Este lunes 14 de julio, la diputada Itzul Barrera Rodríguez presentó una iniciativa legislativa para eliminar el actual sistema de verificación vehicular y sustituirlo por un nuevo modelo denominado Afinación Ciudadana Obligatoria, propuesta que pretende dar respuesta a las múltiples quejas ciudadanas sobre los altos costos, la falta de efectividad y la concesión del servicio a una empresa extranjera.
Durante el acto, realizado en el Patio Central del Congreso de Jalisco, Barrera estuvo acompañada por diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena y de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, así como por integrantes de colectivos ambientales, ciudadanos y compañeros del activista asesinado Alejandro Gobel, impulsor de la causa.
“La verificación vehicular ha sido un negocio más que una política ambiental. Hoy proponemos un modelo justo, eficaz y basado en la corresponsabilidad ciudadana”, afirmó la legisladora.
De la recaudación a la participación
La propuesta plantea reemplazar el esquema actual —operado por la empresa estadounidense Worldwide Environmental Products (WEP) mediante un contrato de más de 7 mil millones de pesos— por un sistema basado en afinaciones técnicas obligatorias, realizadas en talleres mecánicos certificados por el Estado.
El nuevo modelo contempla:
Eliminar cobros excesivos y discrecionales.
Incentivar la economía local mediante empleo en talleres autorizados.
Establecer auditorías, bitácoras y control estatal.
Reconocer la afinación como herramienta técnica real para reducir emisiones contaminantes.
Ofrecer incentivos por cumplimiento anticipado.
Revisar la legalidad y viabilidad del contrato con WEP.
La iniciativa recoge el trabajo ciudadano realizado durante años por Gobel y su asociación “Afinación sí, Verificación no”, y representa una alternativa que —según Barrera— emana directamente del pueblo.
Un homenaje convertido en iniciativa
En su intervención, la legisladora dedicó la propuesta a Alejandro Gobel, activista ambiental asesinado por su labor de denuncia y organización social contra el actual modelo de verificación:
“Hoy esta causa llega al Congreso, y con ella, también la memoria de Alejandro. Su lucha no fue en vano”, expresó visiblemente conmovida.
Respaldo legislativo y exigencia ciudadana
Durante la presentación, varios legisladores manifestaron su respaldo. Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador de Morena en el Congreso, afirmó que es momento de responder al reclamo popular con una propuesta viable y ética. “No se trata solo de política, se trata de justicia social y ambiental”, dijo.
Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Hagamos, subrayó que el medio ambiente no debe ser una concesión ni un negocio: “El actual sistema criminaliza la pobreza. Esta propuesta plantea soluciones técnicas sin excluir a quienes menos tienen”, puntualizó.
Tonantzin Cárdenas, presidenta del grupo parlamentario de Futuro, se sumó al respaldo destacando el trabajo de los colectivos ciudadanos. “No hay política ambiental válida si no pone al pueblo en el centro”, declaró.
Reivindicación colectiva
Representantes de organizaciones ciudadanas y ambientalistas señalaron que la iniciativa presentada por Gobel en la legislatura anterior, respaldada por más de 6 mil firmas, fue ignorada. Ahora, con este nuevo impulso, esperan que el Congreso escuche.
“No pedimos favores. Exigimos políticas públicas que no se usen para recaudar, sino para sanar el aire que respiramos”, denunciaron.
Una nueva etapa para la política ambiental
La propuesta de Afinación Ciudadana Obligatoria será turnada a comisiones para su análisis, pero ya logró abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el derecho a un medio ambiente sano y el papel del Estado en su garantía.
“Sí se puede cuidar el medio ambiente sin castigar a los de abajo. Aquí estamos: con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, concluyó Barrera.
Con el discurso de erradicar la discriminación y salvaguardar a las víctimas de violencia, el Congreso de Jalisco aprobó este jueves reformas a la Constitución local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, las modificaciones aprobadas por la LXIV Legislatura no hacen más que reafirmar —sin corregir de raíz— las fallas estructurales que perpetúan la exclusión de las mujeres y la revictimización institucional.
Uno de los cambios destacados fue incluir el principio de paridad en los nombramientos del Poder Ejecutivo. Esto, en teoría, obliga al titular del gobierno estatal a considerar una integración equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos públicos. Pero en los hechos, se trata de una medida sin dientes: no establece mecanismos de verificación, sanción ni temporalidad. Es decir, el gobernador podrá seguir eligiendo a conveniencia, siempre que guarde una apariencia formal de paridad. Otra simulación institucional para cubrir cuotas sin transformar estructuras.
