La diputada Itzul Barrera presentó este martes, desde el Congreso de Jalisco, el ciclo de Foros por un Proyecto Alternativo de Ciudad, una iniciativa que busca abrir un diálogo directo con la ciudadanía para construir, de forma colectiva, un plan de desarrollo para Guadalajara.
“En la Cuarta Transformación no venimos a gobernar desde escritorios con aire acondicionado. Venimos a escuchar al pueblo, a caminar las calles, a pisar el tianguis y a subirnos al camión. Porque solo quien ama al pueblo lo defiende, y solo con el pueblo se transforma la ciudad”, afirmó.
Los foros estarán integrados por mesas de trabajo temáticas donde participarán vecinos, colectivos, especialistas y organizaciones sociales, con el objetivo de colocar en el centro de la agenda la justicia social, la honestidad y la vida digna.
El esquema contempla 12 ejes: servicios públicos dignos; combate a la desigualdad; oportunidades para juventudes; equidad de género; derechos universales; infraestructura para la vida; combate a la corrupción; cuidado del medio ambiente y protección animal; movilidad humana; vivienda digna y barrios con futuro; seguridad con paz y comunidad; y justicia hídrica.
Barrera adelantó que el resultado no será “una maqueta fría ni un PowerPoint”, sino un proyecto elaborado con las propuestas de la gente. “Vamos a preguntar en cada barrio: ¿Qué te duele, Guadalajara? ¿Y qué sueñas? Porque agua, luz, vivienda, paz y justicia no son privilegios: son derechos”, concluyó.
Durante la más reciente sesión plenaria del Congreso del Estado de Jalisco, presidida por la diputada Marta Arizmendi Fombona, las y los legisladores aprobaron 21 acuerdos legislativos enfocados en temas clave como justicia administrativa, medio ambiente, inclusión, protección animal, atención a víctimas y modernización institucional.
Uno de los puntos más relevantes fue el exhorto dirigido al gobernador del Estado y al titular de la Secretaría de Hacienda Pública, para que entreguen de manera inmediata las placas vehiculares a todas las personas que hayan pagado su refrendo, sin condicionarlas al cumplimiento de la verificación vehicular, en el marco del denominado “paquetazo 3×1”. A su vez, se pidió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública que instruya a la Policía Vial a no aplicar sanciones a quienes estén en este supuesto.
En el mismo tenor de derechos ciudadanos, el Congreso designó a Mercedes Adriana Méndez Cabrera, María del Socorro Piña Montiel y Silvia Patricia López González como representantes de la sociedad civil en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, garantizando pluralidad y enfoque de derechos humanos.
En materia de cultura e inclusión, se aprobó institucionalizar un evento anual conmemorativo por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Palacio Legislativo, para visibilizar y celebrar la riqueza cultural, lingüística y social de los pueblos originarios de Jalisco.
El Pleno también dio luz verde al programa “Cero Papel”, con el objetivo de reducir el uso de documentos impresos y migrar hacia esquemas digitales dentro del Poder Legislativo. Además, se autorizó la actualización de la página oficial del Congreso, que incluirá un chatbot para facilitar el acceso ciudadano a trámites y servicios.
En otro frente, se exhortó al Ayuntamiento de Puerto Vallarta a establecer de forma permanente una Vía RecreActiva dominical para promover actividades deportivas, recreativas y culturales. Asimismo, se solicitó dar mantenimiento urgente a la alberca olímpica “La Bobadilla”, en Zapopan, para evitar criaderos del mosquito transmisor del dengue.
El Congreso hizo un llamado a los 125 municipios del estado a regular la ocupación de banquetas por parte del comercio, a fin de garantizar el libre tránsito peatonal, y a reforzar operativos que aseguren el uso adecuado de vialidades y bienes públicos. También se les exhortó a actualizar sus respectivos Atlas Municipales de Riesgo como medida preventiva.
Se solicitó además a los tres niveles de gobierno coordinar acciones para prevenir el desbordamiento del arroyo El Seco —que atraviesa Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco—, así como intervenir en el saneamiento y vigilancia del arroyo “Río Blanco” en Zapopan.
En el ámbito económico y social, se aprobó un exhorto para que el Presupuesto estatal de 2026 contemple un programa de apoyos al equipamiento agropecuario, en beneficio del campo jalisciense. También se pidió al Ejecutivo estatal instalar el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se exhortó al Congreso de la Unión a garantizar en la reforma al artículo 123 constitucional una pensión justa, que no sea inferior al salario mínimo.
Como parte de la estrategia de modernización legislativa, se avaló la firma de un convenio con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco. Finalmente, se autorizó el traslado transitorio del Recinto Legislativo al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara para celebrar una Sesión Solemne con motivo del Centenario de la Refundación de la UdeG, el próximo 29 de septiembre de 2025.
