La glosa del Primer Informe volvió a exhibir un Congreso estatal disperso, desordenado y poco comprometido con la rendición de cuentas. Ayer, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Fabiola Loya, llegó puntual a su comparecencia; los diputados, no. Apenas 12 legisladores aparecieron, insuficientes para integrar quórum. El resultado: sesión cancelada, preguntas sin responder y una funcionaria obligada a entregar su informe por escrito en Oficialía de Partes.
Para Loya, la inasistencia no fue un simple descuido. La secretaria expresó su indignación al señalar que la ausencia de los diputados revela no solo falta de interés en su agenda —que incluye la estrategia Pulso de Vida, avances en las Unidades Especializadas Policiales, la apertura de un sexto Centro de Justicia para las Mujeres y más de 80 dispositivos rastreadores para agresores—, sino una evidente desatención hacia las mujeres de Jalisco.
La molestia de la funcionaria no fue aislada. Desde el pleno, legisladoras como Claudia Murguía lamentaron que, pese a otorgar un margen de espera, las curules de Movimiento Ciudadano y Morena siguieran vacías. El diputado presidente Julio Hurtado tampoco llegó, presuntamente por los bloqueos viales. En el resto de las bancadas comenzaron las justificaciones y el clásico “echarse la bolita”.
El episodio resulta especialmente grave porque forma parte de un patrón: desde que inició la glosa el 18 de noviembre, la inasistencia de diputados ha sido constante. El nuevo formato prometía comparecencias más ágiles y con preguntas de mayor profundidad; en lugar de ello, se ha vuelto un escaparate de desinterés.
La ironía es amarga: mientras en el calendario marcaba 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Congreso de Jalisco dejó sin espacio a la secretaria encargada de presentar las acciones para atender justo esa agenda. Un mensaje claro —y no precisamente alentador— sobre las prioridades de la Legislatura.
El Congreso del Estado de Jalisco presentó la iniciativa “Mi Primera Renta”, una propuesta impulsada por el diputado Omar Enríquez Cervantes Rivera que busca subsidiar hasta el 50 por ciento del costo mensual de vivienda para jóvenes durante sus primeros seis meses de independencia. El anuncio, hecho en rueda de prensa con el respaldo del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) y las direcciones municipales de Juventud de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, llega en un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las nuevas generaciones.
La propuesta plantea beneficiar a 8,000 jóvenes con un apoyo mensual de 2,500 pesos durante medio año, lo que representa un esfuerzo simbólico frente al aumento sostenido de los precios de renta en la zona metropolitana. El monto —equivalente al 25 por ciento del salario promedio juvenil— busca ser un incentivo para la autonomía económica, aunque no alcanza a cubrir las rentas promedio que en Guadalajara y Zapopan ya superan los 7,000 pesos mensuales en zonas modestas.
El diputado José Luis Tostado Bastidas calificó la iniciativa como “un paso firme hacia una política pública real”, y reconoció el liderazgo de Cervantes Rivera. Sin embargo, detrás del discurso optimista queda pendiente una pregunta clave: ¿de dónde saldrán los recursos para financiar el programa? Ninguno de los legisladores presentes detalló si el subsidio estaría contemplado en el presupuesto estatal de 2026 ni si se planea reformar el marco normativo de vivienda para garantizar su continuidad.
Durante su intervención, Omar Cervantes Rivera subrayó que el programa busca responder a la “creciente dificultad de acceder a una vivienda digna”. También anunció la creación de un padrón estatal de rentas, que serviría para regular y transparentar el mercado inmobiliario, aunque el mecanismo aún no tiene diseño normativo ni reglas de operación claras.
En el papel, la iniciativa podría sentar las bases de una nueva política habitacional enfocada en juventudes. En la práctica, el riesgo es que se convierta en un programa de relumbrón: sin fondo presupuestal, sin diagnóstico de demanda real y sin articulación con políticas de suelo, transporte o empleo que den coherencia al proyecto de independencia juvenil.
