La Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso de Jalisco, presidida por el diputado Edgar Enrique Velázquez González, aprobó una iniciativa de ley que propone reformas a cuatro ordenamientos clave para enfrentar la deserción escolar en la entidad desde un enfoque integral: la Ley de Educación, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Penal y el Código Civil.
El dictamen establece que quienes ejerzan la patria potestad o tutela tendrán la obligación legal de asegurar que niñas, niños y adolescentes asistan y permanezcan en la escuela hasta concluir su educación obligatoria. En caso contrario, se considerará abandono de familiares, con implicaciones legales.
Asimismo, las autoridades educativas estatales deberán intervenir en casos de ausencias reiteradas o abandono escolar, documentar las situaciones y activar apoyos asistenciales en coordinación con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Se busca así una respuesta institucional coordinada, más allá de la simple notificación escolar.
La propuesta también obliga a las autoridades educativas a implementar políticas públicas progresivas que fomenten la inclusión, permanencia y continuidad en la educación básica, priorizando contextos de vulnerabilidad y riesgo.
En el dictamen se advierte que la deserción escolar no solo vulnera el derecho humano a la educación, sino que compromete el desarrollo económico de la entidad, al reducir el número de personas capacitadas para el trabajo, y profundiza la desigualdad social al perpetuar ciclos de marginación, pobreza y exclusión.
“La solución requiere una acción corresponsable entre familia, instituciones educativas y gobierno. Se trata de garantizar que cada estudiante complete su trayectoria educativa en condiciones de equidad y calidad”, expone el documento.
Durante la sesión participaron también los legisladores Miguel de la Rosa Figueroa, Ana Fernanda Hernández Sanmiguel y César Octavio Madrigal Díaz, quienes respaldaron la iniciativa.
La reforma aún debe pasar por el Pleno del Congreso para su discusión y posible aprobación. De concretarse, marcaría un paso importante en el combate a la deserción escolar, con un enfoque que combina la responsabilidad legal, el acompañamiento institucional y la atención a las causas estructurales del abandono escolar.