Este lunes 14 de julio, la diputada Itzul Barrera Rodríguez presentó una iniciativa legislativa para eliminar el actual sistema de verificación vehicular y sustituirlo por un nuevo modelo denominado Afinación Ciudadana Obligatoria, propuesta que pretende dar respuesta a las múltiples quejas ciudadanas sobre los altos costos, la falta de efectividad y la concesión del servicio a una empresa extranjera.
Durante el acto, realizado en el Patio Central del Congreso de Jalisco, Barrera estuvo acompañada por diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena y de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, así como por integrantes de colectivos ambientales, ciudadanos y compañeros del activista asesinado Alejandro Gobel, impulsor de la causa.
“La verificación vehicular ha sido un negocio más que una política ambiental. Hoy proponemos un modelo justo, eficaz y basado en la corresponsabilidad ciudadana”, afirmó la legisladora.
De la recaudación a la participación
La propuesta plantea reemplazar el esquema actual —operado por la empresa estadounidense Worldwide Environmental Products (WEP) mediante un contrato de más de 7 mil millones de pesos— por un sistema basado en afinaciones técnicas obligatorias, realizadas en talleres mecánicos certificados por el Estado.
El nuevo modelo contempla:
Eliminar cobros excesivos y discrecionales.
Incentivar la economía local mediante empleo en talleres autorizados.
Establecer auditorías, bitácoras y control estatal.
Reconocer la afinación como herramienta técnica real para reducir emisiones contaminantes.
Ofrecer incentivos por cumplimiento anticipado.
Revisar la legalidad y viabilidad del contrato con WEP.
La iniciativa recoge el trabajo ciudadano realizado durante años por Gobel y su asociación “Afinación sí, Verificación no”, y representa una alternativa que —según Barrera— emana directamente del pueblo.
Un homenaje convertido en iniciativa
En su intervención, la legisladora dedicó la propuesta a Alejandro Gobel, activista ambiental asesinado por su labor de denuncia y organización social contra el actual modelo de verificación:
“Hoy esta causa llega al Congreso, y con ella, también la memoria de Alejandro. Su lucha no fue en vano”, expresó visiblemente conmovida.
Respaldo legislativo y exigencia ciudadana
Durante la presentación, varios legisladores manifestaron su respaldo. Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador de Morena en el Congreso, afirmó que es momento de responder al reclamo popular con una propuesta viable y ética. “No se trata solo de política, se trata de justicia social y ambiental”, dijo.
Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Hagamos, subrayó que el medio ambiente no debe ser una concesión ni un negocio: “El actual sistema criminaliza la pobreza. Esta propuesta plantea soluciones técnicas sin excluir a quienes menos tienen”, puntualizó.
Tonantzin Cárdenas, presidenta del grupo parlamentario de Futuro, se sumó al respaldo destacando el trabajo de los colectivos ciudadanos. “No hay política ambiental válida si no pone al pueblo en el centro”, declaró.
Reivindicación colectiva
Representantes de organizaciones ciudadanas y ambientalistas señalaron que la iniciativa presentada por Gobel en la legislatura anterior, respaldada por más de 6 mil firmas, fue ignorada. Ahora, con este nuevo impulso, esperan que el Congreso escuche.
“No pedimos favores. Exigimos políticas públicas que no se usen para recaudar, sino para sanar el aire que respiramos”, denunciaron.
Una nueva etapa para la política ambiental
La propuesta de Afinación Ciudadana Obligatoria será turnada a comisiones para su análisis, pero ya logró abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el derecho a un medio ambiente sano y el papel del Estado en su garantía.
“Sí se puede cuidar el medio ambiente sin castigar a los de abajo. Aquí estamos: con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, concluyó Barrera.
Hay silencios que se imponen con castigos. Y hay gritos que se apagan con garrotes. Hace 15 días, Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, cometió el “pecado” de tener rabia. No era institucional, no era partidaria. Era una rabia íntima, personal, visceral, nacida del dolor al ver las redadas contra migrantes en Estados Unidos. Respondió con una imagen simbólica y una frase cargada: “Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.
¿Ruda? Sí. ¿Vulgar? Quizá. ¿Violenta? No. Lo violento es separar familias, subir niños a jaulas, y aplicar la ley del miedo desde Washington hasta Chiapas. Lo violento fue lo que Melissa denunció. Pero a la política le gusta más la forma que el fondo, y por eso la dejaron sola.
Luisa María Alcalde miró hacia el techo. Claudia Sheinbaum calló. Y Pablo Lemus —sin deberla ni temerla— aprovechó el vacío para marcar distancia. Todos corrieron a deslindarse como si el fuego de una publicación pudiese extenderse hasta sus trajes de seda. Como si Melissa fuera un riesgo electoral. Como si no supieran que Melissa no hablaba por Morena, sino por ella misma.
