Por tercera ocasión, el pleno del Congreso de Jalisco resolvió no acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena restituir en la Ley del Registro Civil del Estado el derecho de las infancias trans al reconocimiento de su identidad de género.
La negativa del Legislativo local se produjo tras votaciones previas realizadas en octubre de 2024 y marzo de 2025. En la sesión más reciente, el dictamen fue rechazado con 22 votos en contra de legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Partido Verde; 11 votos a favor de Morena, Hagamos y Futuro, y una abstención de la diputada Yussara Canales, del Partido Verde.
Durante la discusión, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, advirtió que la decisión del Congreso contraviene una resolución judicial firme y vulnera derechos humanos fundamentales de niñas, niños y adolescentes trans.
“El máximo tribunal fue claro al señalar que negar el reconocimiento a la identidad de género autopercibida en el acta de nacimiento constituye una violación a los derechos humanos. No contar con un acta acorde a la identidad dificulta el acceso efectivo a derechos básicos. Este Congreso tiene la obligación constitucional de acatar una acción de inconstitucionalidad”, sostuvo.
En contraste, la diputada de Movimiento Ciudadano, Celenia Contreras, defendió la postura de su bancada al afirmar que el Congreso puede tomar sus propias decisiones aun frente a resoluciones de la SCJN. Argumentó, además, que las personas menores de edad no cuentan con el desarrollo cognitivo suficiente para decidir un cambio de identidad de género.
“Buscar dotar de un derecho a menores de edad que aún no cuentan con un desarrollo cognitivo suficiente es adelantar casi de forma obligada su proceso de madurez”, expresó.
El origen de esta controversia se remonta a abril de 2022, cuando el Congreso de Jalisco eliminó la reforma que permitía la modificación del acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida, al establecer como requisito ser mayor de edad. Posteriormente, el 15 de junio de 2023, la SCJN declaró inconstitucional dicha disposición y ordenó al Poder Legislativo estatal reintegrar ese derecho en la ley.
A casi dos años de la sentencia, el Congreso de Jalisco mantiene su negativa a cumplir el mandato del máximo tribunal del país.
Los líderes de siete de los ocho grupos parlamentarios del Congreso de Jalisco —con Movimiento Ciudadano aún ausente— sostendrán este martes la primera lectura para analizar la Reforma Judicial, un paso clave para que el estado deje de ser uno de los tres en el país que aún no han definido su modelo, informó el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla.
El legislador detalló que la iniciativa plantea un nuevo sistema para la elección y organización de magistradas y magistrados, así como la estructura del Tribunal y del Tribunal de Justicia Administrativa. El propósito, afirmó, es asegurar que los mejores perfiles accedan a los cargos mediante comités de evaluación integrados por representantes de los tres poderes del Estado.
“Solo en caso de empate por puntuación o por criterios de paridad de género se recurrirá al método de sorteo o *tómbola*; el resto del proceso será estrictamente por evaluación”, explicó Bravo Padilla.
El diputado lamentó la ausencia de Movimiento Ciudadano en el proceso. Dijo que su bancada ha solicitado en repetidas ocasiones la participación del partido naranja, pero su propuesta se ha pospuesto tres veces. “No podíamos seguir esperando porque Jalisco está en condición de pena nacional por ser uno de los tres estados que no ha avanzado en este tema”, declaró.
Aun así, precisó que las puertas continúan abiertas para que MC se sume a la discusión. “Ha faltado voluntad para coordinar el trabajo legislativo, pero seguimos apostando por el diálogo. Esta reforma busca renovar el Poder Judicial y responder a las personas que han sufrido por la falta de justicia”, concluyó.
Por su parte, la bancada de Morena confirmó que proyectan aprobar la reforma judicial sin el acompañamiento de Movimiento Ciudadano. En conferencia de prensa conjunta, legisladores del PRI, PAN, Morena, Hagamos, Futuro y PT destacaron que el dictamen fue avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso y será sometido a votación en el pleno tras dos lecturas, como marca la Constitución.
