Jul 11, 2025 | Trabajo legislativo
En un acto más de protocolo que de ejercicio real de fiscalización, el Congreso del Estado de Jalisco tomó protesta a David Rubén Ocampo Uribe como nuevo titular de la Unidad de Vigilancia, instancia encargada —en teoría— de supervisar el uso correcto de los recursos públicos dentro del Poder Legislativo. El cargo tendrá una duración de cuatro años sin posibilidad de reelección, pero su designación pasó sin mayor debate ni escrutinio público, lo que deja abierta la sospecha sobre el perfil, el proceso de selección y la verdadera autonomía de quien ahora vigilará al Congreso… desde dentro del mismo aparato.
La Unidad de Vigilancia, lejos de ser un contrapeso efectivo, ha operado históricamente como una oficina de trámite que pocas veces ha sido incómoda para los grupos mayoritarios en el Congreso. El nombramiento de Ocampo Uribe —realizado sin participación ciudadana, sin criterios de evaluación públicos ni mecanismos de seguimiento posteriores— perpetúa esta tendencia: simulación de fiscalización bajo una capa de legalidad procesal.
Así, el Congreso de Jalisco sigue privilegiando la estética institucional por encima de las transformaciones de fondo. Nombramientos sin contrapesos y planes sin dientes confirman lo que cada vez más ciudadanos perciben: una legislatura que actúa sin incomodar al poder, que legisla sin asumir los costos políticos del cambio, y que elige mantenerse cómoda en su papel de espectadora antes que convertirse en protagonista del verdadero ejercicio democrático.
Jul 4, 2025 | Trabajo legislativo
En medio de una creciente desconfianza ciudadana hacia los órganos de control interno del Poder Legislativo, la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco, presidida por el diputado Alberto Alfaro García, aprobó este jueves el Acuerdo Legislativo para someter al Pleno la lista de candidaturas consideradas elegibles para ocupar la Unidad de Vigilancia del Congreso. Aunque se trata de un paso formal dentro del procedimiento, la falta de mecanismos que garanticen una evaluación independiente y la habitual opacidad del Congreso en este tipo de procesos vuelven a encender las alarmas.
Los ocho aspirantes que, según el dictamen, cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria son: José de Jesús Sosa López, Óscar Gerardo Romero Valenzuela, Martín Alberto García Santana, José Ricardo Álvarez Real, José Alberto Zaragoza Ruiz, Juan Carlos Alejandro Robles Rodríguez, David Rubén Ocampo Uribe y Alfredo Gutiérrez Flores. Sin embargo, más allá de sus credenciales en papel, poco o nada se sabe sobre su experiencia práctica en combate a la corrupción, fiscalización o rendición de cuentas.
De acuerdo con el procedimiento aprobado, el Pleno deberá elegir al nuevo titular mediante votación por cédula, lo que implica que cada legislador deberá emitir su voto de forma individual. Para que la designación se concrete, se requiere mayoría calificada, es decir, el respaldo de dos terceras partes de los diputados. Si no se alcanza esta votación, el proceso se declarará desierto, una salida que en el pasado se ha utilizado para justificar negociaciones políticas o prórrogas que solo benefician a los intereses cupulares.
El puesto —que se ejercerá por cuatro años sin posibilidad de reelección— es clave para supervisar el uso de los recursos del Congreso, evaluar el cumplimiento normativo de sus estructuras administrativas y emitir observaciones que puedan derivar en sanciones o denuncias. Sin embargo, desde su creación, la Unidad de Vigilancia ha tenido un perfil bajo y ha sido limitada en sus atribuciones, lo que ha debilitado su capacidad real para incidir en la prevención o castigo de actos de corrupción internos.
Por ello, preocupa que el proceso actual no incluya audiencias públicas ni comparecencias abiertas donde la sociedad civil, los medios de comunicación y especialistas puedan conocer y cuestionar a los aspirantes. Tampoco hay señales de un dictamen técnico con criterios de evaluación claros y objetivos, lo que deja el proceso sujeto a las tradicionales negociaciones partidistas.
En un contexto donde el Congreso acumula cuestionamientos por su manejo presupuestal, contratos opacos y nóminas infladas, el nombramiento del titular de esta Unidad debería ser una oportunidad para construir confianza y fortalecer los contrapesos institucionales. Pero si la elección termina reducida a un reparto de cuotas entre bancadas, como ya ha ocurrido en otras designaciones, la Unidad de Vigilancia seguirá siendo una oficina simbólica, más útil para simular controles que para ejercerlos.
Por ahora, la Secretaría General del Congreso fue instruida para ejecutar el acuerdo y publicar la lista en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio web institucional. La verdadera vigilancia, sin embargo, no depende solo del procedimiento legal, sino del compromiso político con la transparencia. Y ese, tristemente, sigue siendo el gran ausente.
