El Congreso de Jalisco, a propuesta de la diputada Verónica Jiménez Vázquez y en coordinación con el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presentó una iniciativa para castigar como fraude a quienes operen “escuelas” sin reconocimiento oficial. La medida llega tras detectar más de una decena de instituciones que vendían un servicio educativo inexistente y expedían documentos sin validez para revalidar estudios; niñas, niños y adolescentes se toparon con certificados inútiles al intentar avanzar de nivel.
En lo declarativo, el proyecto apunta en la dirección correcta: reforma al Código Penal del Estado, penas de prisión, multas y obligación expresa de informar por escrito a madres y padres si el plantel cuenta —o no— con RVOE. También se subraya que en Jalisco existen más de 2,800 escuelas privadas incorporadas, y se exhorta a verificar antes de inscribir.
La pregunta incómoda es otra: ¿dónde falló el Estado mientras estos negocios operaron a la vista de todos? Tipificar no sustituye la vigilancia previa ni la reparación del daño. Si hubo una “decena” de academias detectadas, entonces hubo omisión regulatoria; convertir la estafa en delito no corrige por sí mismo los vacíos de inspección, ni devuelve a las y los afectados los ciclos escolares perdidos.
Lo que sí resuelve… y lo que no
Sí: abre una ruta punitiva clara contra operadores que engañan a familias, y obliga a la transparencia documental de los centros privados.
No: no garantiza por sí misma revalidaciones exprés, becas de contingencia o acompañamiento jurídico para las víctimas. Tampoco blinda contra publicidad engañosa si no se coordinan educación, PROFECO y fiscalías.
Supervisión proactiva: inspecciones periódicas con criterios públicos (no solo por denuncia). ¿Habrá metas trimestrales y reportes abiertos?
Puerta de salida para víctimas: un mecanismo extraordinario de revalidación y bolsas de apoyo para quienes cursaron en planteles apócrifos; la sanción penal sin reparación es justicia a medias.
Corresponsabilidad: alcance para perseguir redes (propietarios, directivos, promotores que captan alumnado con promesas falsas) y no sólo al “representante” de turno.
El dato útil para familias
Verificar el RVOE debe ser paso uno. Si falta, el plantel no puede prometer validez oficial, títulos ni certificados revalidables.
Todo plantel privado serio entrega por escrito su estatus de incorporación y la clave del RVOE; si niega el documento, desconfíe.
Qué debería añadir el Congreso
Tipos penales claros para sancionar también la publicidad engañosa vinculada al servicio educativo.
Medidas cautelares: clausura inmediata y aseguramiento de expedientes para no revictimizar al alumnado.
Registro público en línea con buscador por nombre comercial y domicilio (evita que reaparezcan con otra razón social).
Obligación de avisos visibles en planteles en trámite de incorporación: sin letra chiquita.
Balance: la iniciativa es un paso firme en el discurso y una herramienta necesaria en lo penal. Pero si el Estado quiere “proteger el derecho a la educación y evitar abusos”, debe mirarse al espejo: fortalecer inspección, publicar auditorías y garantizar reparación a víctimas. De lo contrario, será otro anuncio que llega después del daño.
Tlajomulco de Zúñiga se convirtió en el primer municipio en sumarse formalmente a la red de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, una iniciativa impulsada por la diputada Adriana Medina Ortiz, quien encabezó la firma de una carta compromiso junto con autoridades municipales, el Congreso del Estado y el Gobierno de Jalisco. Si bien la propuesta pretende ser un parteaguas en materia de derechos digitales para la infancia, la ejecución concreta aún deja preguntas sin resolver.
Durante el acto protocolario, Medina Ortiz celebró que se dé este “paso trascendental” en la ruta legislativa para reconocer, regular y garantizar un acceso seguro e inclusivo a internet. La diputada recordó que la red forma parte de tres acciones legislativas mayores: una reforma constitucional para reconocer el derecho al internet seguro, la creación de una Ley para la Protección de Derechos en Entornos Digitales y reformas al Código Penal para sancionar delitos cometidos mediante tecnologías, incluida la inteligencia artificial.
La intención es ambiciosa y oportuna, especialmente ante el crecimiento acelerado de la violencia digital, el acoso en línea y la sobreexposición de menores a contenidos nocivos. No obstante, la propuesta —presentada como una iniciativa pionera— parece carecer aún de mecanismos operativos claros y de un verdadero plan de implementación territorial.
El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, respaldó la estrategia y la calificó como una “acción de vanguardia”, afirmando que se armonizarán normativas locales para que escuelas y espacios públicos se conviertan en entornos donde el internet sea una herramienta de inclusión, protección y desarrollo. La declaración entusiasma, pero exige puntualizar: ¿cómo se traducirá eso en políticas concretas para docentes, madres y padres de familia, o para los propios menores? ¿Cuál será el presupuesto destinado? ¿Habrá capacitación a nivel comunitario o escolar?
Por su parte, la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, y el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, también se sumaron con discursos de apoyo, destacando la posibilidad de transformar la iniciativa en una política pública de alcance estatal. Pero hasta ahora, las adhesiones se mantienen en el terreno de lo declarativo.