Entonces apareció él: Christopher Landau, el virrey trumpista, diplomático jubilado y resucitado por el Departamento de Estado, quien decidió dar una lección ejemplar: “Personalmente ordené cancelar su visa”, dijo, como quien expulsa a un enemigo del Imperio. El tono no fue el de un funcionario: fue el de un amo molesto. El mensaje no fue para Melissa: fue para todos los que se atrevan a levantar la voz por los migrantes. “Así les irá”.
Y, claro, los medios afines tomaron nota. Pero no para defender a Melissa. Lo hicieron para exhibirla, repetir su tuit fuera de contexto, reventar su lenguaje sin mencionar su dolor. No se preguntó qué dijo, sino cómo lo dijo. No se analizó su fondo, sino su forma. Y así, la crítica al poder se convirtió en pretexto para aplaudir la censura.
Ahora, dos semanas después, la cacería mediática se reactivó. Esta vez, el blanco fue la diputada Itzul Barrera, justo el día en que presentó una ley integral en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En vez de preguntarle por su propuesta, la asediaron por el tuit de otra mujer. Y el más insistente fue el reportero Martín Aquino, del diario MURAL, quien pareciera tener un encargo más que una duda.
Melissa estuvo a unos metros del reportero, pero, decidió ignorarla y enfocarse en la diputada que días antes ya había perseguido buscando una declaración: Itzul Barrera.
Así, por medio del ‘chacaleo’, un grupo de reporteros cercó a la diputada morenista cuando terminó su presentación.
Aquino no buscaba respuestas, buscaba un tropiezo. Increpó, interrumpió, repreguntó. Insinuó que Melissa debía ser castigada, que Morena debía alinearse, que una diputada debía convertirse en policía del pensamiento de su equipo. El mensaje era claro: “¿De qué lado estás, Itzul?” No era entrevista: era una celada.
Pero Barrera no cayó. Respondió con firmeza: que no se puede auditar la conciencia ajena; que la libertad de expresión no caduca los domingos; que pensar distinto no es motivo de despido. Aclaró que Melissa en su desempeño ha sido impecable, y que en Morena —al menos en el que ella cree— no se castiga la disidencia. ¿Demasiado sensato para una rueda de prensa montada como emboscada?
Lo más preocupante no fueron las preguntas, sino el contexto. El silencio cómplice de otros reporteros. La omisión de los ejes de la ley que se presentó. El foco puesto en el escándalo, no en el contenido. Otra vez: la indignación legítima de una mujer quedó reducida a carne para chacaleo.
¿Quién gana con esta operación? La derecha disfrazada de pluralismo. La diplomacia que prefiere el orden a la justicia. Los medios que no preguntan para informar, sino para empujar agendas.
Melissa Cornejo no es una amenaza. Es un espejo. Refleja la incomodidad de una izquierda que aún teme a su propia rabia. Que prefiere la tibieza al conflicto. Que huye del costo de la solidaridad. Pero también encarna algo más: la dignidad de no quedarse callada.
Y si eso incomoda a embajadores, presidentas o reporteros en guardia, tal vez sea porque están demasiado cómodos en su propia sumisión.
Melissa no necesitaba una visa. Necesitaba respaldo.
Guadalajara atraviesa una grave crisis de seguridad, marcada por desapariciones, violencia y la falta de respuesta del gobierno municipal, lo que ha generado indignación en la ciudadanía. La diputada local Itzul Barrera, representante del distrito 9, denunció la omisión y la insensibilidad de las autoridades frente a esta emergencia.
“Como ustedes, me encuentro profundamente decepcionada por la omisión y la falta de interés del gobierno municipal en materia de seguridad. No solo han ignorado la crisis, sino que ni siquiera la reconocen. Lo más alarmante es su insensibilidad hacia las familias de personas desaparecidas, quienes, en busca de justicia, deben desenterrar con sus propias manos a sus seres queridos”, declaró la legisladora.
Los datos reflejan la gravedad de la situación: en 2024, 16 de las colonias con más reportes de desapariciones en el Área Metropolitana de Guadalajara se encuentran en este municipio, destacando zonas como Oblatos, el Centro y Echeverría. Además, Jalisco sigue consolidándose como uno de los estados más violentos del país. Tan solo el 12 de enero, se registraron siete homicidios en un solo día.
Ante este panorama, Barrera cuestionó la actuación del gobierno municipal: “¿Dónde está el gobierno de Movimiento Ciudadano? La inseguridad está fuera de control y las víctimas siguen aumentando, mientras se gastan millones en propaganda que no se traduce en resultados para la ciudadanía”.
La diputada reafirmó su compromiso con la seguridad y la justicia, exigiendo respuestas y acciones concretas ante el abandono institucional. Guadalajara no merece vivir con miedo ni un gobierno que abandona a las víctimas y a sus familias. La exigencia es clara: se requieren medidas inmediatas y efectivas para devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
