En rueda de prensa, la diputada del Congreso del Estado, Candelaria Ochoa Ávalos, presentó un enérgico posicionamiento contra las recientes intervenciones realizadas en el Centro Histórico de Guadalajara, al denunciar sobrecostos injustificados, falta de planeación técnica y opacidad administrativa tanto por parte del Gobierno del Estado como del Ayuntamiento tapatío.
La legisladora señaló que entre 2018 y 2026 se han anunciado inversiones que oscilan entre 400 y 450 millones de pesos para el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, advirtió que los recursos aparecen agrupados bajo conceptos genéricos, lo que impide conocer con precisión cuánto se ha gastado realmente por cada obra y por cada metro cuadrado intervenido.
El señalamiento más contundente se centró en la remodelación de la Plaza Liberación, cuyo costo reportado asciende a 200 millones de pesos. Ochoa Ávalos calificó el monto como desproporcionado al compararlo con obras de alta complejidad ejecutadas en el país.
Entre los ejemplos citados se encuentran el Hospital Regional de Lagos de Moreno, con un costo estimado de entre 360 y 460 millones de pesos, equipado con quirófanos y tecnología especializada; un edificio administrativo de seis niveles en Guanajuato, construido por 227 millones de pesos; y el Puente Matute Remus, obra de ingeniería avanzada con una inversión de entre 300 y 400 millones de pesos.
“Es un engaño estético y financiero. Una plaza pública, sin edificación nueva ni sistemas especializados, costó lo mismo que un hospital o un puente de ingeniería avanzada, y lo peor: se ve casi igual que antes”, sentenció la diputada.
Ochoa Ávalos también puso énfasis en el estacionamiento subterráneo Tres Poderes, obra que, de acuerdo con la documentación presentada, ha recibido recursos de manera constante desde 2022, acumulando una inversión que podría superar los 100 millones de pesos.
Pese a este gasto, el inmueble presenta filtraciones, humedad y deterioro prematuro, lo que, advirtió, podría evidenciar una posible doble contabilidad, al facturarse una misma obra como intervención urbana y como rehabilitación estructural, sin un desglose público claro ni fichas financieras detalladas.
Ante lo que calificó como irregularidades graves, la diputada anunció que desde la tribuna del Congreso de Jalisco exigirá formalmente:
La publicación del desglose completo del gasto, por obra y por año.
Transparencia total de contratos, estimaciones y convenios estatales y municipales.
La presentación del avalúo técnico que justifique el gasto de 200 millones de pesos en Plaza Liberación.
Una auditoría integral e inmediata al estacionamiento Tres Poderes.
Un informe sobre las garantías de obra, ante el deterioro ya visible.
“El dinero no es de los gobiernos, es de la gente. Venimos a exigir que el gasto público se ejerza con responsabilidad y evidencia técnica, no bajo decisiones sin sustento que solo alimentan la opacidad”, concluyó.
La glosa del Primer Informe volvió a exhibir un Congreso estatal disperso, desordenado y poco comprometido con la rendición de cuentas. Ayer, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Fabiola Loya, llegó puntual a su comparecencia; los diputados, no. Apenas 12 legisladores aparecieron, insuficientes para integrar quórum. El resultado: sesión cancelada, preguntas sin responder y una funcionaria obligada a entregar su informe por escrito en Oficialía de Partes.
Para Loya, la inasistencia no fue un simple descuido. La secretaria expresó su indignación al señalar que la ausencia de los diputados revela no solo falta de interés en su agenda —que incluye la estrategia Pulso de Vida, avances en las Unidades Especializadas Policiales, la apertura de un sexto Centro de Justicia para las Mujeres y más de 80 dispositivos rastreadores para agresores—, sino una evidente desatención hacia las mujeres de Jalisco.
La molestia de la funcionaria no fue aislada. Desde el pleno, legisladoras como Claudia Murguía lamentaron que, pese a otorgar un margen de espera, las curules de Movimiento Ciudadano y Morena siguieran vacías. El diputado presidente Julio Hurtado tampoco llegó, presuntamente por los bloqueos viales. En el resto de las bancadas comenzaron las justificaciones y el clásico “echarse la bolita”.
