Durante la más reciente sesión plenaria del Congreso del Estado de Jalisco, presidida por la diputada Marta Arizmendi Fombona, las y los legisladores aprobaron 21 acuerdos legislativos enfocados en temas clave como justicia administrativa, medio ambiente, inclusión, protección animal, atención a víctimas y modernización institucional.
Uno de los puntos más relevantes fue el exhorto dirigido al gobernador del Estado y al titular de la Secretaría de Hacienda Pública, para que entreguen de manera inmediata las placas vehiculares a todas las personas que hayan pagado su refrendo, sin condicionarlas al cumplimiento de la verificación vehicular, en el marco del denominado “paquetazo 3×1”. A su vez, se pidió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública que instruya a la Policía Vial a no aplicar sanciones a quienes estén en este supuesto.
En el mismo tenor de derechos ciudadanos, el Congreso designó a Mercedes Adriana Méndez Cabrera, María del Socorro Piña Montiel y Silvia Patricia López González como representantes de la sociedad civil en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, garantizando pluralidad y enfoque de derechos humanos.
En materia de cultura e inclusión, se aprobó institucionalizar un evento anual conmemorativo por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Palacio Legislativo, para visibilizar y celebrar la riqueza cultural, lingüística y social de los pueblos originarios de Jalisco.
El Pleno también dio luz verde al programa “Cero Papel”, con el objetivo de reducir el uso de documentos impresos y migrar hacia esquemas digitales dentro del Poder Legislativo. Además, se autorizó la actualización de la página oficial del Congreso, que incluirá un chatbot para facilitar el acceso ciudadano a trámites y servicios.
En otro frente, se exhortó al Ayuntamiento de Puerto Vallarta a establecer de forma permanente una Vía RecreActiva dominical para promover actividades deportivas, recreativas y culturales. Asimismo, se solicitó dar mantenimiento urgente a la alberca olímpica “La Bobadilla”, en Zapopan, para evitar criaderos del mosquito transmisor del dengue.
El Congreso hizo un llamado a los 125 municipios del estado a regular la ocupación de banquetas por parte del comercio, a fin de garantizar el libre tránsito peatonal, y a reforzar operativos que aseguren el uso adecuado de vialidades y bienes públicos. También se les exhortó a actualizar sus respectivos Atlas Municipales de Riesgo como medida preventiva.
Se solicitó además a los tres niveles de gobierno coordinar acciones para prevenir el desbordamiento del arroyo El Seco —que atraviesa Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco—, así como intervenir en el saneamiento y vigilancia del arroyo “Río Blanco” en Zapopan.
En el ámbito económico y social, se aprobó un exhorto para que el Presupuesto estatal de 2026 contemple un programa de apoyos al equipamiento agropecuario, en beneficio del campo jalisciense. También se pidió al Ejecutivo estatal instalar el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se exhortó al Congreso de la Unión a garantizar en la reforma al artículo 123 constitucional una pensión justa, que no sea inferior al salario mínimo.
Como parte de la estrategia de modernización legislativa, se avaló la firma de un convenio con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco. Finalmente, se autorizó el traslado transitorio del Recinto Legislativo al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara para celebrar una Sesión Solemne con motivo del Centenario de la Refundación de la UdeG, el próximo 29 de septiembre de 2025.
La Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso de Jalisco, presidida por el diputado Edgar Enrique Velázquez González, aprobó una iniciativa de ley que propone reformas a cuatro ordenamientos clave para enfrentar la deserción escolar en la entidad desde un enfoque integral: la Ley de Educación, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Penal y el Código Civil.
El dictamen establece que quienes ejerzan la patria potestad o tutela tendrán la obligación legal de asegurar que niñas, niños y adolescentes asistan y permanezcan en la escuela hasta concluir su educación obligatoria. En caso contrario, se considerará abandono de familiares, con implicaciones legales.
Asimismo, las autoridades educativas estatales deberán intervenir en casos de ausencias reiteradas o abandono escolar, documentar las situaciones y activar apoyos asistenciales en coordinación con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Se busca así una respuesta institucional coordinada, más allá de la simple notificación escolar.
La propuesta también obliga a las autoridades educativas a implementar políticas públicas progresivas que fomenten la inclusión, permanencia y continuidad en la educación básica, priorizando contextos de vulnerabilidad y riesgo.
