Con el propósito de acercar a la ciudadanía la cultura testamentaria y ofrecer certeza jurídica al patrimonio de las familias, el Congreso del Estado de Jalisco inauguró por primera vez un módulo de atención del programa “Septiembre, Mes del Testamento”, instalado en los pasillos del Poder Legislativo.
La medida permitirá a las y los jaliscienses acceder a servicios notariales con descuentos significativos y orientación especializada, reforzando la protección de su patrimonio y evitando futuros conflictos familiares.
La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, promotora de la iniciativa, calificó el arranque como un evento histórico para la institución.
“Este evento tiene por objetivo difundir y fortalecer la cultura testamentaria, con el respaldo del Colegio de Notarios de Jalisco, que brinda certeza legal y seguridad jurídica a las familias. Nuestro compromiso es que este esfuerzo se convierta en una tradición anual en el Congreso, como ya ocurre en la Cámara de Diputados y en el Senado desde hace más de una década”, señaló.
En representación de la Junta de Coordinación Política, el diputado Miguel de la Rosa Figueroa destacó que la campaña no se limita a los trabajadores del Congreso, sino que beneficia a toda la sociedad jalisciense.
“Es una iniciativa que refleja la disposición de las distintas fuerzas políticas para generar acuerdos en favor de la ciudadanía”, expresó.
El coordinador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, subrayó que la iniciativa acerca la figura del notariado a la población, fortaleciendo la confianza en esta institución. En la misma línea, el diputado priista José Aurelio Fonseca Olivares enfatizó que realizar un testamento es un acto personal de gran trascendencia, pues brinda claridad y protección jurídica a las familias.
El secretario general del Congreso, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, refrendó el apoyo institucional y recordó que la campaña se desarrollará del 1 de septiembre al 10 de octubre, con un costo preferencial de 2 mil 300 pesos, equivalente a un descuento de casi 88 por ciento respecto a su tarifa regular.
El presidente del Colegio de Notarios del Estado, José Luis Leal Campos, anunció que el beneficio se mantendrá también durante 2026 y 2027, además de un programa piloto de servicio social notarial para llevar orientación jurídica a los 125 municipios de Jalisco.
A su vez, el coordinador del servicio social del Colegio, Guillermo Plaza Arana, y el presidente de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial, Héctor Basurto Barocio, coincidieron en que el programa constituye un gesto de solidaridad con la ciudadanía y un avance en la consolidación de la cultura testamentaria.
Al evento asistieron también los diputados Leonardo Almaguer Castañeda, José Guadalupe Buenrostro Martínez, Tonatiuh Bravo Padilla y José Aurelio Fonseca Olivares, junto a representantes del Colegio de Notarios, integrantes de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial y medios de comunicación.
Con esta iniciativa, el Congreso de Jalisco se suma a la promoción activa de la cultura del testamento, abriendo un espacio de acceso directo a servicios legales con impacto social y económico para miles de familias.
Los diputados de Jalisco antes de irse de vacaciones decidieron engordar la nómina del Poder Legislativo. Y no, no es para atender una urgencia social ni para mejorar la productividad parlamentaria. Es, como suele ocurrir, para abrirle la puerta a más contrataciones… discrecionales.
El acuerdo interno C.A.P.L. -05-LXIV, cocinado el 25 de julio en la Comisión de Administración, les da vía libre para cubrir vacantes por muerte, jubilación, renuncia o retiro voluntario, pero sin pasar por el incómodo trámite de una convocatoria abierta. Un traje a la medida, bajo la figura de “supernumerarios”, ese término que suena técnico, pero que en la práctica significa que el personal entra por recomendación, no por concurso.
La votación de la propuesta presentada por la emecista Esther Monserrat Pérez Cisneros fue mayoritariamente favorable. Solo el coordinador legislativo de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, se atrevió a oponerse. Una abstención solitaria de la diputada de Futuro acompañó la resistencia. El resto —MC, Morena, PAN, PRI, PVEM, PT— aplaudió con entusiasmo digno de una boda de compadres.
El chiste se cuenta solo: el Congreso ya tiene 649 plazas de sobra, según el IMCO. Pero en vez de adelgazar la nómina, la engordan sin pudor. Se escudan en que las contrataciones son “necesarias”, cuando todos saben que son necesarias… para los compromisos políticos que cargan como costal.
