Tlajomulco de Zúñiga se convirtió en el primer municipio en sumarse formalmente a la red de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, una iniciativa impulsada por la diputada Adriana Medina Ortiz, quien encabezó la firma de una carta compromiso junto con autoridades municipales, el Congreso del Estado y el Gobierno de Jalisco. Si bien la propuesta pretende ser un parteaguas en materia de derechos digitales para la infancia, la ejecución concreta aún deja preguntas sin resolver.
Durante el acto protocolario, Medina Ortiz celebró que se dé este “paso trascendental” en la ruta legislativa para reconocer, regular y garantizar un acceso seguro e inclusivo a internet. La diputada recordó que la red forma parte de tres acciones legislativas mayores: una reforma constitucional para reconocer el derecho al internet seguro, la creación de una Ley para la Protección de Derechos en Entornos Digitales y reformas al Código Penal para sancionar delitos cometidos mediante tecnologías, incluida la inteligencia artificial.
La intención es ambiciosa y oportuna, especialmente ante el crecimiento acelerado de la violencia digital, el acoso en línea y la sobreexposición de menores a contenidos nocivos. No obstante, la propuesta —presentada como una iniciativa pionera— parece carecer aún de mecanismos operativos claros y de un verdadero plan de implementación territorial.
El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, respaldó la estrategia y la calificó como una “acción de vanguardia”, afirmando que se armonizarán normativas locales para que escuelas y espacios públicos se conviertan en entornos donde el internet sea una herramienta de inclusión, protección y desarrollo. La declaración entusiasma, pero exige puntualizar: ¿cómo se traducirá eso en políticas concretas para docentes, madres y padres de familia, o para los propios menores? ¿Cuál será el presupuesto destinado? ¿Habrá capacitación a nivel comunitario o escolar?
Por su parte, la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, y el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, también se sumaron con discursos de apoyo, destacando la posibilidad de transformar la iniciativa en una política pública de alcance estatal. Pero hasta ahora, las adhesiones se mantienen en el terreno de lo declarativo.
En términos legislativos, si bien el planteamiento de una ley específica para entornos digitales y la inclusión de sanciones en el Código Penal son avances, el reto principal será evitar que este marco normativo quede como letra muerta. México, y Jalisco en particular, arrastran un rezago en políticas de alfabetización digital infantil, protección de datos personales de menores y control efectivo sobre plataformas tecnológicas.
Además, resulta relevante preguntarse si en esta cruzada digital se está escuchando la voz de niñas, niños y adolescentes. Los diagnósticos suelen centrarse en la perspectiva institucional, pero rara vez se construyen desde la experiencia de las infancias digitales, quienes no solo son usuarios pasivos, sino también generadores de contenido y sujetos de derechos.
El riesgo es que la firma de compromisos, como el celebrado en Tlajomulco, se convierta en una postal institucional más, sin una estrategia transversal que involucre a comunidades educativas, gobiernos municipales, plataformas tecnológicas y sociedad civil. De no aterrizarse en acciones sostenidas, medibles y con perspectiva de derechos humanos, el “internet seguro” para la niñez podría quedarse en una promesa bonita, pero vacía.
En suma, la iniciativa de Adriana Medina y el respaldo de Tlajomulco deben ser reconocidos como un primer paso. Pero si el compromiso es serio, lo que sigue es lo más difícil: pasar del discurso al sistema, del acto simbólico a la política pública con rostro y resultados. Porque en la era digital, proteger a la infancia no es solo legislar: es transformar realidades desde el código hasta el aula.