El dictamen propone que los aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial sean evaluados mediante exámenes de conocimiento. Aquellos con las mejores calificaciones podrán competir en la elección judicial de 2027.
El coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, aclaró que el proceso de insaculación se mantendrá únicamente como método de desempate. “La insaculación se queda como un mecanismo para resolver casos en que dos aspirantes tengan empate o en los que haya temas de paridad de género”, precisó.
Entre los cambios más relevantes, el dictamen establece que los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa serán elegidos por votación, aunque este modelo no aplicará al Instituto de Justicia Alternativa (IJA). También contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura del Estado, replicando la estructura federal.
Además, se plantea dividir el Poder Judicial en 20 distritos judiciales, tomando como referencia los distritos electorales.
Las fracciones parlamentarias coincidieron en que la propuesta representa un avance hacia un Poder Judicial más transparente y meritocrático. Sin embargo, la falta de consenso con Movimiento Ciudadano podría anticipar un debate intenso en el pleno durante las próximas semanas.
Una vez más, el Congreso del Estado se vio marcado por el vacío de representación y la desidia legislativa. La mañana de este jueves, una mesa de trabajo clave sobre seguridad y desapariciones fue ignorada por diputadas y diputados de todas las bancadas, excepto Movimiento Ciudadano (MC). Pese a la gravedad del tema y la convocatoria expresa, no acudieron representantes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, Futuro, PT ni del Partido Verde.
El objetivo del encuentro era analizar el contenido del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 en materia de seguridad pública, un documento que pretende definir el rumbo de Jalisco frente a la violencia, los feminicidios y las desapariciones. La cita estaba marcada para las 9:00 horas bajo el título “Jalisco tranquilo y en paz”, pero el vacío legislativo convirtió la mesa en un monólogo oficialista.
Los únicos presentes fueron los diputados emecistas José Luis Tostado y Adriana Medina, quienes recibieron a tres funcionarios del Gabinete de Seguridad: Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad; Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad; y el fiscal general Salvador González. También fueron convocadas Tonantzin Cárdenas (futurista) y Yussara Canales (Partido Verde), pero tampoco acudieron.
Durante su exposición, Alarcón Estrada reveló que hay identificadas 231 problemáticas en seguridad pública y que los delitos de mayor impacto, como homicidios dolosos, feminicidios y desapariciones, siguen marcando la agenda estatal. Hasta marzo de 2025, dijo, hay un registro de 15 mil 534 personas desaparecidas en Jalisco.
El funcionario también reconoció que más de la mitad de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara se sienten inseguros, y que la corrupción, la impunidad y la falta de profesionalización en cuerpos policiales son factores que alimentan la desconfianza ciudadana. “En términos generales, hay desconfianza en las instituciones policiales”, sentenció.
Sin embargo, lo más revelador no fue lo dicho, sino lo que quedó sin decir por los ausentes. La diputada emecista Adriana Medina lamentó la ausencia de legisladores que suelen criticar con vehemencia al Gobierno del Estado, pero no se presentaron cuando había oportunidad de cuestionar cara a cara a los responsables de la seguridad.
“Lamentable la ausencia de diputados para aquellos que se la pasan gritando en los espacios del foro que exigen cuentas, es la segunda ocasión que está presente en el Congreso todo el Gabinete de Seguridad y no se presentó nadie. Todos aquellos que utilizan la tribuna falsamente sólo para cuestionar, aquí lo demostraron: vienen por la mañana, nadie presente”, declaró.
La diputada Yussara Canales justificó su ausencia con el argumento de que tenía otro compromiso previamente agendado. Por su parte, la futurista Tonantzin Cárdenas alegó una urgencia familiar.
La inasistencia no sólo exhibe falta de compromiso, sino una preocupante desconexión con la realidad de miles de familias jaliscienses que buscan a sus seres queridos desaparecidos. En lugar de confrontar y exigir resultados, los legisladores optaron por el silencio.
