May 11, 2026 | Trabajo legislativo
La crisis por el suministro de agua turbia en la Zona Metropolitana de Guadalajara escaló este lunes al terreno político y sanitario. La diputada local de Morena, Marta Arizmendi Fombona, urgió a declarar una alerta sanitaria ante las constantes quejas de miles de familias que denuncian recibir agua con mal olor, coloración oscura y en condiciones insalubres por parte del SIAPA.
Desde Guadalajara, la legisladora acusó que el problema dejó de ser una falla operativa para convertirse en un riesgo directo a la salud pública, al advertir posibles infecciones gastrointestinales, enfermedades cutáneas y afectaciones graves para sectores vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
“Esto ya es una alerta sanitaria”, sostuvo Arizmendi, quien criticó que las autoridades “actúan como si no pasara nada”, pese al creciente malestar ciudadano por la calidad del agua que llega a colonias de la metrópoli.
La diputada adelantó que presentará un exhorto para obligar al organismo operador a implementar medidas emergentes de apoyo social, entre ellas la entrega gratuita de pastillas de cloro para desinfectar tinacos y cisternas, filtros básicos para hogares afectados y el envío oportuno de pipas con agua potable.
Además, exigió transparencia total sobre las colonias impactadas y la publicación permanente de análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua distribuida, en medio de una crisis que ha golpeado la credibilidad del SIAPA y del gobierno estatal encabezado por Movimiento Ciudadano.
Arizmendi también arremetió contra la administración estatal al señalar que existen propuestas técnicas y académicas para resolver el deterioro del sistema hidráulico, pero acusó falta de voluntad política para atender el problema de fondo.
“Prefieren administrar la crisis que resolverla y cuidar su narrativa antes que atender al pueblo”, lanzó la legisladora morenista.
La diputada recordó además que su iniciativa denominada “Sin Agua Limpia No Hay Pago”, actualmente en análisis en la Comisión de Hacienda del Congreso local, plantea descuentos, compensaciones e incluso condonaciones a usuarios cuando el servicio no cumpla con estándares mínimos de calidad.
En un tono abiertamente político, emplazó a las y los diputados de Movimiento Ciudadano a definir si respaldarán nuevamente al SIAPA o a las familias afectadas por la mala calidad del agua.
Mientras tanto, la problemática del agua turbia continúa acumulando reportes ciudadanos en distintos municipios metropolitanos, evidenciando una crisis de infraestructura y confianza institucional que el SIAPA no ha logrado contener.
En otro tema, la legisladora informó sobre una mesa de trabajo con especialistas, organismos internacionales y organizaciones civiles para fortalecer su iniciativa contra el turismo sexual infantil en Jalisco. Señaló que el objetivo es construir una legislación más sólida para prevenir y erradicar este delito en la entidad.
Abr 27, 2026 | Noticias
En medio de cuestionamientos públicos por un presunto enriquecimiento ilícito, la diputada local Candelaria Ochoa Ávalos salió a fijar postura con un ejercicio que, si bien se presenta como rendición de cuentas, también exhibe grietas en los propios mecanismos de transparencia del estado.
Con documentos en mano, la legisladora aseguró que su patrimonio es resultado de 42 años de trabajo como asalariada y servidora pública, negando categóricamente cualquier irregularidad. Detalló que ha cumplido de manera constante con sus obligaciones fiscales y de transparencia ante el SAT y la Contraloría del Congreso de Jalisco.
En un intento por desactivar la polémica, Ochoa desglosó el origen de sus bienes: una primera propiedad adquirida en 1997 mediante crédito FOVISSSTE; una segunda en 2011 vía INFONAVIT; y una tercera vivienda que —precisó— no le pertenece, sino a su padre de 102 años, bajo su cuidado. Asimismo, informó que posee dos vehículos, uno destinado al traslado médico de su padre y otro para uso personal.
Sin embargo, el fondo del problema no radica únicamente en la narrativa de la diputada, sino en las inconsistencias que ella misma denunció en la plataforma estatal de transparencia. Según expuso, pese a haber solicitado la publicidad de su declaración patrimonial, los registros oficiales la mostraban con bienes en “cero”, lo que abre dudas sobre la confiabilidad del sistema y alimenta la desinformación.
“Soy una de las pocas legisladoras que ha pedido voluntariamente que su información esté disponible para consulta pública”, afirmó, al tiempo que subrayó que no cuenta con empresas ni declaración de intereses, pues —dijo— siempre ha vivido de su salario.
La controversia escaló al terreno mediático. Ochoa anunció que solicitó formalmente derecho de réplica a TV Azteca y Grupo Fórmula, a quienes acusa de difundir información distorsionada. El señalamiento no es menor: coloca en la mesa el delicado equilibrio entre la fiscalización periodística y la responsabilidad en el manejo de datos incompletos o erróneos.