Por otro lado, las reformas a la ley de violencia de género incorporan una disposición que obliga a garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento cuando un agresor es retirado del domicilio por orden de protección. El problema es que esta medida, lejos de centrarse en el bienestar de la víctima, se enfoca en cuidar los derechos patrimoniales del agresor, asegurando que sus “obligaciones contractuales” sigan vigentes. La norma no asegura que las víctimas queden libres de cargas económicas, ni ofrece alternativas para acceder a una vivienda segura. ¿Qué pasa si la víctima es quien firmó el contrato y depende económicamente del agresor? ¿Quién garantiza entonces su seguridad habitacional?
Las reformas, aunque presentadas con bombo y platillo, eluden los debates incómodos: no se discute la inoperancia de las órdenes de protección, la falta de albergues, ni la impunidad que reina en los casos de violencia familiar. Tampoco se atiende la precariedad en la que muchas mujeres viven tras denunciar, ni se cuestiona el rol omiso —y muchas veces cómplice— de instituciones como la Fiscalía o el DIF.
Jalisco es uno de los estados con más altos índices de violencia de género, desapariciones y feminicidios. Frente a este escenario, las modificaciones legislativas aprobadas no son más que retoques cosméticos a un marco jurídico que sigue sin garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En lugar de reformas profundas y con perspectiva integral, se opta por enunciar principios sin traducirlos en políticas públicas tangibles, presupuestadas y supervisables.
Una vez más, el Congreso le apuesta a la retórica progresista, mientras deja intacto el fondo del problema. Cambiar la ley es fácil. Lo difícil —y lo que sigue sin hacerse— es cambiar el sistema.
En un hecho sin precedentes recientes dentro del Congreso de Jalisco, la diputada local Brenda Guadalupe Carrera García presentó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, en contra de la también legisladora Martha Estela Arizmendi Fombona, actual presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo. La acusa de incurrir en el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 146 del Código Penal estatal.
La denuncia surge a raíz de lo sucedido en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el pasado 10 de junio. Según expone Carrera, bajo la conducción de Arizmendi se aprobó, de forma irregular, un acuerdo legislativo para removerla de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, sin que se reuniera la mayoría absoluta que exige la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, particularmente en sus artículos 72 fracción IV y 185 fracción III.
Lo más grave, según la legisladora denunciante, es que la advertencia de esta irregularidad fue realizada en plena sesión y desechada sin procedimiento legal alguno por la propia presidenta de la Mesa Directiva, quien desestimó el reclamo y oficializó la remoción, en contravención directa al marco normativo vigente y vulnerando derechos políticos.
Para Carrera, el acto no es menor ni un simple diferendo interno, sino que constituye un precedente autoritario peligroso para el Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Advierte que la normalización de decisiones ilegales desde órganos de dirección parlamentaria representa una amenaza seria a la división de poderes y al equilibrio institucional. “Permitir que se impongan medidas sin respetar los procedimientos establecidos abre la puerta a la arbitrariedad”, sostiene.
La legisladora afirma que su denuncia responde a la necesidad de defender los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso parlamentario, principios que —a su juicio— han sido transgredidos por Martha Arizmendi y su bancada. De manera tajante señala que “una votación que no alcanzó el umbral legal no puede derivar en una decisión válida, y hacerlo es imponer por encima de la ley”.
Carrera solicitó también que, una vez integrada la carpeta de investigación, se tramite la declaratoria de procedencia para retirar el fuero constitucional a Arizmendi y poder procesarla penalmente. Esto, argumenta, es un paso indispensable para garantizar que ningún servidor público esté por encima de la ley, especialmente quienes encabezan los órganos del poder legislativo.
En su comunicado, Brenda Carrera advierte que lo ocurrido no debe interpretarse como un conflicto personal o político, sino como un acto en defensa del estado de derecho. Subraya que el Congreso debe ser un espacio de deliberación libre y legal, no un mecanismo de imposiciones ni un instrumento de mayorías circunstanciales para acallar voces disidentes.
Este episodio deja al descubierto las tensiones internas al interior del Congreso del Estado, donde el ejercicio del poder parece, cada vez más, depender de alianzas momentáneas y mayorías numéricas, antes que del respeto al marco normativo. Lo que hoy está en juego —más allá del nombre de una comisión— es la integridad del proceso legislativo y la legitimidad de las decisiones parlamentarias.
Mientras la Fiscalía Anticorrupción del Estado analiza la procedencia de esta denuncia, el Congreso de Jalisco enfrenta un nuevo reto a su credibilidad institucional. Si el órgano que debe legislar con apego a la ley se permite actuar al margen de ella, ¿qué garantía queda para el resto del sistema democrático?
Lo que sigue es clave: si se demuestra que hubo abuso de autoridad por parte de quien preside la Mesa Directiva, no sólo estará en entredicho la legalidad de su actuar, sino la validez de todas las decisiones que, en esa misma lógica, se hayan tomado en nombre de la “mayoría”.
El respeto a la norma —no el conteo de manos alzadas— es lo que define un verdadero Congreso de la legalidad. Y lo ocurrido el 10 de junio, según esta denuncia, dista mucho de eso.
