Mientras los casos de VIH en Jalisco siguen en aumento y persisten los rezagos estructurales en la atención, el Congreso local organizó una mesa de trabajo titulada “Diálogos Diversos: Capítulo por una Vihda Digna”, un ejercicio que, aunque anunciado como parte del proceso para crear una Ley Estatal para la Prevención y Atención Integral del VIH y el SIDA, dejó más preguntas que certezas sobre el compromiso real del Estado.
La diputada Montserrat Pérez Cisneros encabezó la jornada con un discurso enfocado en “reivindicar derechos” y “dar continuidad a los grandes pendientes legislativos en materia de diversidad”. Sin embargo, durante el evento predominó el tono institucional y las promesas de siempre: capacitación, diagnóstico temprano, coordinación interinstitucional. Es decir, el mismo recetario que desde hace años se repite sin traducirse en políticas públicas efectivas.
El dato revelado por las autoridades de salud estatal —mil 121 nuevos casos registrados en 2024, en personas entre 15 y 49 años— evidencia que las estrategias actuales son, en el mejor de los casos, insuficientes. A pesar de ello, funcionarios como Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, y Margarita Mondragón, directora del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, se limitaron a enumerar acciones ya conocidas: talleres, actualizaciones y esquemas “en construcción”.
En contraste, los representantes de la sociedad civil expusieron una realidad mucho más cruda: diagnósticos tardíos, burocracia paralizante, falta de tratamientos y un sistema de salud que sigue excluyendo a poblaciones clave como las personas trans. Denunciaron también la inexistencia de programas de detección oportuna, la fragmentación institucional y la escasa voluntad para implementar políticas con enfoque de derechos humanos.
Los colectivos insistieron en que no basta con escuchar sus voces en una mesa de diálogo, si sus propuestas no se traducen en reformas legales vinculantes y presupuestos etiquetados. La crítica fue clara: mientras se llenan salones con autoridades y legisladores para hablar del VIH, en la práctica, el Estado continúa ausente en barrios, clínicas y zonas rurales donde el estigma y la falta de acceso a medicamentos aún determinan el curso de la enfermedad.
Entre las asistentes estuvieron las diputadas Valeria Ávila y Mariana Casillas, así como representantes municipales de Diversidad Sexual de Guadalajara, Zapopan, Jocotepec y Tala. También acudieron activistas como Víctor Dante Galicia, del Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos contra el SIDA, y Felipe Anzures, especialista en salud pública. Aun con su experiencia y diagnóstico puntual, lo cierto es que su presencia se sintió más como cuota de legitimación que como parte de un proceso realmente incluyente.
La diputada Pérez Cisneros cerró el encuentro con la promesa de “seguir trabajando”, pero no aclaró plazos, mecanismos ni alcances legislativos concretos. Así, la tan anunciada “vihda digna” parece seguir siendo, por ahora, un concepto aspiracional atrapado entre declaraciones bien intencionadas y una estructura institucional que sigue postergando su responsabilidad.
Si el Congreso del Estado quiere de verdad saldar la deuda histórica con las personas que viven con VIH, no bastan foros ni fotos de grupo. Se requiere legislación efectiva, presupuesto garantizado y voluntad política para romper con décadas de omisión, negligencia y simulación.
Bajo la consigna de garantizar la rendición de cuentas en torno a las políticas públicas que definirán el rumbo de Jalisco hasta 2030, el Congreso del Estado realizó el segundo análisis del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, centrado esta vez en los ejes de educación, salud, bienestar social e inclusión. El ejercicio fue encabezado por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, quien destacó su importancia para articular las funciones del estado con la federación y los municipios. Sin embargo, las comparecencias estuvieron marcadas por severas críticas a la falta de profundidad, claridad y enfoque del documento rector.
Aunque los titulares de diversas dependencias del gabinete estatal acudieron con discursos bien estructurados, los cuestionamientos de las y los legisladores pusieron sobre la mesa vacíos preocupantes: diagnósticos poco aterrizados, metas ambiguas, escasa equidad regional, y una notable ausencia de mecanismos de evaluación y desglose presupuestal.
Durante su intervención, el secretario de Cultura, Luis Gerardo Ascencio Rubio, intentó mostrar avances con propuestas como el fortalecimiento de un ecosistema educativo-musical y la profesionalización del sector artístico, pero no ofreció cifras concretas ni metas claras. Las acciones para restaurar espacios patrimoniales o ampliar el acceso cultural en municipios vulnerables quedaron en buenas intenciones, sin un plan operativo visible.
En el ámbito de salud y desarrollo social, las participaciones de Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la Secretaría de Salud, y Diana Berenice Vargas Salomón, del DIF Jalisco, apostaron por una narrativa de inclusión y redes comunitarias. No obstante, las y los legisladores coincidieron en que el plan carece de mecanismos específicos para asegurar atención real y sostenida a personas en situación de calle, adultos mayores, víctimas de desaparición o personas con discapacidad.
Desde el Congreso, figuras como Candelaria Ochoa Ávalos, Enrique Velázquez González y Verónica Jiménez Vázquez no escatimaron en observaciones. Denunciaron el tecnicismo excesivo del documento, la carencia de estrategias específicas para pueblos originarios y la limitada participación ciudadana en el diseño de estas políticas. También advirtieron sobre la desconexión del plan con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible.
“Si este plan pretende ser la hoja de ruta del gobierno estatal, resulta alarmante que se presente con vacíos presupuestales, sin indicadores medibles y con un enfoque centralista que ignora las realidades diversas del estado”, señaló una de las diputadas participantes, reflejando el sentir general del recinto.
A pesar de la intención declarada por Bravo Padilla de construir un marco de políticas públicas alineado y transversal, el análisis legislativo dejó en claro que el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 necesita una revisión profunda. La falta de claridad en las prioridades, la ambigüedad de los compromisos y el uso de una narrativa más administrativa que ciudadana ponen en entredicho su viabilidad como instrumento de gobernanza efectiva.
En los trabajos participaron también Andrea Zarzosa Codoceo, directora de Planeación y Evaluación Participativa; Andrea Blanco Calderón, coordinadora estratégica de Desarrollo Social; Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación; Héctor Pizano Ramos, procurador social; y diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas.
Lo que se esperaba como un ejercicio de diálogo institucional terminó siendo una sesión de rendición parcial, plagada de generalidades. Si el gobierno estatal busca realmente construir un plan de largo plazo que transforme Jalisco, deberá comenzar por escuchar las alertas lanzadas desde el Poder Legislativo. De lo contrario, este plan corre el riesgo de convertirse en otro documento decorativo, sin impacto real en la vida cotidiana de las y los jaliscienses.
