Otro convenio de escritorio: Congreso simula tecnificación fiscal con firma protocolaria
En un acto protocolario cargado de discursos bien intencionados y promesas de eficiencia fiscal, el Congreso del Estado firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), con el supuesto objetivo de “profesionalizar y tecnificar” el trabajo legislativo en materia hacendaria.
La presidenta de la Mesa Directiva, Marta Estela Arizmendi Fombona, abrió la ceremonia con una frase que más parece consigna de campaña que diagnóstico técnico: “La política fiscal no es una cuestión de números, sino una de justicia y equilibrio territorial”. Sin embargo, poco o nada se dijo sobre cómo esa justicia se materializará en leyes efectivas, menos aún en una distribución equitativa del gasto público o en una fiscalización rigurosa del uso de los recursos.
Por su parte, la diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, quien impulsó la firma del convenio, afirmó que el acuerdo permitirá dar un “acompañamiento técnico” al trabajo de la Comisión de Hacienda, y que esto podría traducirse en “impactos positivos para la comunidad”. No obstante, la falta de compromisos concretos, cronogramas de implementación o mecanismos de evaluación deja en el aire la pregunta sobre qué tan sustantiva será esta colaboración más allá del acto simbólico.
Al evento asistieron varios actores del sector hacendario, tanto del Congreso como del Ejecutivo estatal, incluyendo al Secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, y al Coordinador General de INDETEC, Gustavo Adolfo Espinoza de los Monteros. Sin embargo, el grueso del discurso se mantuvo en la retórica generalista de “fortalecer finanzas municipales” y “elevar la calidad del debate legislativo”, sin una sola mención a los graves rezagos en materia de recaudación, deuda pública o desigualdad fiscal entre municipios.
Mientras tanto, Jalisco arrastra carencias estructurales en su hacienda pública: municipios con ingresos propios raquíticos, transferencias condicionadas desde el Estado sin reglas claras, y un Congreso que históricamente ha sido más oficina de trámites del Ejecutivo que contrapeso técnico y político.
La pregunta que queda en el aire es si este convenio servirá de algo más que de pretexto para engrosar la lista de eventos institucionales sin resultados verificables. Porque en tiempos donde lo que urge es escrutinio, control y autonomía fiscal municipal, firmar convenios para “tecnificar” sin antes diagnosticar, más que una solución, parece otra evasión.
