Con el Palacio Legislativo como escenario, diputados locales, funcionarios y académicos se dieron cita para la Mesa de Análisis “Jalisco Global”, cuyo propósito declarado fue actualizar la Ley de Atención y Protección a Migrantes en el Estado. La intención suena loable: acciones integrales ante la movilidad humana. Sin embargo, más allá de las intervenciones cuidadas y las frases solemnes, persiste la duda de si el Congreso está dispuesto a convertir la retórica en política pública efectiva.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz habló de transformar la ley en una “herramienta viva y útil”, reconociendo que la migración va más allá de estadísticas: implica retorno, fragmentación familiar y vínculos laborales. El legislador José Aurelio Fonseca Olivares, por su parte, pidió reforzar las normas con un “enfoque humanista”, recordando la deuda histórica con los jaliscienses en el extranjero. Ambos discursos sonaron correctos, aunque quedaron en el mismo terreno de las generalidades que acompañan a cada legislatura cuando se trata de migrantes.
Los especialistas presentes no se limitaron a diagnósticos edulcorados. Señalaron que la migración, en sus fases de retorno, tránsito y destino, es un fenómeno complejo que en Jalisco se atiende con presupuestos limitados y marcos normativos rebasados. Advirtieron de la urgencia de acciones interseccionales, eliminar trabas burocráticas como la apostilla y establecer protocolos para garantizar derechos básicos en salud y educación. En pocas palabras: lo que los migrantes padecen día a día mientras el discurso oficial presume mesas de diálogo.
Entre los asistentes hubo una larga lista de nombres: desde académicos de universidades privadas y públicas hasta representantes de organizaciones internacionales como ACNUR y OIM, pasando por funcionarios del DIF, la Secretaría de Cultura y hasta “Jaliscienses en Chicago”. La fotografía grupal fue amplia y diversa, pero al final del encuentro quedó la sensación de que los verdaderos ausentes fueron los propios migrantes, cuya voz pocas veces se escucha en el recinto legislativo.
La crítica central radica en que, mientras se multiplican los diagnósticos, no se aterrizan mecanismos claros de financiamiento, seguimiento y rendición de cuentas. Se repiten llamados a un “enfoque humanista” pero sin compromisos concretos de presupuestos ni calendarios de acción. En contraste, las remesas —motor económico silencioso— siguen llegando a Jalisco sin que el Estado construya políticas que devuelvan algo más que discursos a quienes sostienen comunidades enteras.
La Mesa “Jalisco Global” terminó como tantas otras: con promesas de legislar, reformar y actualizar. Pero fuera del Palacio Legislativo, los migrantes y sus familias siguen enfrentando el retorno abrupto, la falta de acceso a servicios y la indiferencia institucional. La migración es, para Jalisco, mucho más que un fenómeno global: es una deuda local que ni mesas ni foros han logrado saldar.
La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, presidida por la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, aprobó en sesión de trabajo telemática cuatro acuerdos que refuerzan la protección de derechos, la atención a víctimas y el acceso a mecanismos de solución de conflictos, con impacto directo en la vida de las y los jaliscienses.
Uno de los acuerdos avaló las conclusiones de la consulta pública sobre la iniciativa de Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. En el proceso participaron más de 190 personas, entre estudiantes, padres de familia, docentes, especialistas, autoridades y organizaciones sociales.
Los ejes centrales acordados incluyen:
Capacitación en autoprotección digital.
Prevención de delitos en línea.
Inclusión del enfoque de género.
Alfabetización digital para madres y padres.
Impulso a una cultura de paz en los espacios digitales.
El documento integró propuestas recogidas en mesas de trabajo, consultas en línea y foros presenciales. Entre los consensos destaca no prohibir, sino regular el uso de internet y plataformas digitales, así como diseñar protocolos de actuación respetando la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Este informe será turnado a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y dictaminación.
La comisión también aprobó un dictamen que modifica la Ley de Atención a Víctimas, la Ley de Desarrollo Social, el Código de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco.
