Jul 2, 2025 | Noticias
Con un discurso que apela a la justicia económica, la sostenibilidad y el retorno del dinero público al pueblo, las diputadas Tonantzin Cárdenas Méndez y Valeria Ávila Gutiérrez presentaron una iniciativa para que las cooperativas puedan integrarse como proveedoras del Gobierno del Estado a través de procesos de compras públicas. Sin embargo, la propuesta, aunque loable en sus intenciones, carece —hasta ahora— de un plan claro de implementación y enfrenta múltiples obstáculos legales, administrativos y estructurales.
En rueda de prensa, las legisladoras enmarcaron la iniciativa como un giro hacia una economía solidaria. “El dinero público debe estar al servicio de la gente”, dijo Cárdenas, quien insistió en que se debe reivindicar el trabajo colectivo por encima del modelo empresarial dominante. Citó que en Jalisco existen más de 1,500 cooperativas registradas, aunque no precisó cuántas de ellas tienen capacidad operativa, solvencia fiscal o experiencia previa para cumplir con los requisitos que implican las contrataciones públicas estatales.
Por su parte, Ávila Gutiérrez sostuvo que muchas cooperativas han resistido desde el ámbito privado sin poder acceder al aparato institucional. No obstante, la iniciativa presentada no aclara cómo el Estado garantizaría procesos justos, sin discrecionalidad, para seleccionar entre proveedores cooperativistas y empresas convencionales, ni qué reformas secundarias serían necesarias para evitar que esta política se convierta en letra muerta.
Más allá del discurso progresista, la propuesta se enfrenta a una realidad burocrática compleja: los procesos de compras públicas están regidos por normativas estrictas de competencia, transparencia y eficiencia, que podrían colisionar con las capacidades técnicas, administrativas o logísticas de muchas cooperativas de base. Tampoco se ha dicho si se prevén apoyos específicos, capacitación o fondos de transición para fortalecer al sector cooperativo antes de lanzarlo a competir por contratos públicos.
Además, no se abordaron aspectos clave como los mecanismos de verificación, criterios diferenciados o instrumentos legales que garanticen la transparencia en la adjudicación de contratos a cooperativas, sin caer en favoritismos o simulaciones. El riesgo es que, sin un marco sólido, esta buena intención se utilice como herramienta clientelar o como argumento político más que como una política pública efectiva.
Si bien las diputadas aseguran que la iniciativa será turnada a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis, tampoco se precisó un calendario, ni se mencionó si ya cuentan con respaldo técnico de la administración estatal o aliados parlamentarios suficientes para que prospere en el Pleno.
En resumen, se trata de una propuesta con potencial, pero también con vacíos importantes. Promover el cooperativismo es necesario, pero integrarlo al aparato estatal requiere mucho más que discursos inspiradores: exige voluntad política sostenida, reingeniería normativa y un compromiso real con la transparencia y la equidad. Mientras eso no se garantice, el anuncio de hoy corre el riesgo de sumarse a la larga lista de buenas intenciones que nunca se convierten en políticas transformadoras.
Jul 2, 2025 | Trabajo legislativo
Entre diagnósticos aún pendientes, indicadores “por definir” y nuevas promesas de protección ambiental, la más reciente mesa de trabajo del “Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030: Río Santiago” dejó más preguntas que certezas. Legisladores y funcionarios repitieron fórmulas conocidas sin presentar resultados concretos, mientras comunidades afectadas por la contaminación del río siguen esperando soluciones reales.
Moderada por la diputada Mariana Casillas Guerrero, la sesión reunió a autoridades estatales, representantes del Congreso y titulares de dependencias relacionadas, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Pese a los nombres, la discusión se mantuvo en un plano declarativo y técnico, sin asumir responsabilidades por el rezago histórico ni comprometer fechas, presupuestos o sanciones por incumplimiento.
Paola Bauche Petersen, titular de Semadet, insistió en la necesidad de realizar un diagnóstico actualizado de la cuenca del Río Santiago, reconociendo, en los hechos, que las cifras disponibles no alcanzan para tomar decisiones efectivas. Habló de modernizar plantas de tratamiento, mejorar la calidad del monitoreo del agua y establecer programas de detección temprana de enfermedades renales en escuelas, pero omitió detallar cuántas plantas funcionan actualmente conforme a la norma, o qué instituciones han fracasado en su operación.
