Los líderes de siete de los ocho grupos parlamentarios del Congreso de Jalisco —con Movimiento Ciudadano aún ausente— sostendrán este martes la primera lectura para analizar la Reforma Judicial, un paso clave para que el estado deje de ser uno de los tres en el país que aún no han definido su modelo, informó el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla.
El legislador detalló que la iniciativa plantea un nuevo sistema para la elección y organización de magistradas y magistrados, así como la estructura del Tribunal y del Tribunal de Justicia Administrativa. El propósito, afirmó, es asegurar que los mejores perfiles accedan a los cargos mediante comités de evaluación integrados por representantes de los tres poderes del Estado.
“Solo en caso de empate por puntuación o por criterios de paridad de género se recurrirá al método de sorteo o *tómbola*; el resto del proceso será estrictamente por evaluación”, explicó Bravo Padilla.
El diputado lamentó la ausencia de Movimiento Ciudadano en el proceso. Dijo que su bancada ha solicitado en repetidas ocasiones la participación del partido naranja, pero su propuesta se ha pospuesto tres veces. “No podíamos seguir esperando porque Jalisco está en condición de pena nacional por ser uno de los tres estados que no ha avanzado en este tema”, declaró.
Aun así, precisó que las puertas continúan abiertas para que MC se sume a la discusión. “Ha faltado voluntad para coordinar el trabajo legislativo, pero seguimos apostando por el diálogo. Esta reforma busca renovar el Poder Judicial y responder a las personas que han sufrido por la falta de justicia”, concluyó.
Por su parte, la bancada de Morena confirmó que proyectan aprobar la reforma judicial sin el acompañamiento de Movimiento Ciudadano. En conferencia de prensa conjunta, legisladores del PRI, PAN, Morena, Hagamos, Futuro y PT destacaron que el dictamen fue avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso y será sometido a votación en el pleno tras dos lecturas, como marca la Constitución.
El dictamen propone que los aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial sean evaluados mediante exámenes de conocimiento. Aquellos con las mejores calificaciones podrán competir en la elección judicial de 2027.
El coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, aclaró que el proceso de insaculación se mantendrá únicamente como método de desempate. “La insaculación se queda como un mecanismo para resolver casos en que dos aspirantes tengan empate o en los que haya temas de paridad de género”, precisó.
Entre los cambios más relevantes, el dictamen establece que los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa serán elegidos por votación, aunque este modelo no aplicará al Instituto de Justicia Alternativa (IJA). También contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura del Estado, replicando la estructura federal.
Además, se plantea dividir el Poder Judicial en 20 distritos judiciales, tomando como referencia los distritos electorales.
Las fracciones parlamentarias coincidieron en que la propuesta representa un avance hacia un Poder Judicial más transparente y meritocrático. Sin embargo, la falta de consenso con Movimiento Ciudadano podría anticipar un debate intenso en el pleno durante las próximas semanas.
Los diputados de Jalisco antes de irse de vacaciones decidieron engordar la nómina del Poder Legislativo. Y no, no es para atender una urgencia social ni para mejorar la productividad parlamentaria. Es, como suele ocurrir, para abrirle la puerta a más contrataciones… discrecionales.
El acuerdo interno C.A.P.L. -05-LXIV, cocinado el 25 de julio en la Comisión de Administración, les da vía libre para cubrir vacantes por muerte, jubilación, renuncia o retiro voluntario, pero sin pasar por el incómodo trámite de una convocatoria abierta. Un traje a la medida, bajo la figura de “supernumerarios”, ese término que suena técnico, pero que en la práctica significa que el personal entra por recomendación, no por concurso.
La votación de la propuesta presentada por la emecista Esther Monserrat Pérez Cisneros fue mayoritariamente favorable. Solo el coordinador legislativo de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, se atrevió a oponerse. Una abstención solitaria de la diputada de Futuro acompañó la resistencia. El resto —MC, Morena, PAN, PRI, PVEM, PT— aplaudió con entusiasmo digno de una boda de compadres.
El chiste se cuenta solo: el Congreso ya tiene 649 plazas de sobra, según el IMCO. Pero en vez de adelgazar la nómina, la engordan sin pudor. Se escudan en que las contrataciones son “necesarias”, cuando todos saben que son necesarias… para los compromisos políticos que cargan como costal.