No hay trampa nueva, solo la misma vieja receta: aprobarlo rápido, disfrazarlo de procedimiento técnico y asegurar que nadie se quede sin su cuota de recomendados.
En resumen, el Legislativo vuelve a demostrar que cuando hay voluntad… para contratar, no hay obstáculo que valga. Y mientras tanto, el ciudadano sigue viendo cómo su dinero se transforma en nómina, en vez de en leyes útiles.
Con el objetivo de prevenir la normalización de conductas delictivas a través de expresiones musicales en eventos masivos, la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen que reforma el artículo 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. Las modificaciones, promovidas por la diputada Itzul Barrera Rodríguez, establecen que los ayuntamientos serán corresponsables de evitar la difusión de contenidos musicales que inciten a la violencia o hagan apología del delito en espacios públicos.
La propuesta fue integrada por tres iniciativas distintas, que se analizaron en conjunto. De acuerdo con la diputada Barrera, la finalidad no es intervenir en lo que las personas escuchen de forma privada, sino regular los contenidos que se presentan en ferias, festivales, plazas y demás eventos recreativos organizados o autorizados por los gobiernos municipales.
“El enfoque es preventivo. Se trata de establecer mecanismos que ayuden a construir entornos más seguros y con mensajes que fortalezcan una cultura de paz”, señaló la legisladora al presentar el dictamen.
Entre los principales puntos de la reforma destaca que, de ser aprobada por el Pleno, se turnará a los municipios para su aplicación directa. Esto implicará que los ayuntamientos tengan la obligación legal de supervisar los contenidos artísticos y musicales que se difundan en espacios públicos bajo su administración.
Las modificaciones responden a una preocupación ciudadana creciente por el impacto que ciertos contenidos musicales —como algunos géneros que glorifican el crimen, las armas o el narcotráfico— pueden tener en la percepción social de la violencia, especialmente entre jóvenes.
Con esta reforma, se pretende reforzar el papel preventivo de los gobiernos locales en materia de seguridad y convivencia social. Además, se busca que las autoridades municipales establezcan criterios y protocolos para vigilar el tipo de contenidos que se promueven durante actividades públicas financiadas o avaladas por el erario.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso para su votación final. En caso de ser aprobado, cada ayuntamiento deberá adecuar su normativa y operatividad a las nuevas disposiciones.
En medio de una creciente desconfianza ciudadana hacia los órganos de control interno del Poder Legislativo, la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco, presidida por el diputado Alberto Alfaro García, aprobó este jueves el Acuerdo Legislativo para someter al Pleno la lista de candidaturas consideradas elegibles para ocupar la Unidad de Vigilancia del Congreso. Aunque se trata de un paso formal dentro del procedimiento, la falta de mecanismos que garanticen una evaluación independiente y la habitual opacidad del Congreso en este tipo de procesos vuelven a encender las alarmas.
Los ocho aspirantes que, según el dictamen, cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria son: José de Jesús Sosa López, Óscar Gerardo Romero Valenzuela, Martín Alberto García Santana, José Ricardo Álvarez Real, José Alberto Zaragoza Ruiz, Juan Carlos Alejandro Robles Rodríguez, David Rubén Ocampo Uribe y Alfredo Gutiérrez Flores. Sin embargo, más allá de sus credenciales en papel, poco o nada se sabe sobre su experiencia práctica en combate a la corrupción, fiscalización o rendición de cuentas.
De acuerdo con el procedimiento aprobado, el Pleno deberá elegir al nuevo titular mediante votación por cédula, lo que implica que cada legislador deberá emitir su voto de forma individual. Para que la designación se concrete, se requiere mayoría calificada, es decir, el respaldo de dos terceras partes de los diputados. Si no se alcanza esta votación, el proceso se declarará desierto, una salida que en el pasado se ha utilizado para justificar negociaciones políticas o prórrogas que solo benefician a los intereses cupulares.
El puesto —que se ejercerá por cuatro años sin posibilidad de reelección— es clave para supervisar el uso de los recursos del Congreso, evaluar el cumplimiento normativo de sus estructuras administrativas y emitir observaciones que puedan derivar en sanciones o denuncias. Sin embargo, desde su creación, la Unidad de Vigilancia ha tenido un perfil bajo y ha sido limitada en sus atribuciones, lo que ha debilitado su capacidad real para incidir en la prevención o castigo de actos de corrupción internos.
