La Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso de Jalisco, presidida por la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, aprobó reformas a la Ley de Salud Mental y Adicciones que, en el discurso, buscan fortalecer la atención en esta materia bajo un enfoque integral y de derechos humanos. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles advierten que los cambios legislativos corren el riesgo de quedarse en el papel si no van acompañados de presupuesto, infraestructura y políticas públicas efectivas.
Las modificaciones plantean sumar al Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El objetivo es reforzar la coordinación institucional y garantizar que las personas con trastornos mentales o adicciones reciban atención prioritaria, sin criminalización y con rutas de rehabilitación e inclusión social.
En teoría, estas medidas buscan proteger derechos, garantizar igualdad y evitar la discriminación. No obstante, en la práctica Jalisco enfrenta un déficit de centros especializados, insuficiencia de personal capacitado y una alta demanda de servicios que sobrepasa la capacidad estatal.
Durante la sesión también se aprobó reformar el artículo 186 de la Ley de Salud, para precisar los derechos de los profesionales, técnicos y auxiliares del sector. Se habla de “cuidar a quienes nos cuidan”, con perspectiva de género y juventudes. Pero el gremio sanitario ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de condiciones laborales dignas: bajos salarios, jornadas extenuantes y escasa protección frente a riesgos psicosociales.
Aunque en el Congreso se aplauden las reformas como un paso hacia un sistema “más humano, justo y eficiente”, lo cierto es que sin recursos suficientes, programas preventivos efectivos y seguimiento real, los avances podrían quedar como promesas legislativas.
Participaron en la sesión las diputadas Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, María Candelaria Ochoa Ávalos y Lourdes Celenia Contreras González, así como el diputado Isaías Cortés Berúmen.
Mientras la trata de personas sigue siendo una herida abierta en Jalisco y en todo el país, el Congreso del Estado organizó esta semana un nuevo foro con nombre rimbombante: “La Trata de Personas en México: Legislación, Impartición de Justicia y Políticas Públicas desde el Poder Ejecutivo”. El evento, promovido por la diputada Lourdes Celenia Contreras González, reunió a representantes de los tres poderes, organismos públicos y asociaciones civiles. Sin embargo, una vez más, el discurso volvió a imponerse sobre la acción, y las cifras crudas sobre este crimen continúan sepultadas bajo promesas institucionales.
Contreras González anunció con entusiasmo que presentará una iniciativa de ley para obligar a hoteles y prestadores de alojamiento a registrar a menores de edad y exigir documentación que pruebe el vínculo con sus acompañantes. Una medida que, si bien apunta en la dirección correcta, sabe a poco frente a la magnitud del problema. El sector turístico ha sido señalado por años como espacio de explotación sexual y laboral infantil, pero las inspecciones son escasas, las sanciones simbólicas y la vigilancia, prácticamente inexistente.
En el uso de la voz, la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, apeló a la necesidad de acciones urgentes y transversales, pero no precisó qué iniciativas impulsará desde su posición de liderazgo legislativo ni qué seguimiento se dará a las ya existentes. En cambio, repitió lo que se ha dicho en docenas de foros: que el Estado debe garantizar los derechos humanos y actuar de forma coordinada. El aplauso no faltó, pero tampoco las omisiones.
El magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, hizo un señalamiento clave: la necesidad de sensibilizar a los juzgadores ante las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. Sin embargo, no abordó uno de los puntos más críticos: la revictimización constante en los procesos judiciales, la baja tasa de sentencias condenatorias y la falta de jueces especializados. En el papel, México tiene leyes avanzadas; en la práctica, la justicia sigue siendo un camino tortuoso para quienes han sido explotados.
Las organizaciones civiles y ponentes repitieron lo evidente: hay que fortalecer la educación, fomentar la denuncia, atender a las víctimas y actuar de forma interinstitucional. Pero no hubo una sola evaluación crítica de los programas actuales, ni mención a los recortes presupuestales que han debilitado las áreas de prevención y atención a víctimas en distintas dependencias estatales. Tampoco se habló del papel que juegan autoridades coludidas con redes de trata, ni del silencio institucional frente a denuncias públicas.
El evento se vistió con presencias políticas: diputados como María del Refugio Camarena y Luis Vidrio Martínez, representantes del Sistema DIF y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como algunos regidores del Área Metropolitana de Guadalajara. Pero fuera del auditorio, las víctimas reales siguen esperando refugio, atención médica, oportunidades reales para rehacer su vida y acceso efectivo a la justicia.
En suma, el foro sirvió para la foto, para la nota institucional y para la simulación legislativa de quienes llevan años en el Congreso sin impulsar transformaciones estructurales. Mientras tanto, niñas, niños, mujeres y migrantes siguen desapareciendo sin dejar rastro, y quienes logran sobrevivir son abandonados por un sistema que los obliga a revivir el horror en cada ventanilla.
La trata de personas es el crimen invisible del siglo XXI: se disfraza de normalidad, se esconde tras complicidades institucionales y se alimenta de discursos vacíos. Por eso, cuando las autoridades convocan a un foro más, sin comprometer presupuestos, sin garantizar resultados, y sin reconocer su propia omisión, no están combatiendo la trata: están administrando el silencio.