El episodio resulta especialmente grave porque forma parte de un patrón: desde que inició la glosa el 18 de noviembre, la inasistencia de diputados ha sido constante. El nuevo formato prometía comparecencias más ágiles y con preguntas de mayor profundidad; en lugar de ello, se ha vuelto un escaparate de desinterés.
La ironía es amarga: mientras en el calendario marcaba 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Congreso de Jalisco dejó sin espacio a la secretaria encargada de presentar las acciones para atender justo esa agenda. Un mensaje claro —y no precisamente alentador— sobre las prioridades de la Legislatura.
En Jalisco, el poder político gusta de celebrar. De brindar, de presumirse cercano al pueblo y, si la ocasión lo amerita, de corear a todo pulmón letras que glorifican al crimen. No es nuevo. Lo novedoso, o más bien lo escandaloso, es el grado de cinismo con que hoy se encubre la desvergüenza desde los mismos curules del Congreso local.
Apenas corrió la noticia —documentada en video, difundida por MILENIO— de que el diputado emecista Luis Octavio Vidrio celebró su cumpleaños 51 al ritmo de narcocorridos, y la defensa no se hizo esperar. Llegó, como dictan los manuales de control de daños, con rostro amable y voz tibia, en boca de su compañera de bancada, la diputada Verónica Jiménez.
La legisladora reconoció su asistencia al convivio realizado en Tlajomulco —donde también figuró el alcalde Quirino Velázquez—, pero con una precisión digna de notario se deslindó del momento en que “se presentó el grupo musical”. Según su testimonio, se marcharon a las 6 de la tarde para alcanzar boletos a la semifinal de Astros. Lo que pasó después, dice, no les concierne.
Pero sí les concierne. Y mucho. Porque el escándalo no estriba sólo en la hora ni en la canción. El escándalo es político, es ético, es institucional. ¿Cómo explicar que mientras el gobernador Pablo Lemus promueve leyes para prohibir narcocorridos en eventos públicos, sus propios correligionarios los celebran en fiestas privadas con ediles y legisladores presentes? ¿Cuál es la congruencia de la fracción de MC que un día se presenta como adalid de la legalidad y al siguiente se escuda en la etiqueta de “evento privado” para justificar la exaltación del crimen organizado?
Verónica Jiménez lamenta que “se manche la imagen del Congreso” por este caso, pero lo que mancha no es la cobertura periodística ni la indignación ciudadana. Lo que mancha es la impunidad con la que se desenvuelven ciertos actores políticos, convencidos de que las formas ya no importan, de que la moral es relativa si hay votos o corridos de por medio.
Decir que “Luis no es así” es una defensa vacía, impropia del momento y del cargo. ¿Qué significa “no ser así” cuando se permite la interpretación pública de letras que glorifican a un capo como ‘El Mencho’ y se aplaude al cantante que cobra cientos de miles por narrar gestas de sangre y poder? Si no se es “así”, ¿por qué la permisividad? ¿Por qué la foto sonriente, la copa en mano, la normalización de la apología criminal?
Lo más preocupante es que esta clase de episodios se vuelve sintomática de algo mayor: la banalización de la violencia desde el poder. Hoy, un diputado canta y baila con narcocorridos. Mañana, votará por una reforma que busca prohibirlos. Y lo hará sin el menor asomo de contradicción.
En tiempos donde Jalisco sigue siendo rehén de los cárteles, cuando los desaparecidos se cuentan por miles y la autoridad batalla por recuperar la confianza ciudadana, los legisladores deberían ser ejemplo, no espectáculo. Si el Movimiento Ciudadano quiere preservar algo de autoridad moral, tiene que demostrarlo con algo más que comunicados y justificaciones de ocasión.
Porque una cosa es ir a la fiesta. Otra muy distinta es negar que se escuchó la música.
Y más aún, pretender que el narcocorrido no dice nada cuando lo dice todo.
“La mentira se vuelve política cuando se institucionaliza. Y cuando el poder canta, es porque ya no le importa quién escucha.”