Las diputadas Monserrat Pérez Cisneros y Ana Fernanda Hernández SanMiguel coincidieron en que el programa responde a una necesidad urgente. Pérez apuntó que la falta de vivienda accesible está ligada al déficit de oferta y al encarecimiento del suelo urbano en el Área Metropolitana, mientras que Hernández subrayó el valor de “reducir desigualdades territoriales y sociales” a través del acceso a un techo digno.
No obstante, en el debate legislativo se espera que la viabilidad económica del proyecto sea el punto más cuestionado. En un contexto de restricciones presupuestales y alta demanda social, el Estado deberá definir si asumirá este subsidio como política permanente o si quedará en un experimento limitado a un ciclo fiscal.
El director general del IJALVI, Guillermo Medrano Barba, calificó la iniciativa como “inédita en el país” y reiteró el compromiso del Instituto para colaborar en las reglas de operación y en los censos de beneficiarios. Sin embargo, su discurso fue más institucional que operativo: no se mencionó ningún plan concreto de inversión o construcción habitacional, ni se explicó cómo el Instituto fortalecerá el patrimonio público para sostener el programa.
En suma, “Mi Primera Renta” tiene el potencial de abrir el debate sobre el derecho a la vivienda en Jalisco, pero por ahora se mantiene en el terreno de la intención política más que en el de la ejecución gubernamental. El entusiasmo mostrado por los representantes municipales y legislativos no oculta que el proyecto carece de un diagnóstico demográfico sólido y de un marco financiero estable.
Mientras no se traduzca en políticas estructurales de vivienda, este programa corre el riesgo de ser recordado más como un anuncio de coyuntura que como una verdadera solución al problema habitacional de las juventudes jaliscienses.
Bajo la consigna de priorizar la voz de las víctimas, el Congreso del Estado de Jalisco presentó los resultados de las Mesas de Trabajo de la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas. Aunque el acto estuvo revestido de discursos sensibles y llamados a la unidad institucional, persiste una distancia abismal entre los compromisos políticos y la realidad que enfrentan miles de familias.
La diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión, informó que se identificaron cincuenta acciones interinstitucionales orientadas a combatir la crisis. Entre las propuestas pendientes destacan la ampliación del sistema de videovigilancia C5 en regiones del interior del estado, la simplificación de trámites para acceder al Fondo de Ayuda y un aumento presupuestal para personal especializado.
Sin embargo, la mención de “acciones pendientes” resulta paradójica en un estado que acumula más de 15 mil personas desaparecidas, donde las madres y colectivos han reemplazado al Estado como principales buscadoras. ¿Qué significa una “ruta clara” si la justicia sigue sin alcanzar a los responsables ni a las víctimas?
Roberto Alarcón Estrada, Coordinador Estratégico de Seguridad, y Edna Montoya Sánchez, Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, enfatizaron que “hablar de desaparecidos no es solo referirse a estadísticas, sino a familias con una herida abierta”. El reconocimiento es válido, pero insuficiente. Mientras se pronuncian frases conmovedoras en la sede legislativa, los colectivos siguen cavando con sus propias manos en predios baldíos, exigiendo respuestas a un aparato estatal que se muestra lento, desarticulado y, en ocasiones, omiso.
El diputado José Luis Tostado Bastidas, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que se busca “transformar el dolor en justicia” mediante acciones legislativas. Sin embargo, la justicia real no se mide en pronunciamientos, sino en carpetas judiciales efectivas, en sentencias, en identificación de cuerpos y, sobre todo, en la localización de personas con vida.
La presencia de activistas como Martha Leticia García Cruz, del colectivo “Entre el Cielo y la Tierra”, y Héctor Rodolfo Flores González, de “Luz de Esperanza”, otorgó a la sesión un rostro humano que contrastó con la frialdad técnica del discurso institucional. Sus organizaciones, como muchas otras, no solo han documentado omisiones, sino que han sido víctimas de criminalización y vigilancia por parte de autoridades que, en teoría, deberían protegerlas.
También asistieron diputados de diversos partidos como Claudia Murguía, Montserrat Pérez, Valeria Ávila, Tonatiuh Bravo, entre otros. Una pluralidad política que, hasta ahora, ha sido incapaz de articular una agenda de Estado frente a uno de los problemas más graves de la entidad.
