Cooperativas al Estado: una buena intención sin ruta clara ni garantías reales
Con un discurso que apela a la justicia económica, la sostenibilidad y el retorno del dinero público al pueblo, las diputadas Tonantzin Cárdenas Méndez y Valeria Ávila Gutiérrez presentaron una iniciativa para que las cooperativas puedan integrarse como proveedoras del Gobierno del Estado a través de procesos de compras públicas. Sin embargo, la propuesta, aunque loable en sus intenciones, carece —hasta ahora— de un plan claro de implementación y enfrenta múltiples obstáculos legales, administrativos y estructurales.
En rueda de prensa, las legisladoras enmarcaron la iniciativa como un giro hacia una economía solidaria. “El dinero público debe estar al servicio de la gente”, dijo Cárdenas, quien insistió en que se debe reivindicar el trabajo colectivo por encima del modelo empresarial dominante. Citó que en Jalisco existen más de 1,500 cooperativas registradas, aunque no precisó cuántas de ellas tienen capacidad operativa, solvencia fiscal o experiencia previa para cumplir con los requisitos que implican las contrataciones públicas estatales.
Por su parte, Ávila Gutiérrez sostuvo que muchas cooperativas han resistido desde el ámbito privado sin poder acceder al aparato institucional. No obstante, la iniciativa presentada no aclara cómo el Estado garantizaría procesos justos, sin discrecionalidad, para seleccionar entre proveedores cooperativistas y empresas convencionales, ni qué reformas secundarias serían necesarias para evitar que esta política se convierta en letra muerta.
Más allá del discurso progresista, la propuesta se enfrenta a una realidad burocrática compleja: los procesos de compras públicas están regidos por normativas estrictas de competencia, transparencia y eficiencia, que podrían colisionar con las capacidades técnicas, administrativas o logísticas de muchas cooperativas de base. Tampoco se ha dicho si se prevén apoyos específicos, capacitación o fondos de transición para fortalecer al sector cooperativo antes de lanzarlo a competir por contratos públicos.
Además, no se abordaron aspectos clave como los mecanismos de verificación, criterios diferenciados o instrumentos legales que garanticen la transparencia en la adjudicación de contratos a cooperativas, sin caer en favoritismos o simulaciones. El riesgo es que, sin un marco sólido, esta buena intención se utilice como herramienta clientelar o como argumento político más que como una política pública efectiva.
Si bien las diputadas aseguran que la iniciativa será turnada a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis, tampoco se precisó un calendario, ni se mencionó si ya cuentan con respaldo técnico de la administración estatal o aliados parlamentarios suficientes para que prospere en el Pleno.
En resumen, se trata de una propuesta con potencial, pero también con vacíos importantes. Promover el cooperativismo es necesario, pero integrarlo al aparato estatal requiere mucho más que discursos inspiradores: exige voluntad política sostenida, reingeniería normativa y un compromiso real con la transparencia y la equidad. Mientras eso no se garantice, el anuncio de hoy corre el riesgo de sumarse a la larga lista de buenas intenciones que nunca se convierten en políticas transformadoras.