Las reformas amplían la protección de grupos en situación de vulnerabilidad como niñas, niños, personas adultas mayores, pueblos indígenas, familias de personas desaparecidas, periodistas y defensores de derechos humanos. Se busca garantizar un enfoque transversal de género y medidas de apoyo específicas para cada sector.
Finalmente, se avaló el dictamen que abroga la Ley de Justicia Alternativa y expide la Ley de Mecanismos de Solución de Controversias del Estado de Jalisco, con el fin de modernizar y ampliar las vías de acceso a la justicia.
La nueva norma regula procedimientos como la negociación, mediación, conciliación y arbitraje, otorgando certeza jurídica y fomentando la resolución pacífica de conflictos. Con ello se ofrece a la ciudadanía una alternativa ágil y confiable frente a procesos judiciales largos y costosos.
Tlajomulco de Zúñiga se convirtió en el primer municipio en sumarse formalmente a la red de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, una iniciativa impulsada por la diputada Adriana Medina Ortiz, quien encabezó la firma de una carta compromiso junto con autoridades municipales, el Congreso del Estado y el Gobierno de Jalisco. Si bien la propuesta pretende ser un parteaguas en materia de derechos digitales para la infancia, la ejecución concreta aún deja preguntas sin resolver.
Durante el acto protocolario, Medina Ortiz celebró que se dé este “paso trascendental” en la ruta legislativa para reconocer, regular y garantizar un acceso seguro e inclusivo a internet. La diputada recordó que la red forma parte de tres acciones legislativas mayores: una reforma constitucional para reconocer el derecho al internet seguro, la creación de una Ley para la Protección de Derechos en Entornos Digitales y reformas al Código Penal para sancionar delitos cometidos mediante tecnologías, incluida la inteligencia artificial.
La intención es ambiciosa y oportuna, especialmente ante el crecimiento acelerado de la violencia digital, el acoso en línea y la sobreexposición de menores a contenidos nocivos. No obstante, la propuesta —presentada como una iniciativa pionera— parece carecer aún de mecanismos operativos claros y de un verdadero plan de implementación territorial.
El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, respaldó la estrategia y la calificó como una “acción de vanguardia”, afirmando que se armonizarán normativas locales para que escuelas y espacios públicos se conviertan en entornos donde el internet sea una herramienta de inclusión, protección y desarrollo. La declaración entusiasma, pero exige puntualizar: ¿cómo se traducirá eso en políticas concretas para docentes, madres y padres de familia, o para los propios menores? ¿Cuál será el presupuesto destinado? ¿Habrá capacitación a nivel comunitario o escolar?
Por su parte, la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, y el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, también se sumaron con discursos de apoyo, destacando la posibilidad de transformar la iniciativa en una política pública de alcance estatal. Pero hasta ahora, las adhesiones se mantienen en el terreno de lo declarativo.
En términos legislativos, si bien el planteamiento de una ley específica para entornos digitales y la inclusión de sanciones en el Código Penal son avances, el reto principal será evitar que este marco normativo quede como letra muerta. México, y Jalisco en particular, arrastran un rezago en políticas de alfabetización digital infantil, protección de datos personales de menores y control efectivo sobre plataformas tecnológicas.
Además, resulta relevante preguntarse si en esta cruzada digital se está escuchando la voz de niñas, niños y adolescentes. Los diagnósticos suelen centrarse en la perspectiva institucional, pero rara vez se construyen desde la experiencia de las infancias digitales, quienes no solo son usuarios pasivos, sino también generadores de contenido y sujetos de derechos.
El riesgo es que la firma de compromisos, como el celebrado en Tlajomulco, se convierta en una postal institucional más, sin una estrategia transversal que involucre a comunidades educativas, gobiernos municipales, plataformas tecnológicas y sociedad civil. De no aterrizarse en acciones sostenidas, medibles y con perspectiva de derechos humanos, el “internet seguro” para la niñez podría quedarse en una promesa bonita, pero vacía.
