Sep 26, 2025 | Trabajo legislativo
La diputada de Morena, Itzul Barrera, presentó ante el Congreso de Jalisco una iniciativa de reforma a la Ley del Agua para el Estado y sus Municipios, con el objetivo de rescatar al SIAPA y garantizar el acceso equitativo al agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“En Guadalajara, el agua llega sucia o simplemente no llega. Y aun así, la cobran”, denunció la legisladora en tribuna, al señalar que el organismo operador del agua se encuentra colapsado: más de un tercio del recurso se pierde en fugas, existen tuberías con más de un siglo de antigüedad, el líquido no cumple con las normas oficiales y el 90 por ciento de las familias dependen de garrafones para su consumo.
Barrera criticó que, mientras persisten estas carencias, el SIAPA mantiene nóminas infladas y deudas millonarias, dejando en abandono a la ciudadanía. “En cada colonia, la gente me pide lo mismo: Itzul, ayúdanos con el agua. No es justo pagar un servicio que no llega o que llega sucio”, expresó.
Los puntos de la iniciativa
La propuesta legislativa contempla cambios profundos en el modelo de gestión del organismo:
Descuentos permanentes a adultos mayores y personas con discapacidad.
Tarifas justas y subsidios para familias de bajos ingresos.
Derecho a no pagar cuando el agua no llegue o llegue contaminada.
Borrón y cuenta nueva para usuarios con deudas impagables.
Rendición de cuentas y auditorías ciudadanas como mecanismo de control.
Para la diputada, el agua no debe tratarse como un privilegio ni como un negocio controlado por unos cuantos. “Defendemos el agua porque defendemos la dignidad. El agua no puede seguir siendo un negocio de unos cuantos. Mientras estemos en este Congreso, vamos a pelear cada día para que el agua vuelva a ser de la gente”, concluyó.
Con esta iniciativa, Barrera busca abrir un debate de fondo sobre la crisis del agua en Guadalajara, donde la escasez, la mala calidad del servicio y las tarifas desproporcionadas se han convertido en una de las principales quejas sociales.
Jul 11, 2025 | Trabajo legislativo
Con el discurso de erradicar la discriminación y salvaguardar a las víctimas de violencia, el Congreso de Jalisco aprobó este jueves reformas a la Constitución local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, las modificaciones aprobadas por la LXIV Legislatura no hacen más que reafirmar —sin corregir de raíz— las fallas estructurales que perpetúan la exclusión de las mujeres y la revictimización institucional.
Uno de los cambios destacados fue incluir el principio de paridad en los nombramientos del Poder Ejecutivo. Esto, en teoría, obliga al titular del gobierno estatal a considerar una integración equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos públicos. Pero en los hechos, se trata de una medida sin dientes: no establece mecanismos de verificación, sanción ni temporalidad. Es decir, el gobernador podrá seguir eligiendo a conveniencia, siempre que guarde una apariencia formal de paridad. Otra simulación institucional para cubrir cuotas sin transformar estructuras.
Por otro lado, las reformas a la ley de violencia de género incorporan una disposición que obliga a garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento cuando un agresor es retirado del domicilio por orden de protección. El problema es que esta medida, lejos de centrarse en el bienestar de la víctima, se enfoca en cuidar los derechos patrimoniales del agresor, asegurando que sus “obligaciones contractuales” sigan vigentes. La norma no asegura que las víctimas queden libres de cargas económicas, ni ofrece alternativas para acceder a una vivienda segura. ¿Qué pasa si la víctima es quien firmó el contrato y depende económicamente del agresor? ¿Quién garantiza entonces su seguridad habitacional?
Las reformas, aunque presentadas con bombo y platillo, eluden los debates incómodos: no se discute la inoperancia de las órdenes de protección, la falta de albergues, ni la impunidad que reina en los casos de violencia familiar. Tampoco se atiende la precariedad en la que muchas mujeres viven tras denunciar, ni se cuestiona el rol omiso —y muchas veces cómplice— de instituciones como la Fiscalía o el DIF.
Jalisco es uno de los estados con más altos índices de violencia de género, desapariciones y feminicidios. Frente a este escenario, las modificaciones legislativas aprobadas no son más que retoques cosméticos a un marco jurídico que sigue sin garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En lugar de reformas profundas y con perspectiva integral, se opta por enunciar principios sin traducirlos en políticas públicas tangibles, presupuestadas y supervisables.
Una vez más, el Congreso le apuesta a la retórica progresista, mientras deja intacto el fondo del problema. Cambiar la ley es fácil. Lo difícil —y lo que sigue sin hacerse— es cambiar el sistema.