La sesión siguiente, programada para las 12:00 del mismo día con integrantes del Poder Judicial, también fue cancelada debido a que Morena, el PRI, el PAN, Miguel de la Rosa e Itzul Barrera no acudieron.
En resumen, la jornada fue una postal más de la política vacía, donde el discurso se impone sobre la acción, y donde quienes deberían representar los intereses de la ciudadanía optan por el ausentismo como norma. En Jalisco, la ausencia también mata.
En un pronunciamiento cargado de preocupación y advertencias, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco acusó al Gobierno federal de estar promoviendo un proyecto de vivienda que podría desatar una ola de incertidumbre legal, debilitando el derecho de propiedad y abriendo la puerta a una peligrosa normalización de la ocupación ilegal de viviendas.
En rueda de prensa, el coordinador parlamentario, José Luis Tostado Bastidas, cuestionó que la intención de resolver el problema de las casas abandonadas a través de una posible regularización de ocupaciones irregulares manda “un mensaje equivocado” a la ciudadanía: que tomar una vivienda sin autorización podría convertirse, con el tiempo, en una vía para legalizar su posesión.
“Esto podría afectar directamente a los propietarios legítimos, trabajadores que aún están pagando su crédito, personas que se cambiaron de domicilio o incluso al propio Infonavit, que sigue siendo dueño de muchas de estas viviendas”, alertó Tostado Bastidas. “Estamos hablando de un retroceso en la certeza jurídica”.
“No se puede premiar la invasión”
La crítica fue reforzada por la presidenta estatal del partido, Mirza Flores, quien subrayó que la vivienda no es un bien cualquiera, sino el patrimonio de miles de familias mexicanas.
“Legalizar invasiones no es el camino. Las políticas públicas deben proteger el derecho a la vivienda, no ponerlo en riesgo. Actuar con responsabilidad y visión de futuro significa fortalecer la ley, no debilitarla”, enfatizó Flores.
Movimiento Ciudadano exigió al Gobierno federal abrir un diálogo serio y plural, con especialistas, autoridades locales y sociedad civil, para rediseñar una política habitacional que verdaderamente ataque las causas del abandono —como la falta de conectividad, servicios y seguridad— sin debilitar el Estado de derecho.
Tlajomulco: ejemplo de intervención local
Los legisladores recordaron que en Tlajomulco de Zúñiga ya se trabaja desde hace años en el rescate de viviendas abandonadas —más de diez mil— mediante estrategias locales enfocadas en la recuperación del tejido urbano. No obstante, remarcaron que estos esfuerzos aislados no bastan.
“Es momento de que el Infonavit explique qué planea hacer con las casi 100 mil viviendas abandonadas en Jalisco. Que estas casas no sean el símbolo del fracaso de la política pública, sino una oportunidad para reconstruir comunidades”, sentenciaron.
Llamado por la libertad de expresión en Tequila
El tono crítico de la rueda de prensa se mantuvo en otro tema espinoso: la reciente detención de un periodista en el municipio de Tequila, mientras cubría actividades en el Museo Nacional del Tequila, actualmente bajo investigación por remodelaciones presuntamente irregulares.
El grupo parlamentario exigió al alcalde Diego Rivera Navarro presentarse ante el Congreso del Estado para rendir cuentas sobre lo ocurrido y garantizar que en su administración no se coarte el derecho a la libertad de expresión.
“El periodismo no se reprime, se respeta. No toleraremos retrocesos en los derechos fundamentales”, señalaron los legisladores.
En el encuentro participaron también las diputadas Mónica Magaña Mendoza, Gabriela Cárdenas Rodríguez, Celenia Contreras González, así como el diputado Omar Enrique Cervantes Rivera, quienes coincidieron en que tanto el acceso a una vivienda digna como el ejercicio del periodismo libre son pilares de una democracia que no se puede permitir grietas.
La propuesta federal, advirtieron, abre un debate necesario, pero también un riesgo inaceptable: el de institucionalizar la incertidumbre como política de Estado.