En suma, la iniciativa de Adriana Medina y el respaldo de Tlajomulco deben ser reconocidos como un primer paso. Pero si el compromiso es serio, lo que sigue es lo más difícil: pasar del discurso al sistema, del acto simbólico a la política pública con rostro y resultados. Porque en la era digital, proteger a la infancia no es solo legislar: es transformar realidades desde el código hasta el aula.
Una vez más, el Congreso del Estado se vio marcado por el vacío de representación y la desidia legislativa. La mañana de este jueves, una mesa de trabajo clave sobre seguridad y desapariciones fue ignorada por diputadas y diputados de todas las bancadas, excepto Movimiento Ciudadano (MC). Pese a la gravedad del tema y la convocatoria expresa, no acudieron representantes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, Futuro, PT ni del Partido Verde.
El objetivo del encuentro era analizar el contenido del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 en materia de seguridad pública, un documento que pretende definir el rumbo de Jalisco frente a la violencia, los feminicidios y las desapariciones. La cita estaba marcada para las 9:00 horas bajo el título “Jalisco tranquilo y en paz”, pero el vacío legislativo convirtió la mesa en un monólogo oficialista.
Los únicos presentes fueron los diputados emecistas José Luis Tostado y Adriana Medina, quienes recibieron a tres funcionarios del Gabinete de Seguridad: Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad; Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad; y el fiscal general Salvador González. También fueron convocadas Tonantzin Cárdenas (futurista) y Yussara Canales (Partido Verde), pero tampoco acudieron.
Durante su exposición, Alarcón Estrada reveló que hay identificadas 231 problemáticas en seguridad pública y que los delitos de mayor impacto, como homicidios dolosos, feminicidios y desapariciones, siguen marcando la agenda estatal. Hasta marzo de 2025, dijo, hay un registro de 15 mil 534 personas desaparecidas en Jalisco.
El funcionario también reconoció que más de la mitad de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara se sienten inseguros, y que la corrupción, la impunidad y la falta de profesionalización en cuerpos policiales son factores que alimentan la desconfianza ciudadana. “En términos generales, hay desconfianza en las instituciones policiales”, sentenció.
Sin embargo, lo más revelador no fue lo dicho, sino lo que quedó sin decir por los ausentes. La diputada emecista Adriana Medina lamentó la ausencia de legisladores que suelen criticar con vehemencia al Gobierno del Estado, pero no se presentaron cuando había oportunidad de cuestionar cara a cara a los responsables de la seguridad.
“Lamentable la ausencia de diputados para aquellos que se la pasan gritando en los espacios del foro que exigen cuentas, es la segunda ocasión que está presente en el Congreso todo el Gabinete de Seguridad y no se presentó nadie. Todos aquellos que utilizan la tribuna falsamente sólo para cuestionar, aquí lo demostraron: vienen por la mañana, nadie presente”, declaró.
La diputada Yussara Canales justificó su ausencia con el argumento de que tenía otro compromiso previamente agendado. Por su parte, la futurista Tonantzin Cárdenas alegó una urgencia familiar.
La inasistencia no sólo exhibe falta de compromiso, sino una preocupante desconexión con la realidad de miles de familias jaliscienses que buscan a sus seres queridos desaparecidos. En lugar de confrontar y exigir resultados, los legisladores optaron por el silencio.
La sesión siguiente, programada para las 12:00 del mismo día con integrantes del Poder Judicial, también fue cancelada debido a que Morena, el PRI, el PAN, Miguel de la Rosa e Itzul Barrera no acudieron.
En resumen, la jornada fue una postal más de la política vacía, donde el discurso se impone sobre la acción, y donde quienes deberían representar los intereses de la ciudadanía optan por el ausentismo como norma. En Jalisco, la ausencia también mata.
Con 7 votos a favor y 4 en contra, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que autoriza un incremento del 9.65% en las tarifas del agua para 2025, una decisión que, aunque se presenta como “matizada” frente a la propuesta original del SIAPA (12.7%), sigue generando cuestionamientos sobre su pertinencia, legitimidad y, sobre todo, eficacia.
