Ene 28, 2026 | Trabajo legislativo
Este mediodía, las comisiones legislativas de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, así como de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron el dictamen de la iniciativa de la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven con Espectro Autista del Estado de Jalisco, un nuevo marco normativo orientado a garantizar el ejercicio pleno de derechos y fortalecer la atención integral para este sector de la población.
El dictamen, que será presentado al Pleno del Congreso, contempla herramientas clave como la creación de un Registro Estatal de Personas con Espectro Autista y la consolidación de una Red Estatal de Centros, con el objetivo de asegurar atención pública, integral y de primer nivel en las distintas regiones del estado.
La propuesta es resultado de un proceso de análisis y dictaminación que incorporó aportaciones de mesas de trabajo y ejercicios de escucha en los que participaron cerca de un centenar de personas, entre familias, personas cuidadoras, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de construir una ley alineada a las necesidades reales de quienes viven con esta condición en Jalisco.
Durante la sesión, la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones e impulsora de la iniciativa, explicó que la nueva ley responde a una demanda histórica de las familias y de la sociedad civil organizada. Subrayó que su construcción se sustentó en un ejercicio de parlamento abierto que permitió incorporar la experiencia directa de quienes enfrentan esta realidad de manera cotidiana.
La legisladora advirtió sobre la magnitud del reto que enfrenta la entidad, al señalar que existe un registro inicial de al menos 83 mil familias que viven con esta condición, y destacó que una de las principales barreras es el acceso al diagnóstico, cuyos costos representan una carga económica que limita la atención oportuna.
Magaña enfatizó que el dictamen implica un cambio de enfoque sustantivo al dejar atrás la visión del autismo como una enfermedad y reconocerlo como una condición del neurodesarrollo, lo que obliga al Estado a diseñar políticas públicas transversales que garanticen la inclusión y el respeto a los derechos de las personas en el espectro. Detalló que la ley se integra por siete títulos y 54 artículos, con capítulos específicos en salud, educación, inclusión laboral, cultura, acceso a la justicia y apoyos sociales, que permiten una atención integral a lo largo de todas las etapas de la vida.
Por su parte, la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, destacó que el dictamen aprobado incorpora mecanismos que dan viabilidad a la implementación de la ley, al establecer instrumentos como la Red Estatal de Centros Regionales y recursos para atención especializada, sentando las bases para una aplicación progresiva y sostenida.
La legisladora señaló que este marco jurídico tiene un enfoque de derechos, de no discriminación y de autonomía para las personas con neurodivergencias, y que garantiza un acompañamiento especializado en ámbitos como salud, educación, transporte y acceso a la justicia. Uno de los pilares del dictamen, añadió, es la expansión de la infraestructura fuera de la zona metropolitana.
Cárdenas aseguró que la ley contará con recursos para su ejecución, al precisar que ya existe un presupuesto base para la conclusión del centro en Lagos de Moreno, así como proyecciones para nuevos centros regionales. Subrayó también la relevancia del Registro Estatal como herramienta para una planeación presupuestaria eficiente, basada en datos reales y no en estimaciones.
Finalmente, destacó que la ley pone especial énfasis en eliminar las barreras que impiden el desarrollo pleno desde la infancia hasta la vida adulta, incluyendo la figura de monitores en escuelas y programas de inclusión laboral.
A la sesión asistieron 11 diputadas y diputados de las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, Futuro, PAN y PRI, además de activistas, asociaciones civiles, familias y personas que viven con espectro autista.
Con la aprobación del dictamen en comisiones, la iniciativa continuará su proceso legislativo para ser turnada al Pleno del Congreso del Estado, donde se dará lectura y se someterá a discusión para su eventual votación.
Sep 26, 2025 | Trabajo legislativo
La Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso de Jalisco, presidida por la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, aprobó reformas a la Ley de Salud Mental y Adicciones que, en el discurso, buscan fortalecer la atención en esta materia bajo un enfoque integral y de derechos humanos. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles advierten que los cambios legislativos corren el riesgo de quedarse en el papel si no van acompañados de presupuesto, infraestructura y políticas públicas efectivas.
Las modificaciones plantean sumar al Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El objetivo es reforzar la coordinación institucional y garantizar que las personas con trastornos mentales o adicciones reciban atención prioritaria, sin criminalización y con rutas de rehabilitación e inclusión social.
En teoría, estas medidas buscan proteger derechos, garantizar igualdad y evitar la discriminación. No obstante, en la práctica Jalisco enfrenta un déficit de centros especializados, insuficiencia de personal capacitado y una alta demanda de servicios que sobrepasa la capacidad estatal.