No hay trampa nueva, solo la misma vieja receta: aprobarlo rápido, disfrazarlo de procedimiento técnico y asegurar que nadie se quede sin su cuota de recomendados.
En resumen, el Legislativo vuelve a demostrar que cuando hay voluntad… para contratar, no hay obstáculo que valga. Y mientras tanto, el ciudadano sigue viendo cómo su dinero se transforma en nómina, en vez de en leyes útiles.
El Diputado de Morena, Martín Franco Cuevas, presentó ante el Congreso de Jalisco la llamada Ley de Desarrollo Sustentable del Agave, una iniciativa que, según sus impulsores, busca proteger la Denominación de Origen Tequila (DOT) y “hacer justicia” a los 42 mil productores de agave que laboran en los cinco estados con esta denominación: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. La propuesta pretende, entre otras cosas, acabar con la sobreproducción, erradicar monopolios y dejar fuera a los llamados “coyotes” que compran barato el agave para revenderlo.
La iniciativa, arropada por legisladores locales, federales y dirigentes de Morena, promete ordenar el sector creando un nuevo organismo federal que regule a los productores, en sustitución del Consejo Regulador del Tequila (CRT), al que Franco Cuevas acusó de “mantener hundidos y manipulados” a los campesinos. Sin embargo, la propuesta despierta suspicacias: el nuevo ente estaría bajo control directo de la Secretaría de Agricultura y de la Secretaría de Economía, lo que abre la puerta a un mayor centralismo político en un sector que históricamente ha sido presa de intereses económicos y partidistas.
Entre sus puntos, la ley también busca imponer límites de plantación, prohibir la compra-venta de agave fuera de la DOT y fijar precios de referencia junto con instituciones académicas. Pero críticos señalan que el exceso de restricciones podría sofocar la libre competencia y beneficiar únicamente a quienes ya tienen vínculos con el aparato federal.
“Este documento es producto de más de 30 años de lucha”, aseguró Franco Cuevas ante cientos de productores. No obstante, para algunos analistas, la iniciativa podría terminar siendo más un instrumento de control político que una verdadera solución para los problemas estructurales del campo agavero, donde los pequeños productores siguen enfrentando la volatilidad de precios, el dominio de grandes industriales y la falta de apoyos técnicos y financieros.
Mientras tanto, la iniciativa avanza con el respaldo de la bancada de Morena, que ya anunció que la acompañará hasta su eventual discusión en la Cámara de Diputados federal. La pregunta que queda en el aire es si esta nueva ley servirá realmente para equilibrar la balanza en el sector o si solo cambiará de manos el control de una de las industrias más lucrativas del país.
Hay silencios que se imponen con castigos. Y hay gritos que se apagan con garrotes. Hace 15 días, Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, cometió el “pecado” de tener rabia. No era institucional, no era partidaria. Era una rabia íntima, personal, visceral, nacida del dolor al ver las redadas contra migrantes en Estados Unidos. Respondió con una imagen simbólica y una frase cargada: “Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.
¿Ruda? Sí. ¿Vulgar? Quizá. ¿Violenta? No. Lo violento es separar familias, subir niños a jaulas, y aplicar la ley del miedo desde Washington hasta Chiapas. Lo violento fue lo que Melissa denunció. Pero a la política le gusta más la forma que el fondo, y por eso la dejaron sola.
Luisa María Alcalde miró hacia el techo. Claudia Sheinbaum calló. Y Pablo Lemus —sin deberla ni temerla— aprovechó el vacío para marcar distancia. Todos corrieron a deslindarse como si el fuego de una publicación pudiese extenderse hasta sus trajes de seda. Como si Melissa fuera un riesgo electoral. Como si no supieran que Melissa no hablaba por Morena, sino por ella misma.
Entonces apareció él: Christopher Landau, el virrey trumpista, diplomático jubilado y resucitado por el Departamento de Estado, quien decidió dar una lección ejemplar: “Personalmente ordené cancelar su visa”, dijo, como quien expulsa a un enemigo del Imperio. El tono no fue el de un funcionario: fue el de un amo molesto. El mensaje no fue para Melissa: fue para todos los que se atrevan a levantar la voz por los migrantes. “Así les irá”.
