Este mediodía, las comisiones legislativas de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, así como de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco, aprobaron el dictamen de la iniciativa de la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven con Espectro Autista del Estado de Jalisco, un nuevo marco normativo orientado a garantizar el ejercicio pleno de derechos y fortalecer la atención integral para este sector de la población.
El dictamen, que será presentado al Pleno del Congreso, contempla herramientas clave como la creación de un Registro Estatal de Personas con Espectro Autista y la consolidación de una Red Estatal de Centros, con el objetivo de asegurar atención pública, integral y de primer nivel en las distintas regiones del estado.
La propuesta es resultado de un proceso de análisis y dictaminación que incorporó aportaciones de mesas de trabajo y ejercicios de escucha en los que participaron cerca de un centenar de personas, entre familias, personas cuidadoras, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de construir una ley alineada a las necesidades reales de quienes viven con esta condición en Jalisco.
Durante la sesión, la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones e impulsora de la iniciativa, explicó que la nueva ley responde a una demanda histórica de las familias y de la sociedad civil organizada. Subrayó que su construcción se sustentó en un ejercicio de parlamento abierto que permitió incorporar la experiencia directa de quienes enfrentan esta realidad de manera cotidiana.
La legisladora advirtió sobre la magnitud del reto que enfrenta la entidad, al señalar que existe un registro inicial de al menos 83 mil familias que viven con esta condición, y destacó que una de las principales barreras es el acceso al diagnóstico, cuyos costos representan una carga económica que limita la atención oportuna.
Magaña enfatizó que el dictamen implica un cambio de enfoque sustantivo al dejar atrás la visión del autismo como una enfermedad y reconocerlo como una condición del neurodesarrollo, lo que obliga al Estado a diseñar políticas públicas transversales que garanticen la inclusión y el respeto a los derechos de las personas en el espectro. Detalló que la ley se integra por siete títulos y 54 artículos, con capítulos específicos en salud, educación, inclusión laboral, cultura, acceso a la justicia y apoyos sociales, que permiten una atención integral a lo largo de todas las etapas de la vida.
Por su parte, la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, destacó que el dictamen aprobado incorpora mecanismos que dan viabilidad a la implementación de la ley, al establecer instrumentos como la Red Estatal de Centros Regionales y recursos para atención especializada, sentando las bases para una aplicación progresiva y sostenida.
La legisladora señaló que este marco jurídico tiene un enfoque de derechos, de no discriminación y de autonomía para las personas con neurodivergencias, y que garantiza un acompañamiento especializado en ámbitos como salud, educación, transporte y acceso a la justicia. Uno de los pilares del dictamen, añadió, es la expansión de la infraestructura fuera de la zona metropolitana.
Cárdenas aseguró que la ley contará con recursos para su ejecución, al precisar que ya existe un presupuesto base para la conclusión del centro en Lagos de Moreno, así como proyecciones para nuevos centros regionales. Subrayó también la relevancia del Registro Estatal como herramienta para una planeación presupuestaria eficiente, basada en datos reales y no en estimaciones.
Finalmente, destacó que la ley pone especial énfasis en eliminar las barreras que impiden el desarrollo pleno desde la infancia hasta la vida adulta, incluyendo la figura de monitores en escuelas y programas de inclusión laboral.
A la sesión asistieron 11 diputadas y diputados de las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, Futuro, PAN y PRI, además de activistas, asociaciones civiles, familias y personas que viven con espectro autista.
Con la aprobación del dictamen en comisiones, la iniciativa continuará su proceso legislativo para ser turnada al Pleno del Congreso del Estado, donde se dará lectura y se someterá a discusión para su eventual votación.
La diputada de Morena, Itzul Barrera, presentó ante el Congreso de Jalisco una iniciativa de reforma a la Ley del Agua para el Estado y sus Municipios, con el objetivo de rescatar al SIAPA y garantizar el acceso equitativo al agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“En Guadalajara, el agua llega sucia o simplemente no llega. Y aun así, la cobran”, denunció la legisladora en tribuna, al señalar que el organismo operador del agua se encuentra colapsado: más de un tercio del recurso se pierde en fugas, existen tuberías con más de un siglo de antigüedad, el líquido no cumple con las normas oficiales y el 90 por ciento de las familias dependen de garrafones para su consumo.
