Abr 27, 2026 | Noticias
En medio de cuestionamientos públicos por un presunto enriquecimiento ilícito, la diputada local Candelaria Ochoa Ávalos salió a fijar postura con un ejercicio que, si bien se presenta como rendición de cuentas, también exhibe grietas en los propios mecanismos de transparencia del estado.
Con documentos en mano, la legisladora aseguró que su patrimonio es resultado de 42 años de trabajo como asalariada y servidora pública, negando categóricamente cualquier irregularidad. Detalló que ha cumplido de manera constante con sus obligaciones fiscales y de transparencia ante el SAT y la Contraloría del Congreso de Jalisco.
En un intento por desactivar la polémica, Ochoa desglosó el origen de sus bienes: una primera propiedad adquirida en 1997 mediante crédito FOVISSSTE; una segunda en 2011 vía INFONAVIT; y una tercera vivienda que —precisó— no le pertenece, sino a su padre de 102 años, bajo su cuidado. Asimismo, informó que posee dos vehículos, uno destinado al traslado médico de su padre y otro para uso personal.
Sin embargo, el fondo del problema no radica únicamente en la narrativa de la diputada, sino en las inconsistencias que ella misma denunció en la plataforma estatal de transparencia. Según expuso, pese a haber solicitado la publicidad de su declaración patrimonial, los registros oficiales la mostraban con bienes en “cero”, lo que abre dudas sobre la confiabilidad del sistema y alimenta la desinformación.
“Soy una de las pocas legisladoras que ha pedido voluntariamente que su información esté disponible para consulta pública”, afirmó, al tiempo que subrayó que no cuenta con empresas ni declaración de intereses, pues —dijo— siempre ha vivido de su salario.
La controversia escaló al terreno mediático. Ochoa anunció que solicitó formalmente derecho de réplica a TV Azteca y Grupo Fórmula, a quienes acusa de difundir información distorsionada. El señalamiento no es menor: coloca en la mesa el delicado equilibrio entre la fiscalización periodística y la responsabilidad en el manejo de datos incompletos o erróneos.
Más allá de la defensa puntual, el caso deja al descubierto un problema estructural: la transparencia no solo depende de la voluntad del funcionario, sino de la integridad de las plataformas institucionales y de la calidad del escrutinio público. Cuando alguno de estos elementos falla, el resultado es un terreno fértil para la sospecha.
La diputada adelantó que el próximo 1 de mayo presentará su declaración patrimonial correspondiente a 2025, insistiendo en que lo hará bajo los mismos criterios de apertura que —asegura— ha mantenido desde 2012. Quedará por ver si ese ejercicio logra disipar las dudas o si, por el contrario, confirma que en materia de transparencia, la forma sigue siendo tan relevante como el fondo.
Sep 26, 2025 | Trabajo legislativo
La Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso de Jalisco, presidida por la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, aprobó reformas a la Ley de Salud Mental y Adicciones que, en el discurso, buscan fortalecer la atención en esta materia bajo un enfoque integral y de derechos humanos. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles advierten que los cambios legislativos corren el riesgo de quedarse en el papel si no van acompañados de presupuesto, infraestructura y políticas públicas efectivas.
Las modificaciones plantean sumar al Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El objetivo es reforzar la coordinación institucional y garantizar que las personas con trastornos mentales o adicciones reciban atención prioritaria, sin criminalización y con rutas de rehabilitación e inclusión social.
En teoría, estas medidas buscan proteger derechos, garantizar igualdad y evitar la discriminación. No obstante, en la práctica Jalisco enfrenta un déficit de centros especializados, insuficiencia de personal capacitado y una alta demanda de servicios que sobrepasa la capacidad estatal.
Durante la sesión también se aprobó reformar el artículo 186 de la Ley de Salud, para precisar los derechos de los profesionales, técnicos y auxiliares del sector. Se habla de “cuidar a quienes nos cuidan”, con perspectiva de género y juventudes. Pero el gremio sanitario ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de condiciones laborales dignas: bajos salarios, jornadas extenuantes y escasa protección frente a riesgos psicosociales.
Aunque en el Congreso se aplauden las reformas como un paso hacia un sistema “más humano, justo y eficiente”, lo cierto es que sin recursos suficientes, programas preventivos efectivos y seguimiento real, los avances podrían quedar como promesas legislativas.
Participaron en la sesión las diputadas Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, María Candelaria Ochoa Ávalos y Lourdes Celenia Contreras González, así como el diputado Isaías Cortés Berúmen.
Jun 30, 2025 | Trabajo legislativo
Con un discurso esperanzador pero en un contexto marcado por la persistencia de prácticas excluyentes y simulaciones institucionales, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, de Morena, presidió la presentación de la Agenda de Incidencia en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en Jalisco 2025–2027, un esfuerzo impulsado por el Centro de Investigación para la Igualdad de Género A.C. (CIPIG) en el marco de un programa nacional coordinado por el INE.
El evento, celebrado en el Congreso del Estado, reunió a funcionarias, legisladoras, magistradas y representantes de órganos electorales, quienes respaldaron —al menos en el papel— una ruta de acción contra la violencia política de género. La exposición corrió a cargo de la Dra. Sandra Nadezhna Martínez Díaz Covarrubias, coordinadora del CIPIG, quien detalló los objetivos del proyecto y sus líneas de acción.
Sin embargo, la presentación de esta nueva agenda ocurre mientras persisten prácticas sistemáticas de exclusión, revictimización y desatención institucional en Jalisco. En la entidad, casos de acoso político, uso de recursos judiciales para intimidar a mujeres en cargos públicos, disparidades salariales y el nulo seguimiento a denuncias por violencia política siguen siendo el pan de cada día. De ahí que, aunque el documento contenga propuestas loables —como capacitar a órganos de control, elaborar diagnósticos de brechas salariales, formar redes multipartidistas y crear defensorías públicas—, la gran deuda institucional sigue siendo la implementación real.
La diputada Ochoa Ávalos, al frente de la Comisión de Igualdad Sustantiva, ha promovido iniciativas progresistas, pero ha enfrentado también señalamientos por falta de seguimiento y por priorizar foros o mesas de diálogo que no derivan en acciones concretas. En ese sentido, la agenda presentada parece repetir el mismo formato: diagnóstico, buena intención, y pocas garantías de ejecución.
Asistieron al evento otras legisladoras como Mariana Casillas Guerrero, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez y Montserrat Pérez Cisneros; así como la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en Jalisco, Fabiola Loya; el fiscal de delitos electorales, Carlos Rodríguez; y las magistradas Gabriela del Valle Pérez y Brenda Judith Serafín Morfín, entre otras autoridades. Todas con tribuna y micrófono, pero pocas con historial de combate efectivo frente a las estructuras partidistas o institucionales que reproducen la violencia política en razón de género.
Mientras tanto, organizaciones de base y defensoras de derechos humanos en el estado insisten en que los avances legales no han frenado el hostigamiento, la exclusión o la amenaza velada que enfrentan las mujeres al competir por cargos públicos o ejercer funciones con autonomía.
Así, la Agenda de Incidencia 2025–2027 queda en entredicho: ¿será un nuevo documento para engrosar el archivo de intenciones legislativas, o representará un punto de inflexión en la lucha por erradicar la violencia política de género en Jalisco? La respuesta, una vez más, no está en el foro, sino en la voluntad de los actores políticos —particularmente aquellos que suelen quedarse callados cuando la violencia ocurre en sus propias filas.
