Jul 11, 2025 | Trabajo legislativo
En un acto más de protocolo que de ejercicio real de fiscalización, el Congreso del Estado de Jalisco tomó protesta a David Rubén Ocampo Uribe como nuevo titular de la Unidad de Vigilancia, instancia encargada —en teoría— de supervisar el uso correcto de los recursos públicos dentro del Poder Legislativo. El cargo tendrá una duración de cuatro años sin posibilidad de reelección, pero su designación pasó sin mayor debate ni escrutinio público, lo que deja abierta la sospecha sobre el perfil, el proceso de selección y la verdadera autonomía de quien ahora vigilará al Congreso… desde dentro del mismo aparato.
La Unidad de Vigilancia, lejos de ser un contrapeso efectivo, ha operado históricamente como una oficina de trámite que pocas veces ha sido incómoda para los grupos mayoritarios en el Congreso. El nombramiento de Ocampo Uribe —realizado sin participación ciudadana, sin criterios de evaluación públicos ni mecanismos de seguimiento posteriores— perpetúa esta tendencia: simulación de fiscalización bajo una capa de legalidad procesal.
Así, el Congreso de Jalisco sigue privilegiando la estética institucional por encima de las transformaciones de fondo. Nombramientos sin contrapesos y planes sin dientes confirman lo que cada vez más ciudadanos perciben: una legislatura que actúa sin incomodar al poder, que legisla sin asumir los costos políticos del cambio, y que elige mantenerse cómoda en su papel de espectadora antes que convertirse en protagonista del verdadero ejercicio democrático.
Jul 10, 2025 | Noticias
Bajo la consigna de priorizar la voz de las víctimas, el Congreso del Estado de Jalisco presentó los resultados de las Mesas de Trabajo de la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas. Aunque el acto estuvo revestido de discursos sensibles y llamados a la unidad institucional, persiste una distancia abismal entre los compromisos políticos y la realidad que enfrentan miles de familias.
La diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión, informó que se identificaron cincuenta acciones interinstitucionales orientadas a combatir la crisis. Entre las propuestas pendientes destacan la ampliación del sistema de videovigilancia C5 en regiones del interior del estado, la simplificación de trámites para acceder al Fondo de Ayuda y un aumento presupuestal para personal especializado.
Sin embargo, la mención de “acciones pendientes” resulta paradójica en un estado que acumula más de 15 mil personas desaparecidas, donde las madres y colectivos han reemplazado al Estado como principales buscadoras. ¿Qué significa una “ruta clara” si la justicia sigue sin alcanzar a los responsables ni a las víctimas?
Roberto Alarcón Estrada, Coordinador Estratégico de Seguridad, y Edna Montoya Sánchez, Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, enfatizaron que “hablar de desaparecidos no es solo referirse a estadísticas, sino a familias con una herida abierta”. El reconocimiento es válido, pero insuficiente. Mientras se pronuncian frases conmovedoras en la sede legislativa, los colectivos siguen cavando con sus propias manos en predios baldíos, exigiendo respuestas a un aparato estatal que se muestra lento, desarticulado y, en ocasiones, omiso.
El diputado José Luis Tostado Bastidas, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que se busca “transformar el dolor en justicia” mediante acciones legislativas. Sin embargo, la justicia real no se mide en pronunciamientos, sino en carpetas judiciales efectivas, en sentencias, en identificación de cuerpos y, sobre todo, en la localización de personas con vida.
La presencia de activistas como Martha Leticia García Cruz, del colectivo “Entre el Cielo y la Tierra”, y Héctor Rodolfo Flores González, de “Luz de Esperanza”, otorgó a la sesión un rostro humano que contrastó con la frialdad técnica del discurso institucional. Sus organizaciones, como muchas otras, no solo han documentado omisiones, sino que han sido víctimas de criminalización y vigilancia por parte de autoridades que, en teoría, deberían protegerlas.
También asistieron diputados de diversos partidos como Claudia Murguía, Montserrat Pérez, Valeria Ávila, Tonatiuh Bravo, entre otros. Una pluralidad política que, hasta ahora, ha sido incapaz de articular una agenda de Estado frente a uno de los problemas más graves de la entidad.
Lo presentado no es irrelevante. Pero mientras las “mesas de trabajo” avancen más en retórica que en resultados, mientras los recursos se diluyan en estructuras burocráticas en lugar de llegar a las víctimas, y mientras la estrategia sea más mediática que operativa, la crisis de desapariciones en Jalisco seguirá siendo una herida abierta, no solo para quienes buscan, sino para una sociedad que aún no ha sabido responder con dignidad al horror que la atraviesa.
Las víctimas no exigen mesas: exigen verdad, justicia y memoria. Y el tiempo, para ellas, no es una variable política: es una urgencia vital.