Más allá de la defensa puntual, el caso deja al descubierto un problema estructural: la transparencia no solo depende de la voluntad del funcionario, sino de la integridad de las plataformas institucionales y de la calidad del escrutinio público. Cuando alguno de estos elementos falla, el resultado es un terreno fértil para la sospecha.
La diputada adelantó que el próximo 1 de mayo presentará su declaración patrimonial correspondiente a 2025, insistiendo en que lo hará bajo los mismos criterios de apertura que —asegura— ha mantenido desde 2012. Quedará por ver si ese ejercicio logra disipar las dudas o si, por el contrario, confirma que en materia de transparencia, la forma sigue siendo tan relevante como el fondo.
Ene 29, 2026 | Trabajo legislativo
Por tercera ocasión, el pleno del Congreso de Jalisco resolvió no acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena restituir en la Ley del Registro Civil del Estado el derecho de las infancias trans al reconocimiento de su identidad de género.
La negativa del Legislativo local se produjo tras votaciones previas realizadas en octubre de 2024 y marzo de 2025. En la sesión más reciente, el dictamen fue rechazado con 22 votos en contra de legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Partido Verde; 11 votos a favor de Morena, Hagamos y Futuro, y una abstención de la diputada Yussara Canales, del Partido Verde.
Durante la discusión, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, advirtió que la decisión del Congreso contraviene una resolución judicial firme y vulnera derechos humanos fundamentales de niñas, niños y adolescentes trans.
“El máximo tribunal fue claro al señalar que negar el reconocimiento a la identidad de género autopercibida en el acta de nacimiento constituye una violación a los derechos humanos. No contar con un acta acorde a la identidad dificulta el acceso efectivo a derechos básicos. Este Congreso tiene la obligación constitucional de acatar una acción de inconstitucionalidad”, sostuvo.
En contraste, la diputada de Movimiento Ciudadano, Celenia Contreras, defendió la postura de su bancada al afirmar que el Congreso puede tomar sus propias decisiones aun frente a resoluciones de la SCJN. Argumentó, además, que las personas menores de edad no cuentan con el desarrollo cognitivo suficiente para decidir un cambio de identidad de género.
“Buscar dotar de un derecho a menores de edad que aún no cuentan con un desarrollo cognitivo suficiente es adelantar casi de forma obligada su proceso de madurez”, expresó.
El origen de esta controversia se remonta a abril de 2022, cuando el Congreso de Jalisco eliminó la reforma que permitía la modificación del acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida, al establecer como requisito ser mayor de edad. Posteriormente, el 15 de junio de 2023, la SCJN declaró inconstitucional dicha disposición y ordenó al Poder Legislativo estatal reintegrar ese derecho en la ley.
A casi dos años de la sentencia, el Congreso de Jalisco mantiene su negativa a cumplir el mandato del máximo tribunal del país.
Oct 20, 2025 | Noticias
Bajo la consigna de “seguir haciendo de este Congreso una casa abierta y de Jalisco un Estado más justo y humano”, la diputada Brenda Guadalupe Carrera García presentó su primer informe de actividades legislativas. El acto, cargado de mensajes políticos y gestos de unidad institucional, intentó equilibrar la narrativa de cercanía ciudadana con el tono partidista que marcó buena parte del encuentro.
El evento, realizado en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, abrió con un recordatorio sobre la prevención y el autocuidado. Sin embargo, más allá de la alusión simbólica, el mensaje de fondo giró en torno a la defensa de una agenda legislativa que, si bien toca temas sensibles y de actualidad, aún no muestra avances concretos en materia de aprobación o impacto social.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, José Guadalupe Buenrostro, fue el encargado de dar la bienvenida. Reconoció la labor de su compañera de bancada y destacó su compromiso por “legislar con sensibilidad, responsabilidad y sentido de justicia”. El elogio contrastó con las voces al interior del Congreso que señalan la falta de articulación del grupo verde en las discusiones más relevantes de la LXIII Legislatura, donde su papel ha sido más testimonial que determinante.
En su discurso, Carrera defendió su desempeño bajo tres ejes: valentía, transparencia y resultados. Enumeró iniciativas como el impulso a los derechos de la comunidad LGBTQ+, el aumento de sanciones por pornografía infantil generada con inteligencia artificial, la prohibición del uso de celulares en clases, y el castigo a quienes simulen paternidades falsas. También mencionó propuestas en justicia laboral, violencia familiar y política, y la apología del delito en eventos públicos.
Pese a la amplitud del listado, la legisladora no precisó cuántas de sus iniciativas han sido aprobadas ni qué efectos reales han tenido en la vida pública del Estado, un vacío que deja al discurso en el terreno de la promesa más que del resultado.