En términos legislativos, si bien el planteamiento de una ley específica para entornos digitales y la inclusión de sanciones en el Código Penal son avances, el reto principal será evitar que este marco normativo quede como letra muerta. México, y Jalisco en particular, arrastran un rezago en políticas de alfabetización digital infantil, protección de datos personales de menores y control efectivo sobre plataformas tecnológicas.
Además, resulta relevante preguntarse si en esta cruzada digital se está escuchando la voz de niñas, niños y adolescentes. Los diagnósticos suelen centrarse en la perspectiva institucional, pero rara vez se construyen desde la experiencia de las infancias digitales, quienes no solo son usuarios pasivos, sino también generadores de contenido y sujetos de derechos.
El riesgo es que la firma de compromisos, como el celebrado en Tlajomulco, se convierta en una postal institucional más, sin una estrategia transversal que involucre a comunidades educativas, gobiernos municipales, plataformas tecnológicas y sociedad civil. De no aterrizarse en acciones sostenidas, medibles y con perspectiva de derechos humanos, el “internet seguro” para la niñez podría quedarse en una promesa bonita, pero vacía.
En suma, la iniciativa de Adriana Medina y el respaldo de Tlajomulco deben ser reconocidos como un primer paso. Pero si el compromiso es serio, lo que sigue es lo más difícil: pasar del discurso al sistema, del acto simbólico a la política pública con rostro y resultados. Porque en la era digital, proteger a la infancia no es solo legislar: es transformar realidades desde el código hasta el aula.
Bajo la consigna de garantizar la rendición de cuentas en torno a las políticas públicas que definirán el rumbo de Jalisco hasta 2030, el Congreso del Estado realizó el segundo análisis del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, centrado esta vez en los ejes de educación, salud, bienestar social e inclusión. El ejercicio fue encabezado por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, quien destacó su importancia para articular las funciones del estado con la federación y los municipios. Sin embargo, las comparecencias estuvieron marcadas por severas críticas a la falta de profundidad, claridad y enfoque del documento rector.
Aunque los titulares de diversas dependencias del gabinete estatal acudieron con discursos bien estructurados, los cuestionamientos de las y los legisladores pusieron sobre la mesa vacíos preocupantes: diagnósticos poco aterrizados, metas ambiguas, escasa equidad regional, y una notable ausencia de mecanismos de evaluación y desglose presupuestal.
Durante su intervención, el secretario de Cultura, Luis Gerardo Ascencio Rubio, intentó mostrar avances con propuestas como el fortalecimiento de un ecosistema educativo-musical y la profesionalización del sector artístico, pero no ofreció cifras concretas ni metas claras. Las acciones para restaurar espacios patrimoniales o ampliar el acceso cultural en municipios vulnerables quedaron en buenas intenciones, sin un plan operativo visible.
En el ámbito de salud y desarrollo social, las participaciones de Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la Secretaría de Salud, y Diana Berenice Vargas Salomón, del DIF Jalisco, apostaron por una narrativa de inclusión y redes comunitarias. No obstante, las y los legisladores coincidieron en que el plan carece de mecanismos específicos para asegurar atención real y sostenida a personas en situación de calle, adultos mayores, víctimas de desaparición o personas con discapacidad.
Desde el Congreso, figuras como Candelaria Ochoa Ávalos, Enrique Velázquez González y Verónica Jiménez Vázquez no escatimaron en observaciones. Denunciaron el tecnicismo excesivo del documento, la carencia de estrategias específicas para pueblos originarios y la limitada participación ciudadana en el diseño de estas políticas. También advirtieron sobre la desconexión del plan con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible.
“Si este plan pretende ser la hoja de ruta del gobierno estatal, resulta alarmante que se presente con vacíos presupuestales, sin indicadores medibles y con un enfoque centralista que ignora las realidades diversas del estado”, señaló una de las diputadas participantes, reflejando el sentir general del recinto.
A pesar de la intención declarada por Bravo Padilla de construir un marco de políticas públicas alineado y transversal, el análisis legislativo dejó en claro que el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 necesita una revisión profunda. La falta de claridad en las prioridades, la ambigüedad de los compromisos y el uso de una narrativa más administrativa que ciudadana ponen en entredicho su viabilidad como instrumento de gobernanza efectiva.
En los trabajos participaron también Andrea Zarzosa Codoceo, directora de Planeación y Evaluación Participativa; Andrea Blanco Calderón, coordinadora estratégica de Desarrollo Social; Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación; Héctor Pizano Ramos, procurador social; y diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas.
Lo que se esperaba como un ejercicio de diálogo institucional terminó siendo una sesión de rendición parcial, plagada de generalidades. Si el gobierno estatal busca realmente construir un plan de largo plazo que transforme Jalisco, deberá comenzar por escuchar las alertas lanzadas desde el Poder Legislativo. De lo contrario, este plan corre el riesgo de convertirse en otro documento decorativo, sin impacto real en la vida cotidiana de las y los jaliscienses.