Entre sus anuncios, destaca la intención de impulsar un decreto para proteger seis áreas naturales más, incluido el “Cerro del 4”. Sin embargo, no se explicó si esta protección implicará acciones concretas o si, como ha ocurrido con otras áreas naturales protegidas en Jalisco, quedará como una etiqueta legal sin vigilancia ni presupuesto.
Los diputados presentes —Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, Edgar Enrique Velázquez González, Valeria Ávila Gutiérrez, Tonatiuh Bravo Padilla, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez y Candelaria Ochoa Ávalos— exigieron una vez más actualizar ordenamientos ecológicos municipales, evitar la deforestación, y consolidar estrategias de mitigación de la contaminación. Pero ninguno explicó por qué, en sus respectivas gestiones legislativas, no se han establecido mecanismos de fiscalización que obliguen a las autoridades a cumplir metas ambientales.
También demandaron que se transparenten los volúmenes de agua saneada y los niveles de cumplimiento normativo en las plantas de tratamiento. Exigencias válidas, pero que repiten las mismas omisiones de años anteriores: ¿quién sanciona el incumplimiento?, ¿qué dependencias son responsables?, ¿cuántos millones de pesos se han gastado sin resultados visibles?
Entre los funcionarios presentes estuvieron Mario López Pérez, de la CEA; Cynthia Cantero, de Planeación; César Domínguez, de Inteligencia en Salud, y Carlos Ramírez, de Cultura de Paz. Todos acompañaron la sesión sin ofrecer datos concretos que expliquen por qué, tras más de una década de políticas públicas orientadas al rescate del Río Santiago, éste sigue siendo uno de los cuerpos de agua más contaminados del país, y una de las principales fuentes de enfermedad y muerte en comunidades ribereñas.
Mientras tanto, las zonas de restauración ecológica siguen siendo insuficientes, la deforestación avanza, y las enfermedades renales continúan cobrándose vidas en silencio. Lo que la mesa dejó en evidencia es que Jalisco no necesita más planes: necesita cumplir los que ya tiene, rendir cuentas y, sobre todo, dejar de gobernar a base de discursos.
Jun 23, 2025 | Noticias
Con la etiqueta de “operatividad del Poder Legislativo”, el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Congreso del Estado, presidido por la diputada Montserrat Pérez Cisneros, aprobó una serie de fallos de adjudicación y dio luz verde a nuevas convocatorias públicas para la contratación de servicios. Lo que podría parecer un ejercicio rutinario de gestión administrativa, en realidad, sigue exhibiendo una preocupante tendencia: la discrecionalidad y falta de transparencia en la forma en que el Legislativo maneja el dinero público.
El procedimiento, realizado en sesión con la presencia de las diputadas Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, y los diputados Sergio Miguel Martín Castellanos e Isaías Cortés Berúmen, fue presentado como un acto meramente técnico. Sin embargo, el hermetismo con el que se condujo el Comité y la ausencia de detalles públicos sobre las empresas beneficiadas o los montos adjudicados vuelve a prender las alarmas sobre prácticas que, aunque legales, rozan los límites de lo éticamente aceptable.
El problema no está únicamente en lo que se aprobó, sino en cómo se aprobó: sin mecanismos claros de rendición de cuentas inmediatos ni discusión abierta sobre los criterios que determinaron los fallos. En una entidad donde las licitaciones suelen ser campo fértil para la simulación de competencia o el acomodo de proveedores afines, este tipo de decisiones administrativas deberían ser tratadas con el mayor rigor y vigilancia pública.
Más aún, el Congreso de Jalisco —que ha exigido austeridad a otros poderes y organismos autónomos— no ha explicado por qué se requiere la contratación de nuevos servicios ni si se evaluó el desempeño de los proveedores actuales. Tampoco hay claridad sobre si estos procesos derivan de auditorías internas o de una verdadera necesidad operativa, o si se trata simplemente de renovar contratos bajo otros nombres.
En tiempos donde la legitimidad de los órganos legislativos se tambalea por la creciente desconfianza ciudadana, decisiones como ésta deberían pasar por un filtro más robusto de revisión pública y ética parlamentaria. Pero aquí, una vez más, la forma se impone al fondo: todo parece estar “en regla”, pero el silencio institucional sobre los detalles deja abierta la sospecha de que, en el Congreso, lo público sigue siendo tratado como asunto privado.
La pregunta sigue vigente: ¿a quién le sirve realmente la opacidad en las contrataciones legislativas? Porque al pueblo, claramente, no.
