Río Santiago: promesas recicladas, diagnósticos inconclusos y exigencias sin consecuencias
Entre diagnósticos aún pendientes, indicadores “por definir” y nuevas promesas de protección ambiental, la más reciente mesa de trabajo del “Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030: Río Santiago” dejó más preguntas que certezas. Legisladores y funcionarios repitieron fórmulas conocidas sin presentar resultados concretos, mientras comunidades afectadas por la contaminación del río siguen esperando soluciones reales.
Moderada por la diputada Mariana Casillas Guerrero, la sesión reunió a autoridades estatales, representantes del Congreso y titulares de dependencias relacionadas, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Pese a los nombres, la discusión se mantuvo en un plano declarativo y técnico, sin asumir responsabilidades por el rezago histórico ni comprometer fechas, presupuestos o sanciones por incumplimiento.
Paola Bauche Petersen, titular de Semadet, insistió en la necesidad de realizar un diagnóstico actualizado de la cuenca del Río Santiago, reconociendo, en los hechos, que las cifras disponibles no alcanzan para tomar decisiones efectivas. Habló de modernizar plantas de tratamiento, mejorar la calidad del monitoreo del agua y establecer programas de detección temprana de enfermedades renales en escuelas, pero omitió detallar cuántas plantas funcionan actualmente conforme a la norma, o qué instituciones han fracasado en su operación.
Entre sus anuncios, destaca la intención de impulsar un decreto para proteger seis áreas naturales más, incluido el “Cerro del 4”. Sin embargo, no se explicó si esta protección implicará acciones concretas o si, como ha ocurrido con otras áreas naturales protegidas en Jalisco, quedará como una etiqueta legal sin vigilancia ni presupuesto.
Los diputados presentes —Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, Edgar Enrique Velázquez González, Valeria Ávila Gutiérrez, Tonatiuh Bravo Padilla, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez y Candelaria Ochoa Ávalos— exigieron una vez más actualizar ordenamientos ecológicos municipales, evitar la deforestación, y consolidar estrategias de mitigación de la contaminación. Pero ninguno explicó por qué, en sus respectivas gestiones legislativas, no se han establecido mecanismos de fiscalización que obliguen a las autoridades a cumplir metas ambientales.
También demandaron que se transparenten los volúmenes de agua saneada y los niveles de cumplimiento normativo en las plantas de tratamiento. Exigencias válidas, pero que repiten las mismas omisiones de años anteriores: ¿quién sanciona el incumplimiento?, ¿qué dependencias son responsables?, ¿cuántos millones de pesos se han gastado sin resultados visibles?
Entre los funcionarios presentes estuvieron Mario López Pérez, de la CEA; Cynthia Cantero, de Planeación; César Domínguez, de Inteligencia en Salud, y Carlos Ramírez, de Cultura de Paz. Todos acompañaron la sesión sin ofrecer datos concretos que expliquen por qué, tras más de una década de políticas públicas orientadas al rescate del Río Santiago, éste sigue siendo uno de los cuerpos de agua más contaminados del país, y una de las principales fuentes de enfermedad y muerte en comunidades ribereñas.
Mientras tanto, las zonas de restauración ecológica siguen siendo insuficientes, la deforestación avanza, y las enfermedades renales continúan cobrándose vidas en silencio. Lo que la mesa dejó en evidencia es que Jalisco no necesita más planes: necesita cumplir los que ya tiene, rendir cuentas y, sobre todo, dejar de gobernar a base de discursos.