Barrera criticó que, mientras persisten estas carencias, el SIAPA mantiene nóminas infladas y deudas millonarias, dejando en abandono a la ciudadanía. “En cada colonia, la gente me pide lo mismo: Itzul, ayúdanos con el agua. No es justo pagar un servicio que no llega o que llega sucio”, expresó.
Los puntos de la iniciativa
La propuesta legislativa contempla cambios profundos en el modelo de gestión del organismo:
Descuentos permanentes a adultos mayores y personas con discapacidad.
Tarifas justas y subsidios para familias de bajos ingresos.
Derecho a no pagar cuando el agua no llegue o llegue contaminada.
Borrón y cuenta nueva para usuarios con deudas impagables.
Rendición de cuentas y auditorías ciudadanas como mecanismo de control.
Para la diputada, el agua no debe tratarse como un privilegio ni como un negocio controlado por unos cuantos. “Defendemos el agua porque defendemos la dignidad. El agua no puede seguir siendo un negocio de unos cuantos. Mientras estemos en este Congreso, vamos a pelear cada día para que el agua vuelva a ser de la gente”, concluyó.
Con esta iniciativa, Barrera busca abrir un debate de fondo sobre la crisis del agua en Guadalajara, donde la escasez, la mala calidad del servicio y las tarifas desproporcionadas se han convertido en una de las principales quejas sociales.
Con el objetivo de prevenir la normalización de conductas delictivas a través de expresiones musicales en eventos masivos, la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen que reforma el artículo 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. Las modificaciones, promovidas por la diputada Itzul Barrera Rodríguez, establecen que los ayuntamientos serán corresponsables de evitar la difusión de contenidos musicales que inciten a la violencia o hagan apología del delito en espacios públicos.
La propuesta fue integrada por tres iniciativas distintas, que se analizaron en conjunto. De acuerdo con la diputada Barrera, la finalidad no es intervenir en lo que las personas escuchen de forma privada, sino regular los contenidos que se presentan en ferias, festivales, plazas y demás eventos recreativos organizados o autorizados por los gobiernos municipales.
“El enfoque es preventivo. Se trata de establecer mecanismos que ayuden a construir entornos más seguros y con mensajes que fortalezcan una cultura de paz”, señaló la legisladora al presentar el dictamen.
Entre los principales puntos de la reforma destaca que, de ser aprobada por el Pleno, se turnará a los municipios para su aplicación directa. Esto implicará que los ayuntamientos tengan la obligación legal de supervisar los contenidos artísticos y musicales que se difundan en espacios públicos bajo su administración.
Las modificaciones responden a una preocupación ciudadana creciente por el impacto que ciertos contenidos musicales —como algunos géneros que glorifican el crimen, las armas o el narcotráfico— pueden tener en la percepción social de la violencia, especialmente entre jóvenes.
Con esta reforma, se pretende reforzar el papel preventivo de los gobiernos locales en materia de seguridad y convivencia social. Además, se busca que las autoridades municipales establezcan criterios y protocolos para vigilar el tipo de contenidos que se promueven durante actividades públicas financiadas o avaladas por el erario.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso para su votación final. En caso de ser aprobado, cada ayuntamiento deberá adecuar su normativa y operatividad a las nuevas disposiciones.
Con 7 votos a favor y 4 en contra, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que autoriza un incremento del 9.65% en las tarifas del agua para 2025, una decisión que, aunque se presenta como “matizada” frente a la propuesta original del SIAPA (12.7%), sigue generando cuestionamientos sobre su pertinencia, legitimidad y, sobre todo, eficacia.
