CRIANZA POSITIVA: UNA REFORMA NECESARIA EN EL PAPEL, PERO INSUFICIENTE EN LOS HECHOS
El Congreso de Jalisco volvió a colocar en agenda un tema que, aunque urgente, ha sido postergado una y otra vez: la protección real de la niñez. Esta vez, la voz provino de la diputada de Morena, Marta Arizmendi Fombona, quien presentó una iniciativa para incorporar la crianza positiva en la legislación estatal. La propuesta —acorde con la reforma federal publicada el 26 de marzo de 2024— pretende garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencia y en entornos afectivos y respetuosos.
Sin embargo, más allá del discurso bien intencionado, el anuncio dejó ver el profundo rezago institucional que enfrenta Jalisco en materia de protección infantil. La propia legisladora lamentó que solo 55 de los 125 municipios hayan instalado su SIPINNA municipal, pese al exhorto aprobado por el Congreso. Es decir: ni la mitad del estado cumple con lo mínimo indispensable para coordinar políticas de infancia.
Arizmendi habló de romper prácticas autoritarias normalizadas por décadas: gritos, golpes y castigos que dejaron marcas en generaciones enteras. Su énfasis fue claro: la crianza positiva no debe quedarse en la retórica. Pero mientras el estado reproduce cifras alarmantes de violencia familiar y abandono institucional, la discusión corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de voluntarismo legislativo más.
La diputada citó la definición de UNICEF: acompañamiento, guía, cuidado físico y emocional, y prohibición absoluta del castigo físico y tratos humillantes. Todo eso ya forma parte del vocabulario esperado. Lo que no termina de aparecer es la capacidad real del Estado —y de los municipios— para construir políticas públicas sostenidas, presupuestadas y medibles.
¿De qué sirve legislar si los municipios no cumplen lo básico?
Si Jalisco no armoniza su ley, será señalado por incumplimiento constitucional. Pero incluso si la reforma prospera, queda otra pregunta mayor: ¿cómo garantizar su aplicación en un escenario donde 70 ayuntamientos siguen sin activar sus sistemas de protección?
Los SIPINNA municipales no son un requisito administrativo más; son la estructura mínima para coordinar acciones de prevención, atención y seguimiento. Sin ellos, la “crianza positiva” corre el riesgo de vivir en el Código… pero no en las colonias, ni en los hogares, ni en las escuelas.
Arizmendi subrayó los beneficios comprobados de la crianza positiva: hogares menos violentos, mayor autoestima, niñas y niños más seguros, entornos más armónicos. Son argumentos sólidos. Pero la reforma enfrenta el mismo obstáculo que tantas iniciativas en Jalisco: la distancia entre la norma y la implementación.
Porque mientras la legisladora sostiene que “la crianza positiva transforma sociedades enteras”, la realidad es que el Estado apenas puede asegurar que sus municipios cumplan con el primer paso: instalar un órgano básico de coordinación.
El reto pendiente
La protección de la infancia no solo es responsabilidad del Estado, como recordó la diputada. También de las familias y de las comunidades. Pero los gobiernos municipales —el nivel más cercano a la niñez— siguen evadiendo su obligación elemental.
Si la iniciativa pretende ser más que una declaración simbólica, deberá venir acompañada de mecanismos de vigilancia, financiamiento, sanciones y seguimiento público. De lo contrario, quedará en lo que tantas veces hemos visto en el Congreso: una reforma que suena bien, pero que no cambia nada.
Por ahora, el mensaje es claro: la niñez jalisciense sigue esperando que los compromisos se vuelvan acciones. Y el reloj, como siempre, corre en su contra.
