Durante la más reciente sesión plenaria del Congreso del Estado de Jalisco, presidida por la diputada Marta Arizmendi Fombona, las y los legisladores aprobaron 21 acuerdos legislativos enfocados en temas clave como justicia administrativa, medio ambiente, inclusión, protección animal, atención a víctimas y modernización institucional.
Uno de los puntos más relevantes fue el exhorto dirigido al gobernador del Estado y al titular de la Secretaría de Hacienda Pública, para que entreguen de manera inmediata las placas vehiculares a todas las personas que hayan pagado su refrendo, sin condicionarlas al cumplimiento de la verificación vehicular, en el marco del denominado “paquetazo 3×1”. A su vez, se pidió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública que instruya a la Policía Vial a no aplicar sanciones a quienes estén en este supuesto.
En el mismo tenor de derechos ciudadanos, el Congreso designó a Mercedes Adriana Méndez Cabrera, María del Socorro Piña Montiel y Silvia Patricia López González como representantes de la sociedad civil en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, garantizando pluralidad y enfoque de derechos humanos.
En materia de cultura e inclusión, se aprobó institucionalizar un evento anual conmemorativo por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Palacio Legislativo, para visibilizar y celebrar la riqueza cultural, lingüística y social de los pueblos originarios de Jalisco.
El Pleno también dio luz verde al programa “Cero Papel”, con el objetivo de reducir el uso de documentos impresos y migrar hacia esquemas digitales dentro del Poder Legislativo. Además, se autorizó la actualización de la página oficial del Congreso, que incluirá un chatbot para facilitar el acceso ciudadano a trámites y servicios.
En otro frente, se exhortó al Ayuntamiento de Puerto Vallarta a establecer de forma permanente una Vía RecreActiva dominical para promover actividades deportivas, recreativas y culturales. Asimismo, se solicitó dar mantenimiento urgente a la alberca olímpica “La Bobadilla”, en Zapopan, para evitar criaderos del mosquito transmisor del dengue.
El Congreso hizo un llamado a los 125 municipios del estado a regular la ocupación de banquetas por parte del comercio, a fin de garantizar el libre tránsito peatonal, y a reforzar operativos que aseguren el uso adecuado de vialidades y bienes públicos. También se les exhortó a actualizar sus respectivos Atlas Municipales de Riesgo como medida preventiva.
Se solicitó además a los tres niveles de gobierno coordinar acciones para prevenir el desbordamiento del arroyo El Seco —que atraviesa Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco—, así como intervenir en el saneamiento y vigilancia del arroyo “Río Blanco” en Zapopan.
En el ámbito económico y social, se aprobó un exhorto para que el Presupuesto estatal de 2026 contemple un programa de apoyos al equipamiento agropecuario, en beneficio del campo jalisciense. También se pidió al Ejecutivo estatal instalar el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se exhortó al Congreso de la Unión a garantizar en la reforma al artículo 123 constitucional una pensión justa, que no sea inferior al salario mínimo.
Como parte de la estrategia de modernización legislativa, se avaló la firma de un convenio con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco. Finalmente, se autorizó el traslado transitorio del Recinto Legislativo al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara para celebrar una Sesión Solemne con motivo del Centenario de la Refundación de la UdeG, el próximo 29 de septiembre de 2025.
Este lunes 14 de julio, la diputada Itzul Barrera Rodríguez presentó una iniciativa legislativa para eliminar el actual sistema de verificación vehicular y sustituirlo por un nuevo modelo denominado Afinación Ciudadana Obligatoria, propuesta que pretende dar respuesta a las múltiples quejas ciudadanas sobre los altos costos, la falta de efectividad y la concesión del servicio a una empresa extranjera.
Durante el acto, realizado en el Patio Central del Congreso de Jalisco, Barrera estuvo acompañada por diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena y de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, así como por integrantes de colectivos ambientales, ciudadanos y compañeros del activista asesinado Alejandro Gobel, impulsor de la causa.
“La verificación vehicular ha sido un negocio más que una política ambiental. Hoy proponemos un modelo justo, eficaz y basado en la corresponsabilidad ciudadana”, afirmó la legisladora.
De la recaudación a la participación
La propuesta plantea reemplazar el esquema actual —operado por la empresa estadounidense Worldwide Environmental Products (WEP) mediante un contrato de más de 7 mil millones de pesos— por un sistema basado en afinaciones técnicas obligatorias, realizadas en talleres mecánicos certificados por el Estado.
El nuevo modelo contempla:
Eliminar cobros excesivos y discrecionales.
Incentivar la economía local mediante empleo en talleres autorizados.
Establecer auditorías, bitácoras y control estatal.
Reconocer la afinación como herramienta técnica real para reducir emisiones contaminantes.
Ofrecer incentivos por cumplimiento anticipado.
Revisar la legalidad y viabilidad del contrato con WEP.
La iniciativa recoge el trabajo ciudadano realizado durante años por Gobel y su asociación “Afinación sí, Verificación no”, y representa una alternativa que —según Barrera— emana directamente del pueblo.
Un homenaje convertido en iniciativa
En su intervención, la legisladora dedicó la propuesta a Alejandro Gobel, activista ambiental asesinado por su labor de denuncia y organización social contra el actual modelo de verificación:
“Hoy esta causa llega al Congreso, y con ella, también la memoria de Alejandro. Su lucha no fue en vano”, expresó visiblemente conmovida.
Respaldo legislativo y exigencia ciudadana
Durante la presentación, varios legisladores manifestaron su respaldo. Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador de Morena en el Congreso, afirmó que es momento de responder al reclamo popular con una propuesta viable y ética. “No se trata solo de política, se trata de justicia social y ambiental”, dijo.
Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Hagamos, subrayó que el medio ambiente no debe ser una concesión ni un negocio: “El actual sistema criminaliza la pobreza. Esta propuesta plantea soluciones técnicas sin excluir a quienes menos tienen”, puntualizó.
Tonantzin Cárdenas, presidenta del grupo parlamentario de Futuro, se sumó al respaldo destacando el trabajo de los colectivos ciudadanos. “No hay política ambiental válida si no pone al pueblo en el centro”, declaró.
Reivindicación colectiva
Representantes de organizaciones ciudadanas y ambientalistas señalaron que la iniciativa presentada por Gobel en la legislatura anterior, respaldada por más de 6 mil firmas, fue ignorada. Ahora, con este nuevo impulso, esperan que el Congreso escuche.
“No pedimos favores. Exigimos políticas públicas que no se usen para recaudar, sino para sanar el aire que respiramos”, denunciaron.
Una nueva etapa para la política ambiental
La propuesta de Afinación Ciudadana Obligatoria será turnada a comisiones para su análisis, pero ya logró abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el derecho a un medio ambiente sano y el papel del Estado en su garantía.
“Sí se puede cuidar el medio ambiente sin castigar a los de abajo. Aquí estamos: con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, concluyó Barrera.
