Con un discurso esperanzador pero en un contexto marcado por la persistencia de prácticas excluyentes y simulaciones institucionales, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, de Morena, presidió la presentación de la Agenda de Incidencia en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en Jalisco 2025–2027, un esfuerzo impulsado por el Centro de Investigación para la Igualdad de Género A.C. (CIPIG) en el marco de un programa nacional coordinado por el INE.
El evento, celebrado en el Congreso del Estado, reunió a funcionarias, legisladoras, magistradas y representantes de órganos electorales, quienes respaldaron —al menos en el papel— una ruta de acción contra la violencia política de género. La exposición corrió a cargo de la Dra. Sandra Nadezhna Martínez Díaz Covarrubias, coordinadora del CIPIG, quien detalló los objetivos del proyecto y sus líneas de acción.
Sin embargo, la presentación de esta nueva agenda ocurre mientras persisten prácticas sistemáticas de exclusión, revictimización y desatención institucional en Jalisco. En la entidad, casos de acoso político, uso de recursos judiciales para intimidar a mujeres en cargos públicos, disparidades salariales y el nulo seguimiento a denuncias por violencia política siguen siendo el pan de cada día. De ahí que, aunque el documento contenga propuestas loables —como capacitar a órganos de control, elaborar diagnósticos de brechas salariales, formar redes multipartidistas y crear defensorías públicas—, la gran deuda institucional sigue siendo la implementación real.
La diputada Ochoa Ávalos, al frente de la Comisión de Igualdad Sustantiva, ha promovido iniciativas progresistas, pero ha enfrentado también señalamientos por falta de seguimiento y por priorizar foros o mesas de diálogo que no derivan en acciones concretas. En ese sentido, la agenda presentada parece repetir el mismo formato: diagnóstico, buena intención, y pocas garantías de ejecución.
Asistieron al evento otras legisladoras como Mariana Casillas Guerrero, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez y Montserrat Pérez Cisneros; así como la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en Jalisco, Fabiola Loya; el fiscal de delitos electorales, Carlos Rodríguez; y las magistradas Gabriela del Valle Pérez y Brenda Judith Serafín Morfín, entre otras autoridades. Todas con tribuna y micrófono, pero pocas con historial de combate efectivo frente a las estructuras partidistas o institucionales que reproducen la violencia política en razón de género.
Mientras tanto, organizaciones de base y defensoras de derechos humanos en el estado insisten en que los avances legales no han frenado el hostigamiento, la exclusión o la amenaza velada que enfrentan las mujeres al competir por cargos públicos o ejercer funciones con autonomía.
Así, la Agenda de Incidencia 2025–2027 queda en entredicho: ¿será un nuevo documento para engrosar el archivo de intenciones legislativas, o representará un punto de inflexión en la lucha por erradicar la violencia política de género en Jalisco? La respuesta, una vez más, no está en el foro, sino en la voluntad de los actores políticos —particularmente aquellos que suelen quedarse callados cuando la violencia ocurre en sus propias filas.