En el dictamen se advierte que la deserción escolar no solo vulnera el derecho humano a la educación, sino que compromete el desarrollo económico de la entidad, al reducir el número de personas capacitadas para el trabajo, y profundiza la desigualdad social al perpetuar ciclos de marginación, pobreza y exclusión.
“La solución requiere una acción corresponsable entre familia, instituciones educativas y gobierno. Se trata de garantizar que cada estudiante complete su trayectoria educativa en condiciones de equidad y calidad”, expone el documento.
Durante la sesión participaron también los legisladores Miguel de la Rosa Figueroa, Ana Fernanda Hernández Sanmiguel y César Octavio Madrigal Díaz, quienes respaldaron la iniciativa.
La reforma aún debe pasar por el Pleno del Congreso para su discusión y posible aprobación. De concretarse, marcaría un paso importante en el combate a la deserción escolar, con un enfoque que combina la responsabilidad legal, el acompañamiento institucional y la atención a las causas estructurales del abandono escolar.
Bajo la consigna de garantizar la rendición de cuentas en torno a las políticas públicas que definirán el rumbo de Jalisco hasta 2030, el Congreso del Estado realizó el segundo análisis del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, centrado esta vez en los ejes de educación, salud, bienestar social e inclusión. El ejercicio fue encabezado por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, quien destacó su importancia para articular las funciones del estado con la federación y los municipios. Sin embargo, las comparecencias estuvieron marcadas por severas críticas a la falta de profundidad, claridad y enfoque del documento rector.
Aunque los titulares de diversas dependencias del gabinete estatal acudieron con discursos bien estructurados, los cuestionamientos de las y los legisladores pusieron sobre la mesa vacíos preocupantes: diagnósticos poco aterrizados, metas ambiguas, escasa equidad regional, y una notable ausencia de mecanismos de evaluación y desglose presupuestal.
Durante su intervención, el secretario de Cultura, Luis Gerardo Ascencio Rubio, intentó mostrar avances con propuestas como el fortalecimiento de un ecosistema educativo-musical y la profesionalización del sector artístico, pero no ofreció cifras concretas ni metas claras. Las acciones para restaurar espacios patrimoniales o ampliar el acceso cultural en municipios vulnerables quedaron en buenas intenciones, sin un plan operativo visible.
En el ámbito de salud y desarrollo social, las participaciones de Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la Secretaría de Salud, y Diana Berenice Vargas Salomón, del DIF Jalisco, apostaron por una narrativa de inclusión y redes comunitarias. No obstante, las y los legisladores coincidieron en que el plan carece de mecanismos específicos para asegurar atención real y sostenida a personas en situación de calle, adultos mayores, víctimas de desaparición o personas con discapacidad.
Desde el Congreso, figuras como Candelaria Ochoa Ávalos, Enrique Velázquez González y Verónica Jiménez Vázquez no escatimaron en observaciones. Denunciaron el tecnicismo excesivo del documento, la carencia de estrategias específicas para pueblos originarios y la limitada participación ciudadana en el diseño de estas políticas. También advirtieron sobre la desconexión del plan con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible.
“Si este plan pretende ser la hoja de ruta del gobierno estatal, resulta alarmante que se presente con vacíos presupuestales, sin indicadores medibles y con un enfoque centralista que ignora las realidades diversas del estado”, señaló una de las diputadas participantes, reflejando el sentir general del recinto.
A pesar de la intención declarada por Bravo Padilla de construir un marco de políticas públicas alineado y transversal, el análisis legislativo dejó en claro que el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 necesita una revisión profunda. La falta de claridad en las prioridades, la ambigüedad de los compromisos y el uso de una narrativa más administrativa que ciudadana ponen en entredicho su viabilidad como instrumento de gobernanza efectiva.
En los trabajos participaron también Andrea Zarzosa Codoceo, directora de Planeación y Evaluación Participativa; Andrea Blanco Calderón, coordinadora estratégica de Desarrollo Social; Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación; Héctor Pizano Ramos, procurador social; y diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas.
Lo que se esperaba como un ejercicio de diálogo institucional terminó siendo una sesión de rendición parcial, plagada de generalidades. Si el gobierno estatal busca realmente construir un plan de largo plazo que transforme Jalisco, deberá comenzar por escuchar las alertas lanzadas desde el Poder Legislativo. De lo contrario, este plan corre el riesgo de convertirse en otro documento decorativo, sin impacto real en la vida cotidiana de las y los jaliscienses.