Lo presentado no es irrelevante. Pero mientras las “mesas de trabajo” avancen más en retórica que en resultados, mientras los recursos se diluyan en estructuras burocráticas en lugar de llegar a las víctimas, y mientras la estrategia sea más mediática que operativa, la crisis de desapariciones en Jalisco seguirá siendo una herida abierta, no solo para quienes buscan, sino para una sociedad que aún no ha sabido responder con dignidad al horror que la atraviesa.
Las víctimas no exigen mesas: exigen verdad, justicia y memoria. Y el tiempo, para ellas, no es una variable política: es una urgencia vital.
Una vez más, el Congreso del Estado se vio marcado por el vacío de representación y la desidia legislativa. La mañana de este jueves, una mesa de trabajo clave sobre seguridad y desapariciones fue ignorada por diputadas y diputados de todas las bancadas, excepto Movimiento Ciudadano (MC). Pese a la gravedad del tema y la convocatoria expresa, no acudieron representantes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, Futuro, PT ni del Partido Verde.
El objetivo del encuentro era analizar el contenido del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 en materia de seguridad pública, un documento que pretende definir el rumbo de Jalisco frente a la violencia, los feminicidios y las desapariciones. La cita estaba marcada para las 9:00 horas bajo el título “Jalisco tranquilo y en paz”, pero el vacío legislativo convirtió la mesa en un monólogo oficialista.
Los únicos presentes fueron los diputados emecistas José Luis Tostado y Adriana Medina, quienes recibieron a tres funcionarios del Gabinete de Seguridad: Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad; Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad; y el fiscal general Salvador González. También fueron convocadas Tonantzin Cárdenas (futurista) y Yussara Canales (Partido Verde), pero tampoco acudieron.
Durante su exposición, Alarcón Estrada reveló que hay identificadas 231 problemáticas en seguridad pública y que los delitos de mayor impacto, como homicidios dolosos, feminicidios y desapariciones, siguen marcando la agenda estatal. Hasta marzo de 2025, dijo, hay un registro de 15 mil 534 personas desaparecidas en Jalisco.
El funcionario también reconoció que más de la mitad de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara se sienten inseguros, y que la corrupción, la impunidad y la falta de profesionalización en cuerpos policiales son factores que alimentan la desconfianza ciudadana. “En términos generales, hay desconfianza en las instituciones policiales”, sentenció.
Sin embargo, lo más revelador no fue lo dicho, sino lo que quedó sin decir por los ausentes. La diputada emecista Adriana Medina lamentó la ausencia de legisladores que suelen criticar con vehemencia al Gobierno del Estado, pero no se presentaron cuando había oportunidad de cuestionar cara a cara a los responsables de la seguridad.
“Lamentable la ausencia de diputados para aquellos que se la pasan gritando en los espacios del foro que exigen cuentas, es la segunda ocasión que está presente en el Congreso todo el Gabinete de Seguridad y no se presentó nadie. Todos aquellos que utilizan la tribuna falsamente sólo para cuestionar, aquí lo demostraron: vienen por la mañana, nadie presente”, declaró.
La diputada Yussara Canales justificó su ausencia con el argumento de que tenía otro compromiso previamente agendado. Por su parte, la futurista Tonantzin Cárdenas alegó una urgencia familiar.
La inasistencia no sólo exhibe falta de compromiso, sino una preocupante desconexión con la realidad de miles de familias jaliscienses que buscan a sus seres queridos desaparecidos. En lugar de confrontar y exigir resultados, los legisladores optaron por el silencio.
La sesión siguiente, programada para las 12:00 del mismo día con integrantes del Poder Judicial, también fue cancelada debido a que Morena, el PRI, el PAN, Miguel de la Rosa e Itzul Barrera no acudieron.
En resumen, la jornada fue una postal más de la política vacía, donde el discurso se impone sobre la acción, y donde quienes deberían representar los intereses de la ciudadanía optan por el ausentismo como norma. En Jalisco, la ausencia también mata.
