Candelaria Ochoa se defiende: transparencia bajo sospecha y fallas institucionales
En medio de cuestionamientos públicos por un presunto enriquecimiento ilícito, la diputada local Candelaria Ochoa Ávalos salió a fijar postura con un ejercicio que, si bien se presenta como rendición de cuentas, también exhibe grietas en los propios mecanismos de transparencia del estado.
Con documentos en mano, la legisladora aseguró que su patrimonio es resultado de 42 años de trabajo como asalariada y servidora pública, negando categóricamente cualquier irregularidad. Detalló que ha cumplido de manera constante con sus obligaciones fiscales y de transparencia ante el SAT y la Contraloría del Congreso de Jalisco.
En un intento por desactivar la polémica, Ochoa desglosó el origen de sus bienes: una primera propiedad adquirida en 1997 mediante crédito FOVISSSTE; una segunda en 2011 vía INFONAVIT; y una tercera vivienda que —precisó— no le pertenece, sino a su padre de 102 años, bajo su cuidado. Asimismo, informó que posee dos vehículos, uno destinado al traslado médico de su padre y otro para uso personal.
Sin embargo, el fondo del problema no radica únicamente en la narrativa de la diputada, sino en las inconsistencias que ella misma denunció en la plataforma estatal de transparencia. Según expuso, pese a haber solicitado la publicidad de su declaración patrimonial, los registros oficiales la mostraban con bienes en “cero”, lo que abre dudas sobre la confiabilidad del sistema y alimenta la desinformación.
“Soy una de las pocas legisladoras que ha pedido voluntariamente que su información esté disponible para consulta pública”, afirmó, al tiempo que subrayó que no cuenta con empresas ni declaración de intereses, pues —dijo— siempre ha vivido de su salario.
La controversia escaló al terreno mediático. Ochoa anunció que solicitó formalmente derecho de réplica a TV Azteca y Grupo Fórmula, a quienes acusa de difundir información distorsionada. El señalamiento no es menor: coloca en la mesa el delicado equilibrio entre la fiscalización periodística y la responsabilidad en el manejo de datos incompletos o erróneos.
Más allá de la defensa puntual, el caso deja al descubierto un problema estructural: la transparencia no solo depende de la voluntad del funcionario, sino de la integridad de las plataformas institucionales y de la calidad del escrutinio público. Cuando alguno de estos elementos falla, el resultado es un terreno fértil para la sospecha.
La diputada adelantó que el próximo 1 de mayo presentará su declaración patrimonial correspondiente a 2025, insistiendo en que lo hará bajo los mismos criterios de apertura que —asegura— ha mantenido desde 2012. Quedará por ver si ese ejercicio logra disipar las dudas o si, por el contrario, confirma que en materia de transparencia, la forma sigue siendo tan relevante como el fondo.