Presidida por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, la comisión avaló el resolutivo tarifario tras meses de trabajo técnico y político, comparecencias con funcionarios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y mesas de diálogo multipartidistas. No obstante, el consenso no fue unánime: Morena, PRI, Futuro y el diputado independiente Alejandro Puerto votaron en contra al considerar que no existen condiciones técnicas, sociales ni éticas para justificar el aumento.
¿Pagar más por menos?
La paradoja es evidente: se autoriza un alza en las tarifas a pesar de que el propio dictamen reconoce las deficiencias históricas del SIAPA. De hecho, se plantean descuentos a usuarios de al menos 30 colonias donde, oficialmente, el servicio es deficiente. Es decir, el Congreso admite que hay agua turbia, cortes prolongados, infraestructura obsoleta y mala gestión… pero aun así avala cobrar más.
Los defensores del incremento —como el diputado Tonatiuh Bravo de Hagamos— justificaron su voto a favor asegurando que el nuevo dictamen obliga al SIAPA a entregar un “Plan de Acción Integral” con metas, indicadores y seguimiento trimestral, además de someterse a una auditoría externa. Sin embargo, estos compromisos suenan más a promesas tardías que a soluciones concretas. ¿Por qué no se exigió primero el cumplimiento de estos mecanismos de control antes de aprobar un alza tarifaria?
Argumentos encontrados, viejos problemas
El bloque opositor, encabezado por Itzul Barrera (Morena), Refugio Camarena (PRI), Tonantzin Cárdenas (Futuro) y Alejandro Puerto, fue claro: el incremento es injustificado mientras no se resuelvan las fallas estructurales del sistema. Coincidieron en que el SIAPA no ha demostrado una mínima capacidad de mejora operativa y que, lejos de ser una decisión técnica, el dictamen responde a una lógica recaudatoria disfrazada de planeación.
Y es que, aunque se presume como una actualización “responsable” —según los discursos de Movimiento Ciudadano y sus aliados—, la decisión parece estar motivada más por urgencias presupuestales que por un compromiso genuino con los derechos de los usuarios.
Votaron a favor del incremento las diputadas Gabriela Cárdenas, Adriana Medina, Mónica Magaña, José Luis Tostado de Movimiento Ciudadano, la panista Claudia Murguía, Tonatiuh Bravo Hagamos y el Guadalupe Buenrostro del Partido Verde.
Cuotas y desconfianza
Con el aumento aprobado, la cuota de administración para uso habitacional subirá a $83.67 pesos, en lugar de los $85.85 propuestos originalmente. Es un ajuste menor, pero simbólicamente contradictorio: se busca contener el descontento ciudadano con centavos mientras se sigue postergando la transformación de fondo del SIAPA.
La desconfianza hacia el organismo operador del agua no es nueva. Años de opacidad, desvío de recursos, obras inconclusas y omisiones sistemáticas han minado cualquier intento de legitimar sus decisiones técnicas. Por eso, prometer un plan, una auditoría o un informe trimestral ya no basta: lo que la ciudadanía exige son resultados tangibles, agua limpia y presión suficiente, no comunicados optimistas ni sesiones legislativas maquilladas.
¿Y el pleno?
El dictamen aún debe pasar por el Pleno del Congreso estatal en sesión programada para este jueves. Si bien la correlación de fuerzas anticipa su aprobación, el costo político no será menor. Con este aval, el Congreso de Jalisco no solo asume la defensa de una medida impopular, sino que se convierte, de facto, en cómplice de un modelo de gestión del agua que ha fallado una y otra vez.
Incrementar tarifas sin haber saneado al SIAPA es un mensaje peligroso: en Jalisco, se puede premiar la ineficiencia con más recursos. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se vuelve, año tras año, una carga económica para quienes menos tienen y más padecen las consecuencias del abandono institucional.