Carrera cerró su intervención con una frase que buscó proyectar convicción política: “El poder solo tiene sentido si se utiliza para transformar para bien la vida de las personas”. Reiteró además su intención de “impulsar los programas federales de la Presidenta de la República”, lo que colocó al informe en una línea de respaldo abierto al proyecto político nacional del oficialismo, aunque sin desprenderse del sello verdeecologista.
El acto protocolario contó con la presencia de diputados de distintas bancadas —Alberto Alfaro García, Sergio Martín Castellanos, Marco Tulio Moya Díaz y Alejandra Giadans Valenzuela—, además de Francisco Ramírez Salcido, en representación del gobernador Pablo Lemus; y la magistrada Wendy Alely García García, del Supremo Tribunal de Justicia. También asistieron alcaldes, regidores y representantes de colegios de abogados, en un gesto de pluralidad institucional que, sin embargo, se percibió más como cumplimiento de protocolo que como muestra de apoyo político genuino.
En suma, el primer informe de Brenda Carrera dejó un sabor mixto: por un lado, el intento de mantener presencia y discurso en un Congreso dominado por otras fuerzas; por el otro, la falta de resultados tangibles que den sustancia a su lema de “transformar para bien la vida de las personas”. En la política jalisciense, los informes suelen ser más vitrinas que auditorías, y este no fue la excepción.
Jul 18, 2025 | Trabajo legislativo
Durante la más reciente sesión plenaria del Congreso del Estado de Jalisco, presidida por la diputada Marta Arizmendi Fombona, las y los legisladores aprobaron 21 acuerdos legislativos enfocados en temas clave como justicia administrativa, medio ambiente, inclusión, protección animal, atención a víctimas y modernización institucional.
Uno de los puntos más relevantes fue el exhorto dirigido al gobernador del Estado y al titular de la Secretaría de Hacienda Pública, para que entreguen de manera inmediata las placas vehiculares a todas las personas que hayan pagado su refrendo, sin condicionarlas al cumplimiento de la verificación vehicular, en el marco del denominado “paquetazo 3×1”. A su vez, se pidió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública que instruya a la Policía Vial a no aplicar sanciones a quienes estén en este supuesto.
En el mismo tenor de derechos ciudadanos, el Congreso designó a Mercedes Adriana Méndez Cabrera, María del Socorro Piña Montiel y Silvia Patricia López González como representantes de la sociedad civil en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, garantizando pluralidad y enfoque de derechos humanos.
En materia de cultura e inclusión, se aprobó institucionalizar un evento anual conmemorativo por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Palacio Legislativo, para visibilizar y celebrar la riqueza cultural, lingüística y social de los pueblos originarios de Jalisco.
El Pleno también dio luz verde al programa “Cero Papel”, con el objetivo de reducir el uso de documentos impresos y migrar hacia esquemas digitales dentro del Poder Legislativo. Además, se autorizó la actualización de la página oficial del Congreso, que incluirá un chatbot para facilitar el acceso ciudadano a trámites y servicios.
En otro frente, se exhortó al Ayuntamiento de Puerto Vallarta a establecer de forma permanente una Vía RecreActiva dominical para promover actividades deportivas, recreativas y culturales. Asimismo, se solicitó dar mantenimiento urgente a la alberca olímpica “La Bobadilla”, en Zapopan, para evitar criaderos del mosquito transmisor del dengue.
El Congreso hizo un llamado a los 125 municipios del estado a regular la ocupación de banquetas por parte del comercio, a fin de garantizar el libre tránsito peatonal, y a reforzar operativos que aseguren el uso adecuado de vialidades y bienes públicos. También se les exhortó a actualizar sus respectivos Atlas Municipales de Riesgo como medida preventiva.
Se solicitó además a los tres niveles de gobierno coordinar acciones para prevenir el desbordamiento del arroyo El Seco —que atraviesa Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco—, así como intervenir en el saneamiento y vigilancia del arroyo “Río Blanco” en Zapopan.
En el ámbito económico y social, se aprobó un exhorto para que el Presupuesto estatal de 2026 contemple un programa de apoyos al equipamiento agropecuario, en beneficio del campo jalisciense. También se pidió al Ejecutivo estatal instalar el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se exhortó al Congreso de la Unión a garantizar en la reforma al artículo 123 constitucional una pensión justa, que no sea inferior al salario mínimo.
Como parte de la estrategia de modernización legislativa, se avaló la firma de un convenio con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco. Finalmente, se autorizó el traslado transitorio del Recinto Legislativo al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara para celebrar una Sesión Solemne con motivo del Centenario de la Refundación de la UdeG, el próximo 29 de septiembre de 2025.