Y, claro, los medios afines tomaron nota. Pero no para defender a Melissa. Lo hicieron para exhibirla, repetir su tuit fuera de contexto, reventar su lenguaje sin mencionar su dolor. No se preguntó qué dijo, sino cómo lo dijo. No se analizó su fondo, sino su forma. Y así, la crítica al poder se convirtió en pretexto para aplaudir la censura.
Ahora, dos semanas después, la cacería mediática se reactivó. Esta vez, el blanco fue la diputada Itzul Barrera, justo el día en que presentó una ley integral en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En vez de preguntarle por su propuesta, la asediaron por el tuit de otra mujer. Y el más insistente fue el reportero Martín Aquino, del diario MURAL, quien pareciera tener un encargo más que una duda.
Melissa estuvo a unos metros del reportero, pero, decidió ignorarla y enfocarse en la diputada que días antes ya había perseguido buscando una declaración: Itzul Barrera.
Así, por medio del ‘chacaleo’, un grupo de reporteros cercó a la diputada morenista cuando terminó su presentación.
Aquino no buscaba respuestas, buscaba un tropiezo. Increpó, interrumpió, repreguntó. Insinuó que Melissa debía ser castigada, que Morena debía alinearse, que una diputada debía convertirse en policía del pensamiento de su equipo. El mensaje era claro: “¿De qué lado estás, Itzul?” No era entrevista: era una celada.
Pero Barrera no cayó. Respondió con firmeza: que no se puede auditar la conciencia ajena; que la libertad de expresión no caduca los domingos; que pensar distinto no es motivo de despido. Aclaró que Melissa en su desempeño ha sido impecable, y que en Morena —al menos en el que ella cree— no se castiga la disidencia. ¿Demasiado sensato para una rueda de prensa montada como emboscada?
Lo más preocupante no fueron las preguntas, sino el contexto. El silencio cómplice de otros reporteros. La omisión de los ejes de la ley que se presentó. El foco puesto en el escándalo, no en el contenido. Otra vez: la indignación legítima de una mujer quedó reducida a carne para chacaleo.
¿Quién gana con esta operación? La derecha disfrazada de pluralismo. La diplomacia que prefiere el orden a la justicia. Los medios que no preguntan para informar, sino para empujar agendas.
Melissa Cornejo no es una amenaza. Es un espejo. Refleja la incomodidad de una izquierda que aún teme a su propia rabia. Que prefiere la tibieza al conflicto. Que huye del costo de la solidaridad. Pero también encarna algo más: la dignidad de no quedarse callada.
Y si eso incomoda a embajadores, presidentas o reporteros en guardia, tal vez sea porque están demasiado cómodos en su propia sumisión.
Melissa no necesitaba una visa. Necesitaba respaldo.
Este sábado 25 de mayo, el periódico MURAL dió a conocer que, en diciembre de 2010, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, actual diputada federal con licencia y candidata a una diputación local plurinominal por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, fue sentenciada a seis meses de prisión por falsificación de documentos, presuntamente para apoderarse de una casa de manera fraudulenta.
El Juez Primero de lo Criminal con sede en Atotonilco El Alto determinó que “(Márquez Alkadef Cortés) es penalmente responsable en la comisión del delito de falsificación de documentos en general en su modalidad de uso (…) cometido en perjuicio de Ma. Celia Macías Hernández y Pablo Jaime Gutiérrez”. Fue condenada a seis meses de prisión en el Centro de Reinserción Femenil de Jalisco, a un régimen de trabajo y superación intelectual, y al pago de una multa equivalente a 100 días de salario mínimo en 2010, un total de 4,716 pesos.
De acuerdo con el expediente judicial, Márquez Alkadef Cortés presentó un contrato de compraventa falso para apropiarse de la finca que rentaba, después de que falleciera el hijo de los dueños, quien cobraba las rentas. Fue denunciada por los propietarios, a quienes supuestamente quiso engañar.
La acusada impugnó la resolución en tres ocasiones, pero en las tres fue ratificada, hasta que finalmente quedó firme la condena en su contra por parte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en octubre de 2014.
Hasta el cierre de la nota, la diputada con licencia no ha expresado ninguna opinión.