Presidida por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, la comisión avaló el resolutivo tarifario tras meses de trabajo técnico y político, comparecencias con funcionarios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y mesas de diálogo multipartidistas. No obstante, el consenso no fue unánime: Morena, PRI, Futuro y el diputado independiente Alejandro Puerto votaron en contra al considerar que no existen condiciones técnicas, sociales ni éticas para justificar el aumento.
¿Pagar más por menos?
La paradoja es evidente: se autoriza un alza en las tarifas a pesar de que el propio dictamen reconoce las deficiencias históricas del SIAPA. De hecho, se plantean descuentos a usuarios de al menos 30 colonias donde, oficialmente, el servicio es deficiente. Es decir, el Congreso admite que hay agua turbia, cortes prolongados, infraestructura obsoleta y mala gestión… pero aun así avala cobrar más.
Los defensores del incremento —como el diputado Tonatiuh Bravo de Hagamos— justificaron su voto a favor asegurando que el nuevo dictamen obliga al SIAPA a entregar un “Plan de Acción Integral” con metas, indicadores y seguimiento trimestral, además de someterse a una auditoría externa. Sin embargo, estos compromisos suenan más a promesas tardías que a soluciones concretas. ¿Por qué no se exigió primero el cumplimiento de estos mecanismos de control antes de aprobar un alza tarifaria?
Argumentos encontrados, viejos problemas
El bloque opositor, encabezado por Itzul Barrera (Morena), Refugio Camarena (PRI), Tonantzin Cárdenas (Futuro) y Alejandro Puerto, fue claro: el incremento es injustificado mientras no se resuelvan las fallas estructurales del sistema. Coincidieron en que el SIAPA no ha demostrado una mínima capacidad de mejora operativa y que, lejos de ser una decisión técnica, el dictamen responde a una lógica recaudatoria disfrazada de planeación.
Y es que, aunque se presume como una actualización “responsable” —según los discursos de Movimiento Ciudadano y sus aliados—, la decisión parece estar motivada más por urgencias presupuestales que por un compromiso genuino con los derechos de los usuarios.
Votaron a favor del incremento las diputadas Gabriela Cárdenas, Adriana Medina, Mónica Magaña, José Luis Tostado de Movimiento Ciudadano, la panista Claudia Murguía, Tonatiuh Bravo Hagamos y el Guadalupe Buenrostro del Partido Verde.
Cuotas y desconfianza
Con el aumento aprobado, la cuota de administración para uso habitacional subirá a $83.67 pesos, en lugar de los $85.85 propuestos originalmente. Es un ajuste menor, pero simbólicamente contradictorio: se busca contener el descontento ciudadano con centavos mientras se sigue postergando la transformación de fondo del SIAPA.
La desconfianza hacia el organismo operador del agua no es nueva. Años de opacidad, desvío de recursos, obras inconclusas y omisiones sistemáticas han minado cualquier intento de legitimar sus decisiones técnicas. Por eso, prometer un plan, una auditoría o un informe trimestral ya no basta: lo que la ciudadanía exige son resultados tangibles, agua limpia y presión suficiente, no comunicados optimistas ni sesiones legislativas maquilladas.
¿Y el pleno?
El dictamen aún debe pasar por el Pleno del Congreso estatal en sesión programada para este jueves. Si bien la correlación de fuerzas anticipa su aprobación, el costo político no será menor. Con este aval, el Congreso de Jalisco no solo asume la defensa de una medida impopular, sino que se convierte, de facto, en cómplice de un modelo de gestión del agua que ha fallado una y otra vez.
Incrementar tarifas sin haber saneado al SIAPA es un mensaje peligroso: en Jalisco, se puede premiar la ineficiencia con más recursos. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se vuelve, año tras año, una carga económica para quienes menos tienen y más padecen las consecuencias del abandono institucional.
Hay silencios que se imponen con castigos. Y hay gritos que se apagan con garrotes. Hace 15 días, Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, cometió el “pecado” de tener rabia. No era institucional, no era partidaria. Era una rabia íntima, personal, visceral, nacida del dolor al ver las redadas contra migrantes en Estados Unidos. Respondió con una imagen simbólica y una frase cargada: “Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.