Con 7 votos a favor y 4 en contra, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que autoriza un incremento del 9.65% en las tarifas del agua para 2025, una decisión que, aunque se presenta como “matizada” frente a la propuesta original del SIAPA (12.7%), sigue generando cuestionamientos sobre su pertinencia, legitimidad y, sobre todo, eficacia.
Presidida por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, la comisión avaló el resolutivo tarifario tras meses de trabajo técnico y político, comparecencias con funcionarios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y mesas de diálogo multipartidistas. No obstante, el consenso no fue unánime: Morena, PRI, Futuro y el diputado independiente Alejandro Puerto votaron en contra al considerar que no existen condiciones técnicas, sociales ni éticas para justificar el aumento.
¿Pagar más por menos?
La paradoja es evidente: se autoriza un alza en las tarifas a pesar de que el propio dictamen reconoce las deficiencias históricas del SIAPA. De hecho, se plantean descuentos a usuarios de al menos 30 colonias donde, oficialmente, el servicio es deficiente. Es decir, el Congreso admite que hay agua turbia, cortes prolongados, infraestructura obsoleta y mala gestión… pero aun así avala cobrar más.
Los defensores del incremento —como el diputado Tonatiuh Bravo de Hagamos— justificaron su voto a favor asegurando que el nuevo dictamen obliga al SIAPA a entregar un “Plan de Acción Integral” con metas, indicadores y seguimiento trimestral, además de someterse a una auditoría externa. Sin embargo, estos compromisos suenan más a promesas tardías que a soluciones concretas. ¿Por qué no se exigió primero el cumplimiento de estos mecanismos de control antes de aprobar un alza tarifaria?
Argumentos encontrados, viejos problemas
El bloque opositor, encabezado por Itzul Barrera (Morena), Refugio Camarena (PRI), Tonantzin Cárdenas (Futuro) y Alejandro Puerto, fue claro: el incremento es injustificado mientras no se resuelvan las fallas estructurales del sistema. Coincidieron en que el SIAPA no ha demostrado una mínima capacidad de mejora operativa y que, lejos de ser una decisión técnica, el dictamen responde a una lógica recaudatoria disfrazada de planeación.
Y es que, aunque se presume como una actualización “responsable” —según los discursos de Movimiento Ciudadano y sus aliados—, la decisión parece estar motivada más por urgencias presupuestales que por un compromiso genuino con los derechos de los usuarios.
Votaron a favor del incremento las diputadas Gabriela Cárdenas, Adriana Medina, Mónica Magaña, José Luis Tostado de Movimiento Ciudadano, la panista Claudia Murguía, Tonatiuh Bravo Hagamos y el Guadalupe Buenrostro del Partido Verde.
Cuotas y desconfianza
Con el aumento aprobado, la cuota de administración para uso habitacional subirá a $83.67 pesos, en lugar de los $85.85 propuestos originalmente. Es un ajuste menor, pero simbólicamente contradictorio: se busca contener el descontento ciudadano con centavos mientras se sigue postergando la transformación de fondo del SIAPA.
La desconfianza hacia el organismo operador del agua no es nueva. Años de opacidad, desvío de recursos, obras inconclusas y omisiones sistemáticas han minado cualquier intento de legitimar sus decisiones técnicas. Por eso, prometer un plan, una auditoría o un informe trimestral ya no basta: lo que la ciudadanía exige son resultados tangibles, agua limpia y presión suficiente, no comunicados optimistas ni sesiones legislativas maquilladas.
¿Y el pleno?
El dictamen aún debe pasar por el Pleno del Congreso estatal en sesión programada para este jueves. Si bien la correlación de fuerzas anticipa su aprobación, el costo político no será menor. Con este aval, el Congreso de Jalisco no solo asume la defensa de una medida impopular, sino que se convierte, de facto, en cómplice de un modelo de gestión del agua que ha fallado una y otra vez.
Incrementar tarifas sin haber saneado al SIAPA es un mensaje peligroso: en Jalisco, se puede premiar la ineficiencia con más recursos. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se vuelve, año tras año, una carga económica para quienes menos tienen y más padecen las consecuencias del abandono institucional.
