Avanza en comisiones el alza al agua, pese a ineficiencias del SIAPA
Con 7 votos a favor y 4 en contra, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que autoriza un incremento del 9.65% en las tarifas del agua para 2025, una decisión que, aunque se presenta como “matizada” frente a la propuesta original del SIAPA (12.7%), sigue generando cuestionamientos sobre su pertinencia, legitimidad y, sobre todo, eficacia.
Presidida por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, la comisión avaló el resolutivo tarifario tras meses de trabajo técnico y político, comparecencias con funcionarios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y mesas de diálogo multipartidistas. No obstante, el consenso no fue unánime: Morena, PRI, Futuro y el diputado independiente Alejandro Puerto votaron en contra al considerar que no existen condiciones técnicas, sociales ni éticas para justificar el aumento.
¿Pagar más por menos?
La paradoja es evidente: se autoriza un alza en las tarifas a pesar de que el propio dictamen reconoce las deficiencias históricas del SIAPA. De hecho, se plantean descuentos a usuarios de al menos 30 colonias donde, oficialmente, el servicio es deficiente. Es decir, el Congreso admite que hay agua turbia, cortes prolongados, infraestructura obsoleta y mala gestión… pero aun así avala cobrar más.
Los defensores del incremento —como el diputado Tonatiuh Bravo de Hagamos— justificaron su voto a favor asegurando que el nuevo dictamen obliga al SIAPA a entregar un “Plan de Acción Integral” con metas, indicadores y seguimiento trimestral, además de someterse a una auditoría externa. Sin embargo, estos compromisos suenan más a promesas tardías que a soluciones concretas. ¿Por qué no se exigió primero el cumplimiento de estos mecanismos de control antes de aprobar un alza tarifaria?
Argumentos encontrados, viejos problemas
El bloque opositor, encabezado por Itzul Barrera (Morena), Refugio Camarena (PRI), Tonantzin Cárdenas (Futuro) y Alejandro Puerto, fue claro: el incremento es injustificado mientras no se resuelvan las fallas estructurales del sistema. Coincidieron en que el SIAPA no ha demostrado una mínima capacidad de mejora operativa y que, lejos de ser una decisión técnica, el dictamen responde a una lógica recaudatoria disfrazada de planeación.
Y es que, aunque se presume como una actualización “responsable” —según los discursos de Movimiento Ciudadano y sus aliados—, la decisión parece estar motivada más por urgencias presupuestales que por un compromiso genuino con los derechos de los usuarios.
Votaron a favor del incremento las diputadas Gabriela Cárdenas, Adriana Medina, Mónica Magaña, José Luis Tostado de Movimiento Ciudadano, la panista Claudia Murguía, Tonatiuh Bravo Hagamos y el Guadalupe Buenrostro del Partido Verde.
Cuotas y desconfianza
Con el aumento aprobado, la cuota de administración para uso habitacional subirá a $83.67 pesos, en lugar de los $85.85 propuestos originalmente. Es un ajuste menor, pero simbólicamente contradictorio: se busca contener el descontento ciudadano con centavos mientras se sigue postergando la transformación de fondo del SIAPA.
La desconfianza hacia el organismo operador del agua no es nueva. Años de opacidad, desvío de recursos, obras inconclusas y omisiones sistemáticas han minado cualquier intento de legitimar sus decisiones técnicas. Por eso, prometer un plan, una auditoría o un informe trimestral ya no basta: lo que la ciudadanía exige son resultados tangibles, agua limpia y presión suficiente, no comunicados optimistas ni sesiones legislativas maquilladas.
¿Y el pleno?
El dictamen aún debe pasar por el Pleno del Congreso estatal en sesión programada para este jueves. Si bien la correlación de fuerzas anticipa su aprobación, el costo político no será menor. Con este aval, el Congreso de Jalisco no solo asume la defensa de una medida impopular, sino que se convierte, de facto, en cómplice de un modelo de gestión del agua que ha fallado una y otra vez.
Incrementar tarifas sin haber saneado al SIAPA es un mensaje peligroso: en Jalisco, se puede premiar la ineficiencia con más recursos. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se vuelve, año tras año, una carga económica para quienes menos tienen y más padecen las consecuencias del abandono institucional.