Durante la sesión también se aprobó reformar el artículo 186 de la Ley de Salud, para precisar los derechos de los profesionales, técnicos y auxiliares del sector. Se habla de “cuidar a quienes nos cuidan”, con perspectiva de género y juventudes. Pero el gremio sanitario ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de condiciones laborales dignas: bajos salarios, jornadas extenuantes y escasa protección frente a riesgos psicosociales.
Aunque en el Congreso se aplauden las reformas como un paso hacia un sistema “más humano, justo y eficiente”, lo cierto es que sin recursos suficientes, programas preventivos efectivos y seguimiento real, los avances podrían quedar como promesas legislativas.
Participaron en la sesión las diputadas Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, María Candelaria Ochoa Ávalos y Lourdes Celenia Contreras González, así como el diputado Isaías Cortés Berúmen.
Jun 23, 2025 | Noticias
En un pronunciamiento cargado de preocupación y advertencias, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco acusó al Gobierno federal de estar promoviendo un proyecto de vivienda que podría desatar una ola de incertidumbre legal, debilitando el derecho de propiedad y abriendo la puerta a una peligrosa normalización de la ocupación ilegal de viviendas.
En rueda de prensa, el coordinador parlamentario, José Luis Tostado Bastidas, cuestionó que la intención de resolver el problema de las casas abandonadas a través de una posible regularización de ocupaciones irregulares manda “un mensaje equivocado” a la ciudadanía: que tomar una vivienda sin autorización podría convertirse, con el tiempo, en una vía para legalizar su posesión.
“Esto podría afectar directamente a los propietarios legítimos, trabajadores que aún están pagando su crédito, personas que se cambiaron de domicilio o incluso al propio Infonavit, que sigue siendo dueño de muchas de estas viviendas”, alertó Tostado Bastidas. “Estamos hablando de un retroceso en la certeza jurídica”.
“No se puede premiar la invasión”
La crítica fue reforzada por la presidenta estatal del partido, Mirza Flores, quien subrayó que la vivienda no es un bien cualquiera, sino el patrimonio de miles de familias mexicanas.
“Legalizar invasiones no es el camino. Las políticas públicas deben proteger el derecho a la vivienda, no ponerlo en riesgo. Actuar con responsabilidad y visión de futuro significa fortalecer la ley, no debilitarla”, enfatizó Flores.
Movimiento Ciudadano exigió al Gobierno federal abrir un diálogo serio y plural, con especialistas, autoridades locales y sociedad civil, para rediseñar una política habitacional que verdaderamente ataque las causas del abandono —como la falta de conectividad, servicios y seguridad— sin debilitar el Estado de derecho.
Tlajomulco: ejemplo de intervención local
Los legisladores recordaron que en Tlajomulco de Zúñiga ya se trabaja desde hace años en el rescate de viviendas abandonadas —más de diez mil— mediante estrategias locales enfocadas en la recuperación del tejido urbano. No obstante, remarcaron que estos esfuerzos aislados no bastan.
“Es momento de que el Infonavit explique qué planea hacer con las casi 100 mil viviendas abandonadas en Jalisco. Que estas casas no sean el símbolo del fracaso de la política pública, sino una oportunidad para reconstruir comunidades”, sentenciaron.
Llamado por la libertad de expresión en Tequila
El tono crítico de la rueda de prensa se mantuvo en otro tema espinoso: la reciente detención de un periodista en el municipio de Tequila, mientras cubría actividades en el Museo Nacional del Tequila, actualmente bajo investigación por remodelaciones presuntamente irregulares.
El grupo parlamentario exigió al alcalde Diego Rivera Navarro presentarse ante el Congreso del Estado para rendir cuentas sobre lo ocurrido y garantizar que en su administración no se coarte el derecho a la libertad de expresión.
“El periodismo no se reprime, se respeta. No toleraremos retrocesos en los derechos fundamentales”, señalaron los legisladores.
En el encuentro participaron también las diputadas Mónica Magaña Mendoza, Gabriela Cárdenas Rodríguez, Celenia Contreras González, así como el diputado Omar Enrique Cervantes Rivera, quienes coincidieron en que tanto el acceso a una vivienda digna como el ejercicio del periodismo libre son pilares de una democracia que no se puede permitir grietas.
La propuesta federal, advirtieron, abre un debate necesario, pero también un riesgo inaceptable: el de institucionalizar la incertidumbre como política de Estado.