¿Ruda? Sí. ¿Vulgar? Quizá. ¿Violenta? No. Lo violento es separar familias, subir niños a jaulas, y aplicar la ley del miedo desde Washington hasta Chiapas. Lo violento fue lo que Melissa denunció. Pero a la política le gusta más la forma que el fondo, y por eso la dejaron sola.
Luisa María Alcalde miró hacia el techo. Claudia Sheinbaum calló. Y Pablo Lemus —sin deberla ni temerla— aprovechó el vacío para marcar distancia. Todos corrieron a deslindarse como si el fuego de una publicación pudiese extenderse hasta sus trajes de seda. Como si Melissa fuera un riesgo electoral. Como si no supieran que Melissa no hablaba por Morena, sino por ella misma.
Entonces apareció él: Christopher Landau, el virrey trumpista, diplomático jubilado y resucitado por el Departamento de Estado, quien decidió dar una lección ejemplar: “Personalmente ordené cancelar su visa”, dijo, como quien expulsa a un enemigo del Imperio. El tono no fue el de un funcionario: fue el de un amo molesto. El mensaje no fue para Melissa: fue para todos los que se atrevan a levantar la voz por los migrantes. “Así les irá”.
Y, claro, los medios afines tomaron nota. Pero no para defender a Melissa. Lo hicieron para exhibirla, repetir su tuit fuera de contexto, reventar su lenguaje sin mencionar su dolor. No se preguntó qué dijo, sino cómo lo dijo. No se analizó su fondo, sino su forma. Y así, la crítica al poder se convirtió en pretexto para aplaudir la censura.
Ahora, dos semanas después, la cacería mediática se reactivó. Esta vez, el blanco fue la diputada Itzul Barrera, justo el día en que presentó una ley integral en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En vez de preguntarle por su propuesta, la asediaron por el tuit de otra mujer. Y el más insistente fue el reportero Martín Aquino, del diario MURAL, quien pareciera tener un encargo más que una duda.
Melissa estuvo a unos metros del reportero, pero, decidió ignorarla y enfocarse en la diputada que días antes ya había perseguido buscando una declaración: Itzul Barrera.
Así, por medio del ‘chacaleo’, un grupo de reporteros cercó a la diputada morenista cuando terminó su presentación.
Aquino no buscaba respuestas, buscaba un tropiezo. Increpó, interrumpió, repreguntó. Insinuó que Melissa debía ser castigada, que Morena debía alinearse, que una diputada debía convertirse en policía del pensamiento de su equipo. El mensaje era claro: “¿De qué lado estás, Itzul?” No era entrevista: era una celada.
Pero Barrera no cayó. Respondió con firmeza: que no se puede auditar la conciencia ajena; que la libertad de expresión no caduca los domingos; que pensar distinto no es motivo de despido. Aclaró que Melissa en su desempeño ha sido impecable, y que en Morena —al menos en el que ella cree— no se castiga la disidencia. ¿Demasiado sensato para una rueda de prensa montada como emboscada?
Lo más preocupante no fueron las preguntas, sino el contexto. El silencio cómplice de otros reporteros. La omisión de los ejes de la ley que se presentó. El foco puesto en el escándalo, no en el contenido. Otra vez: la indignación legítima de una mujer quedó reducida a carne para chacaleo.
¿Quién gana con esta operación? La derecha disfrazada de pluralismo. La diplomacia que prefiere el orden a la justicia. Los medios que no preguntan para informar, sino para empujar agendas.
Melissa Cornejo no es una amenaza. Es un espejo. Refleja la incomodidad de una izquierda que aún teme a su propia rabia. Que prefiere la tibieza al conflicto. Que huye del costo de la solidaridad. Pero también encarna algo más: la dignidad de no quedarse callada.
Y si eso incomoda a embajadores, presidentas o reporteros en guardia, tal vez sea porque están demasiado cómodos en su propia sumisión.
Melissa no necesitaba una visa. Necesitaba respaldo.