Por ello, preocupa que el proceso actual no incluya audiencias públicas ni comparecencias abiertas donde la sociedad civil, los medios de comunicación y especialistas puedan conocer y cuestionar a los aspirantes. Tampoco hay señales de un dictamen técnico con criterios de evaluación claros y objetivos, lo que deja el proceso sujeto a las tradicionales negociaciones partidistas.
En un contexto donde el Congreso acumula cuestionamientos por su manejo presupuestal, contratos opacos y nóminas infladas, el nombramiento del titular de esta Unidad debería ser una oportunidad para construir confianza y fortalecer los contrapesos institucionales. Pero si la elección termina reducida a un reparto de cuotas entre bancadas, como ya ha ocurrido en otras designaciones, la Unidad de Vigilancia seguirá siendo una oficina simbólica, más útil para simular controles que para ejercerlos.
Por ahora, la Secretaría General del Congreso fue instruida para ejecutar el acuerdo y publicar la lista en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio web institucional. La verdadera vigilancia, sin embargo, no depende solo del procedimiento legal, sino del compromiso político con la transparencia. Y ese, tristemente, sigue siendo el gran ausente.
Entre diagnósticos aún pendientes, indicadores “por definir” y nuevas promesas de protección ambiental, la más reciente mesa de trabajo del “Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030: Río Santiago” dejó más preguntas que certezas. Legisladores y funcionarios repitieron fórmulas conocidas sin presentar resultados concretos, mientras comunidades afectadas por la contaminación del río siguen esperando soluciones reales.
Moderada por la diputada Mariana Casillas Guerrero, la sesión reunió a autoridades estatales, representantes del Congreso y titulares de dependencias relacionadas, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Pese a los nombres, la discusión se mantuvo en un plano declarativo y técnico, sin asumir responsabilidades por el rezago histórico ni comprometer fechas, presupuestos o sanciones por incumplimiento.
Paola Bauche Petersen, titular de Semadet, insistió en la necesidad de realizar un diagnóstico actualizado de la cuenca del Río Santiago, reconociendo, en los hechos, que las cifras disponibles no alcanzan para tomar decisiones efectivas. Habló de modernizar plantas de tratamiento, mejorar la calidad del monitoreo del agua y establecer programas de detección temprana de enfermedades renales en escuelas, pero omitió detallar cuántas plantas funcionan actualmente conforme a la norma, o qué instituciones han fracasado en su operación.
Entre sus anuncios, destaca la intención de impulsar un decreto para proteger seis áreas naturales más, incluido el “Cerro del 4”. Sin embargo, no se explicó si esta protección implicará acciones concretas o si, como ha ocurrido con otras áreas naturales protegidas en Jalisco, quedará como una etiqueta legal sin vigilancia ni presupuesto.
Los diputados presentes —Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, Edgar Enrique Velázquez González, Valeria Ávila Gutiérrez, Tonatiuh Bravo Padilla, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez y Candelaria Ochoa Ávalos— exigieron una vez más actualizar ordenamientos ecológicos municipales, evitar la deforestación, y consolidar estrategias de mitigación de la contaminación. Pero ninguno explicó por qué, en sus respectivas gestiones legislativas, no se han establecido mecanismos de fiscalización que obliguen a las autoridades a cumplir metas ambientales.
También demandaron que se transparenten los volúmenes de agua saneada y los niveles de cumplimiento normativo en las plantas de tratamiento. Exigencias válidas, pero que repiten las mismas omisiones de años anteriores: ¿quién sanciona el incumplimiento?, ¿qué dependencias son responsables?, ¿cuántos millones de pesos se han gastado sin resultados visibles?
Entre los funcionarios presentes estuvieron Mario López Pérez, de la CEA; Cynthia Cantero, de Planeación; César Domínguez, de Inteligencia en Salud, y Carlos Ramírez, de Cultura de Paz. Todos acompañaron la sesión sin ofrecer datos concretos que expliquen por qué, tras más de una década de políticas públicas orientadas al rescate del Río Santiago, éste sigue siendo uno de los cuerpos de agua más contaminados del país, y una de las principales fuentes de enfermedad y muerte en comunidades ribereñas.
Mientras tanto, las zonas de restauración ecológica siguen siendo insuficientes, la deforestación avanza, y las enfermedades renales continúan cobrándose vidas en silencio. Lo que la mesa dejó en evidencia es que Jalisco no necesita más planes: necesita cumplir los que ya tiene, rendir cuentas y, sobre todo, dejar de gobernar a base de discursos.
