputada Brenda Carrera García, acompañada del diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, anunció un paquete de acciones de seguimiento en dos temas de alto impacto social: la gestión del SIAPA y las condiciones del Parque Luis Quintanar.
Durante rueda de prensa, Carrera García subrayó que su voto a favor del ajuste de tarifas del agua obedeció a la necesidad de fortalecer la infraestructura hídrica y asegurar el acceso al vital líquido para las familias de Jalisco, y no como un respaldo a malas prácticas administrativas. En ese sentido, adelantó que solicitará una auditoría externa que revise finanzas, contratos, nómina e infraestructura del organismo, con el fin de corregir deficiencias, transparentar el uso de los recursos y garantizar un servicio eficiente, tarifas justas y agua de calidad.
Auditoría integral al SIAPA
Los legisladores plantearon la exigencia de una auditoría integral y transparente al organismo operador, que incluya la revisión financiera y contable de sus cuentas, en particular la cartera vencida superior a 17 mil millones de pesos. También se pedirá la revisión del padrón de industrias y comercios con registros irregulares, la legalidad y eficacia de contratos con despachos externos, la conciliación de ingresos reportados, así como la transparencia en licitaciones, adquisiciones y compras de los últimos cinco años.
La evaluación deberá considerar además la nómina y compensaciones, posibles plazas irregulares, el estado real de la red hidráulica, niveles de fugas, cumplimiento de mantenimientos y eficiencia en el servicio.
Carrera García y Alfaro García insistieron en que se deben publicar los estados financieros de forma abierta a la ciudadanía, actualizar el padrón de usuarios, eliminar privilegios, contratar perfiles técnicos y garantizar que cada peso invertido se traduzca en agua de calidad, presión suficiente y tarifas justas. En caso de detectarse irregularidades, deberán aplicarse responsabilidades administrativas o incluso penales.
Caso Parque Luis Quintanar
En cuanto al Parque Luis Quintanar, inaugurado hace menos de un año con una inversión superior a 864 millones de pesos, la diputada Carrera lamentó que la obra presente ya severos daños tras la tormenta del pasado 28 de junio.
Señaló la necesidad de una auditoría técnica y administrativa para esclarecer si existieron fallas en la planeación, contratación o ejecución de la obra, recordando que este caso revela la urgencia de establecer procesos más rigurosos y transparentes en la obra pública, de manera que cada peso invertido garantice infraestructura segura, duradera y al servicio de la población.
Ambos diputados coincidieron en que el interés superior es el de la ciudadanía, por lo que seguirán dando seguimiento desde el Congreso del Estado a estos temas, acompañando auditorías externas, impulsando sanciones a los responsables y asegurando que los recursos públicos se reflejen en mejores servicios y espacios para la gente.
Con la mira puesta en el uso responsable del agua y la vigilancia ciudadana sobre los recursos públicos, la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso de Jalisco aprobó reformas clave a la Ley del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Las modificaciones, impulsadas por la diputada Mariana Casillas Guerrero, buscan contener los abusos en el consumo hídrico, fortalecer la rendición de cuentas y dar un paso hacia una gestión más equitativa y transparente del recurso.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de un área especializada de fiscalización enfocada en grandes consumidores, la cual operará con autonomía técnica. Además, el Consejo Técnico Ciudadano de Transparencia —integrado por representantes de cada municipio— tendrá ahora la facultad de solicitar auditorías financieras y de desempeño, lo que permitirá una supervisión más estricta de cómo se capta, distribuye y cobra el servicio de agua en la zona metropolitana.
Durante la sesión celebrada en el salón Guillermo Ramos Ruiz del Congreso local, Casillas Guerrero enfatizó que esta iniciativa no representa una nueva carga administrativa, sino que fortalece la estructura existente del SIAPA con mecanismos de vigilancia más eficaces y participación social. “No se trata de crear más burocracia, sino de construir herramientas para una gestión hídrica transparente y responsable, que responda tanto a la crisis ambiental como a las exigencias ciudadanas”, subrayó.
En la misma sesión, la Comisión aprobó también la celebración de mesas técnicas para discutir la iniciativa que busca regular las plataformas de hospedaje digital en Jalisco. La propuesta —que toma como referencia modelos legislativos de ciudades como Barcelona y Ciudad de México— responde a la creciente expansión de plataformas como Airbnb, cuyo impacto sobre la vivienda, el ordenamiento urbano y el acceso al alquiler ha generado tensiones en diversas zonas metropolitanas.
Casillas adelantó que en septiembre se instalarán foros abiertos a especialistas, académicos, funcionarios y ciudadanía, con el propósito de recoger insumos que fortalezcan el dictamen final. “Queremos garantizar el derecho a habitar la ciudad y evitar que el fenómeno del hospedaje digital desplace a quienes han vivido históricamente en sus colonias, especialmente ante eventos como el Mundial 2026, que ya está presionando el mercado inmobiliario”, señaló.
Ambas iniciativas reflejan un intento por responder a problemáticas complejas con una legislación más participativa y con enfoque territorial. Ahora queda en manos del Pleno del Congreso traducir estas reformas en acciones concretas que impacten positivamente en el acceso al agua y en el derecho a la ciudad.
